Poco antes del verano pasado una juez de lo penal absolvió al exalcalde Cámara, a Joaquín Peñalver, arquitecto, y a Pedro Morillas, jurista, estos dos últimos altos funcionarios del ayuntamiento de Murcia. Llevaban siendo investigados en secreto desde 2008 y perseguidos formalmente desde 2010. Peñalver mantiene muy a su pesar la condición de perseguido (ya diez años), lo que lo convierte en perseguido profesional. Pedro Morillas se jubiló con la amargura de haber sido encausado después de una trayectoria funcionarial a la que nadie pudo poner tacha. En el turno de última palabra dejó entrever toda la amargura que le había supuesto esa injusta persecución. También Peñalver se explayó al respecto, pero donde estuvo sembrado fue cuando al fiscal anticorrupción (el afamado miniyó) le soltó durante el juicio, mirándolo a los ojos, «no sé por qué están aquí los demás pero yo sí sé que estoy porque presenté una querella contra usted». Hoy, como los demás, ha resultado absuelto.

Miniyó, siguiendo consignas del luego cesado y sustituido fiscal jefe, recurrió la absolución tachando de nula la sentencia, prolongando así la persecución unos meses dado que ¿a él qué más le da? Le pagan lo mismo y al final le darán una raimunda de consolación, si no se la han dado ya, por haber sostenido una acusación que no ha conducido más que al despilfarro de recursos públicos y al descrédito de la fiscalía y de la Justicia. Pero eso a él no le importa, y menos a quien estuvo siempre detrás de él, dirigiendo el despropósito.

Hace apenas una semana supimos que Juan Antonio Megías dejaba de ser perseguido, por orden de la Audiencia Provincial. Recuerdo la faena de muleta que le hizo al miniyó, mirando al tendido, sin despeinarse, mientras el otro lo interrogaba intentando enredarlo en manejos turbios con la restauración del Casino. Quería que le dijera si el ingeniero/arquitecto de la obra había cobrado mucho; Megías contestó que de eso no sabía pero sí había aprendido a distinguir cuándo un funcionario se ganaba el sueldo. Luego lo imputaron y hasta hace unos días no ha quedado libre de sospecha.

Esta semana hemos sabido que J. Hernández, quien fuera alcalde de San Javier, ha sido absuelto tras haberlo perseguido con verdadera saña el mismo miniyó desde hace quince años. Quince años imputado, traído y llevado en los medios, bajo sospecha de ser un mal ciudadano (como los anteriores) y al cabo le dicen que no era tal. Ni una disculpa, mucho menos una indemnización y un cese, que es lo que harían en un país civilizado: indemnizar a la víctima y cesar a los autores de semejante desmán, que como mínimo son dos: un fiscal y un juez. Pero nosotros vivimos en la tradición de Billy el Niño, aquel policía que cuanto más torturaba más lo ascendían y condecoraban.

¿No es una forma sutil de tortura la persecución injusta? ¿Saben lo que eso significa en la trayectoria familiar y profesional del que la sufre? ¿Saben de los trabajos que se niegan a esposas, hijos, hermanos? por compartir apellido? Y el grifo no cesaba de gotear. Conectado miniyó con ciertos medios, de vez rescataba noticias añejas con tal de mantener vivo el recuerdo de lo corruptos que eran los por él injustamente acusados y ahora absueltos.

La absolución de Cámara, Peñalver y Morillas tiene más enjundia porque al hilo de su persecución se propagó por Murcia y pedanías una auténtica neurosis de renta, enfermedad mental de quien se convence de que la Justicia le ha de dar una indemnización enorme sin reparar en que su pleito es minúsculo, infundado, fatuo. Eran más de seiscientos millones de euros los que le iban a entrar al Ayuntamiento capitalino pues tal era la cifra en que los acusados, hoy absueltos, habían perjudicado a las arcas municipales. La cifra la echó a rodar la fiscalía y creció, creció y creció. Una vez muerta la mayor, se recrean en un imaginario traslado de cerdos con un coste igual de imaginario obediente a nuevas prevaricaciones. Se entretienen con los cerdos pero en el punto de mira están otros que, al cabo, resultarán absueltos, con seguridad, al menos en lo que a los cerdos atañe. Forma parte del mismo delirio.

A la oposición política se le hacían los ojos dólares de pensar que se cargaban al equipo de gobierno para siempre a la vez que hacían rico riquísimo al Ayuntamiento que inmediatamente gobernarían ellos. Y no sólo eso. Poco antes del verano, casi a la vez que absolvían a Cámara, una concejal de Ahora Murcia volvía a denunciar a los mismos que ya estaban siendo investigados en Umbra desde 2008, y reclamaba con mucha firmeza que se construyera el campo de golf al que se comprometió Samper en su día. Justo lo que Murcia necesitaba: otro campo de golf. ¿Y Fuentes Zorita, con el PSOE detrás, el que aprobó Nueva Condomina tras hacer las cuentas 'a la peseta'? Recibió en pago la no imputación, ni de él ni de los suyos por votar a favor de lo que luego persiguieron en otros. Y hubo más, muchos más tratos de favor a cambio de testimonios y periciales.

Samper murió. Cámara hace tiempo que no es alcalde. No tenemos seiscientos millones para hacer de Murcia una ciudad rica. Tampoco tenemos otro campo de golf. Ni siquiera va a seguir en política la concejal de Ahora Murcia que después de bramar contra el muro y la pasarela, cuando cayó el gobierno de Rajoy empezó a gustarle mucho el muro y la pasarela.

La única constante desde hace quince años es el fiscal miniyó y la mano que mece su cuna, el antiguo fiscal jefe, un tal López, rebautizado Doctor Maligno, padre de la alucinación de los seiscientos millones, los cerdos, etc. Me dicen que está de baja a la espera de jubilarse. Miniyó sigue en activo, perdiendo pleitos a lo largo y ancho de esta Comunidad autónoma y dejando por fin en paz a pacíficos ciudadanos a los que no ha conseguido, de momento, probar nada. Cobra de nuestros impuestos y dice defender la cosa pública con ardor que sería propio de causas justas y no de aquellas que parió la alucinada mente del primitivo urdidor del delirio que abdujo a esta Comunidad y la ha tenido perdiendo el tiempo casi dos décadas.

Habría que preguntar cómo llamamos a un sistema que permite imputaciones de diez o quince años sin consecuencias para los responsables, no de los delitos investigados sino del sostenimiento de tales imputaciones. Pero ya ven cómo está la Justicia, y no sólo la penal. Como para hacerle preguntas sobre responsabilidades.