01 de noviembre de 2018
01.11.2018
La Opinión de Murcia
Espacio abierto

Carta al señor López Miras

31.10.2018 | 21:21
Carta al señor López Miras

Está comprobado: las mujeres no podemos descuidarnos ni un instante en la defensa de los derechos conseguidos a través de la lucha permanente a lo largo de la historia. Está visto que las conquistas sociales NO son irreversibles, y que corremos el continuo riesgo de que, en cualquier momento y de un plumazo, nos devuelvan a las cavernas de donde hemos logrado salir gracias al sufrimiento de muchas mujeres en la sostenida lucha contra la injusticia y el orden establecido. Desde allí, desde la prehistoria hasta la actualidad, hemos padecido una y otra vez furibundos ataques y sufrido retrocesos cuando hemos hecho posible avances en nuestros derechos y libertades, con frecuencia puestos en entredicho por las fuerzas reaccionarias que no descansan y aprovechan cualquier oportunidad, ya sea a través de dictaduras, por crisis sociales o económicas, conflictos bélicos, etc. que proporcionan el caldo de cultivo propicio para arrebatarnos la dignidad alcanzada.

Lo que revela en el fondo esta vulnerabilidad no es otra cosa que la convicción del patriarcado de que todo aquello que hemos conseguido después de mucha lucha y empeño, no es más que una dádiva, una concesión transitoria al albur de la pulsión paternalista tendente a tutelarnos sin nuestro permiso y que, por tanto, por el mero hecho de ser mujeres, merecemos que en cualquier situación adversa seamos las primeras en sufrir las consecuencias.

Esa es la sensación que nos invade al escuchar las palabras del nuestro presidente, López Miras, cuando le oímos decir que el aborto no es un derecho sino un fracaso. ¿Otra vez con el aborto? ¿pero ese debate no había concluido?

Echemos una somera mirada retrospectiva del asunto de la despenalización del aborto en España:

En 1936, en la Segunda República, se alcanzó el derecho al aborto libre en Cataluña bajo mandato del president Tarradellas, al igual que en otras zonas republicanas de la península, con Federica Montseny como ministra de Sanidad, aunque este derecho duró poco, al ser erradicado en los territorios ocupados por el avance de las fuerzas franquitas. Durante la larga y oscura etapa del franquismo, el aborto estaba prohibido y penalizado, las mujeres que tenían la desgracia de tener que recurrir a esta práctica tenían dos opciones: abortar en la clandestinidad, con múltiples riesgos y peligros o, las que se lo podían permitir, desplazarse a países en los que la interrupción del embarazo estaba despenalizada. Hay que recordar que en los años 70 esta práctica llegó a ser calificada de 'turismo abortivo', por lo recurrente que llegó a ser entre las mujeres que disponían de recursos para ello.

En los años 80, con la llegada del PSOE al Gobierno, se promulgó la Ley Orgánica 9/1985 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con la que se daba un primer paso para establecer diferentes plazos para cada uno de los tres supuestos permitidos: riesgo para la mujer, para el feto, y violación. Esta ley supuso un avance apreciable si tenemos en cuenta la situación de la que partíamos. Durante la llamada 'transición' las libertades se fueron conquistando con cuentagotas y no poco esfuerzo, en un vano intento de no hacer demasiado ruido para no provocar a la bestia del fascismo que conspiraba en cada rincón.

El proceso de aprobación de la actual ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo fue largo y conflictivo. Bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con la ministra de Igualdad, Bibiana Aido, se consiguió redactar un texto de plazos que sustituía al anterior de supuestos, similar al establecido en la mayoría de los países europeos. Esta ley fue aprobada en el Congreso por todos los grupos políticos, a excepción de PP y CiU. Durante el proceso, se mantuvo una fuerte descalificación de los promotores y la vida pública se colmó de crispación: en el Parlamento, con un desbocado Partido Popular y extraparlamentariamente por la Conferencia Episcopal, apoyada por la Asociación Provida o el Instituto de Política Familiar, entre otras.

Fue poco después, ya durante el mandato de Mariano Rajoy, cuando Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de justicia, haciéndose eco de la protesta e intentando contentar a los sectores más conservadores de su partido, intentó elaborar una nueva regulación que volvería a la ley de supuestos de 1985 que afortunadamente encontró el rechazo mayoritario de la sociedad española. Las mujeres tomamos la calle con un activismo de una vitalidad sin precedentes en el que se implicaron muchas de las jóvenes generaciones en un movimiento sumamente importante cuya cúspide fue la gran movilización de El Tren de la Libertad, que reunió en Madrid el 1 de febrero de 2014 una multitudinaria manifestación que constituyó el fin de Gallardón como ministro y la consiguiente retirada de su proyecto de Ley.

Tras este fracaso, el Gobierno de Mariano Rajoy, para serenar las voces discrepantes de su propio partido y las de sus votantes más conservadores, en 2015 promovió una modificación de la actual Ley para introducir nuevos requisitos en algunos aspectos de la misma, como no permitir la interrupción voluntaria del embarazo a menores de 16 y 17 años sin el expreso conocimiento y consentimiento paterno.

Nuestro presidente vuelve a la carga con el tema del aborto, parece estar muy preocupado por las mujeres embarazadas que tienen que abortar y, para ayudarlas, tiene la intención de aprobar, lo antes posible, una Ley de Protección Integral de la Familia especialmente centrada en conseguir que ninguna mujer tenga que abortar por motivos económicos. Nos abruma tanta generosidad y deberíamos estar agradecidas nosotras, las feministas, no oponernos con tanta vehemencia a una Ley antes de conocerla, por el mero hecho de tratarse de un dirigente político que comienza a tenernos acostumbradas a eslóganes muy conservadores y retrógrados. Tal vez esa Ley se propone acabar, de una vez por todas, con las altas cifras de pobreza infantil que padece nuestra Región, con los desahucios, con los salarios y pensiones más bajas del país, con la falta de protección de nuestras personas mayores que no tienen garantizada las prestaciones de la Ley de Dependencia. También es posible que esta ley restablezca políticas destinadas a la educación en igualdad en los centros escolares y recupere la asignatura de salud afectivo- sexual; y por qué no, facilite el acceso a métodos anticonceptivos a través de los centros de planificación familiar, y retorne las unidades de interrupción voluntaria de embarazo en los hospitales públicos, algo que no está ocurriendo en la actualidad. Todos lo enumerado sí tienen una repercusión directa en esas familias y en las mujeres que esa Ley pretende proteger.

Si no es así, por favor, señor López Miras, le agradecemos su interés, pero déjenos tranquilas, porque el debate sobre el aborto ya lo hemos cerrado en varias ocasiones en nuestra historia reciente y consideramos que había quedado claro que las mujeres somos ciudadanas responsables, capaces de discernir cuándo y cómo queremos ser madres.

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