Las ciudades se enfrentan cada día más a grandes retos y transformaciones urbanísticas por el devenir de la creciente demografía, el dominio de espacios públicos que demandan los vehículos de motor y el incremento de vías seguras para las bicicletas y patinetes, con o sin motor, que se priorizan cada día más anteponiéndolas a la preferente calidad y seguridad de la vida de los ciudadanos. Esto es lo que comenta, como exposición de motivos, la recién creada asociación murciana llamada Coordinadora en Defensa de la Ciudadanía que Anda, iniciada bajo la animación del periodista y escritor Adolfo Fernández Aguilar y a la que nos hemos sumado un grupo variado de personas. Y todo ello en la espera de que sean más las personas que se sumen a esta defensa de los principios y derechos que deben primar en la protección del ciudadano en su calidad de peatón.

La Coordinadora añade que nuevos trazados, como el carril bici, reducen el espacio de las aceras actuales en una circulación desordenada de bicicletas y patinetes que ocasionan frecuentes accidentes y frenan el derecho de andar libremente por las calles de las ciudades, al no ser concebidos los carriles de forma independiente a la acera propiamente dicha. En este sentido, no se fija claramente la prioridad y la protección expresa del peatón, ni se unifican criterios que promuevan la redacción de las distintas Ordenanzas Municipales con una normativa homogénea para todos los Ayuntamientos, ni se prestan los servicios imprescindibles de vigilancia y policía que frenen la creciente anarquía de tal modo que las calles y plazas de las ciudades se han convertido en zonas de auténtico peligro peatonal.

Entre los firmantes del documento se advierte y señalan un conjunto de normas que se agrupan con la denominación de «Decálogo en defensa de la ciudadanía que anda» para que todos los ciudadanos con vocación de servicio público que lo deseen constituyan asociaciones en sus respectivas ciudades, desconectadas de los partidos políticos, para que así, de manera independiente, puedan reclamar, sugerir y proponer, tanto a los Ayuntamientos, como a otras Administraciones públicas, la garantía y defensa prioritaria de los ciudadanos en su deambular por las ciudades frente a los vehículos que en cualquier modalidad puedan suponer una amenaza a su integridad física. En resumen, dicho decálogo indica y normativiza que no son los edificios, ni las vías que vertebran el tráfico de vehículos, los que configuran una ciudad en el más amplio sentido aristotélico, sino los ciudadanos. Con la invasión y la presencia desordenada de bicicletas y patinetes de cualquier modalidad, se está violentando el uso de aceras, paseos y plazas peatonales donde conviven los ciudadanos más débiles, como personas mayores, impedidos y niños, atentando contra su seguridad física, e imposibilitando el principio de que dichos espacios sean lugar de convivencia, comercio y cultura; en la regulación y reordenación de la circulación y tráfico de vehículos por las ciudades, cuya competencia corresponde al Estado y a los Ayuntamientos, debiera considerarse al ciudadano en su calidad de peatón como objetivo prioritario.

En este sentido se añade en el comunicado que sería beneficioso el nacimiento de una corriente ciudadana internacional, ya que estos problemas son comunes a las grandes ciudades; definición y límites de los centros históricos de las ciudades, señalando las calles y bulevares sin aceras y plazas ajardinadas que lo forman, y que siempre fueron habilitadas para el tránsito peatonal. Igualmente otras calles, plazas o zonas, que por su singularidad albergan monumentos, teatros, edificios de carácter histórico, donde concurren muchas personas; es de todo punto incompatible la circulación conjunta por las aceras, tal como están concebidas, de peatones, ciclistas y patinetes porque son antagónicos, ya que con su sola presencia, el peatón queda subordinado e intimidado; los carriles bici instalados hoy en lugares paisajísticos, de naturaleza o al aire libre, son utilizados conjuntamente por ciclistas deportivos que desarrollan grandes velocidades y ciudadanos que pasean o corren como ejercicio físico, son el causante de accidentes y conflictos.

La normativa añade que las bicicletas o patinetes, de cualquier modalidad, deberán estar matriculados, homologados y debidamente autorizados para su circulación por los carriles establecidos por los Ayuntamientos; todo conductor estará obligado a exhibir a la Policía Municipal el oportuno seguro de accidentes...