Estaría feo si no hablara de la huelga de jueces y fiscales prevista para el próximo lunes. Me decía en los pasillos del Palacio de Justicia hace unos días un compañero que a lo mejor sería conveniente aplazar la huelga dada la reciente sentencia dictada por el Pleno de la Sala Tercera (contencioso-administrativa) del Tribunal Supremo. Así que prefiero empezar por esta resolución.
El Tribunal Supremo tiene como misión principal (por ser el último órgano judicial, por encima de él solo está el Tribunal Constitucional, pero solamente para cuestiones que afectan a la Constitución, y más arriba, el Tribunal de la Unión Europea, que de ese mejor ni hablar, después de la reciente sentencia diciendo que Otegui no tuvo un juicio imparcial, ¡venga ya!)) la de unificar doctrina. Es decir, crear seguridad jurídica y mucho me temo que con la reciente sentencia lo que ha creado es inseguridad jurídica.
Vamos por partes. Es lícito y necesario que ese tribunal varíe sus sentencias y, por tanto, cree nueva jurisprudencia. Hasta ahí bien, lo que ya no es tan lógico es que tras una sentencia firme se revoque y se vuelva al criterio anterior. Una vez dicho eso, la verdad es que si el Gobierno se apresura a dictar una Real Decreto Ley (medida que requiere una urgencia, que como en el caso de la tumba de Franco no existe) para reformar la ley, el Tribunal Supremo tiene razón: según la aplicación de la ley serán los usuarios los obligados al pago del impuesto. Con lo fácil que sería decir que se pague a medias entre los bancos y los consumidores o que lo paguen los bancos sin efectos retroactivos. Pero, claro, la ley no lo permite. Así que una cosa es lo que nos pide el cuerpo y otra lo que dijo el legislador.
No por eso, pero hay huelga este lunes. Hay quien dice que los jueces no tenemos derecho a huelga, al ser autoridad. Pero como somos funcionarios a la hora de los recortes de sueldos, creo que sí la tenemos. ¿Cuáles son las cosas que los jueces y fiscales pedimos para que la Justicia sea totalmente independiente? Lo más importante, sin lugar a dudas, es reforzar la independencia judicial, empezando por la forma de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y sobre todo a los del Constitucional, para que no sean los políticos sino los propios jueces quienes los elijan Algo que parece tan obvio no es así. También pedimos la objetivación de los nombramientos de los altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos.
Aquí yo iría más lejos para que sean los propios profesionales de la justicia los que en cada Comunidad Autónoma quienes los elijan. Una tercera petición que clama al cielo es que los Parlamentos autonómicos dejen ya de nombrar a un magistrado para la Sala de lo Civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia (es muy fuerte!). Sigo: Un plan de modernización de la Justicia, a través principalmente de una inversión suficiente y prolongada. La racionalización de la planta judicial; revisión del modelo de oficina judicial; compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional. Y dotar de medios personales y materiales idóneos para desempeñar la función judicial Todo ello en cuanto a los jueces se refiere. Por su parte los fiscales reivindican la supresión del sistema de los plazos máximos de instrucción; la paralización de la implantación de la justicia digital; la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; reforzar la independencia del ministerio fiscal. Y una autonomía presupuestaria para el mismo.
