Desde que la semana pasada, el Consejo General del Poder Judicial hizo públicos los datos del efecto de la crisis sobre los órganos judiciales en el segundo semestre de este año, señalando a Murcia como la Comunidad donde más habían crecido los desahucios, habiendo alcanzado la cifra de 992, casi diez al día, se han sucedido una serie de acontecimientos que, creo, han servido para dar más luz si cabe al problema de la vivienda en la región.

Inmediatamente, el presidente López Miras salió a repartir culpas: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero callando que la LAU vigente es la que dejó el Gobierno Rajoy en 2013, rebajando la duración de los contratos a tres años, y permitiendo a los caseros subidas desproporcionadas.

Después afirmó: «Hay gente que no quiere pagar». ¡Gentuza que prefiere verse en la calle! Un gran monumento a la estulticia ¿Cree acaso que las subidas salariales y las de los alquileres han ido acompasadas? Ignora el presidente que tras las reformas y recortes del PP tener trabajo no significa salir de la pobreza. ¡Léase el informe de la Red EAPN del martes pasado y comprenderá la situación real de la región! Verá que, gracias a ellos tenemos una de las tasas más altas de pobreza y exclusión de España. También acusó a las ocupaciones, pero éstas son muchas menos de 39.

Por último, miente al afirmar que la ley se está cumpliendo, en relación con la ley 10/2016, y lo desmienten desde su Gobierno ante el Defensor del Pueblo, donde no les ha quedado otra que reconocer que ninguno de los desarrollos reglamentarios y los convenios, imprescindibles ambos para aplicación de la ley se ha llevado a cabo, por lo que López Miras o es consciente de sus mentiras o el PP tendría que retirarlo por incompetente.

Acto seguido, y para trasladar la impresión de que hacen algo contra los desahucios, anuncian ayudas de 400 euros /mes a personas que estén a punto de ser desahuciadas por impago de hipoteca o hayan sido demandadas por impago de alquiler. Bien, en el caso de impago de hipoteca es absurdo, ya que las cuotas suelen ser más altas y, para estar a punto de desahucio, pueden deber al banco un mínimo de 24 cuotas (dos años), la cantidad es insuficiente, y aunque bastara para ponerse al día, si no pueden seguir pagando, en realidad a quien beneficiará la ayuda es al banco.

El miércoles, nuevo varapalo: El Tribunal Constitucional tumba el recurso del Gobierno Rajoy contra la incumplida ley 10/2016 al considerarla plenamente ajustada a la misma. Conviene recordar que la mayor aportación del PP a esta ley fue una enmienda a la totalidad en la que en vez de proponer otro texto a la ley (en eso consiste una enmienda a la totalidad) lo que plantea es que no se tramite.

Es necesario destacar, para desenmascarar las mentiras del PP y de López Miras que, excepto en los dos artículos recurridos, la ley ha estado plenamente vigente, desde los tres meses de su publicación el 16/6/16, y hasta la presentación del recurso. Además, el propio TC levantó la suspensión de uno de los dos artículos en septiembre de 2017 por lo que todo lo demás el Gobierno regional tenía la obligación de aplicarlo. Dice López Miras (y vuelve a mentir) que estos dos años los han aprovechado para elaborar el reglamento, pero la ley le dio un plazo de sólo tres meses para hacerlo ¿A qué se han dedicado los otros veintiún meses?

Debe conocer la ciudadanía murciana, que el anterior consejero de Fomento, Pedro Rivera, constituyó el Consejo de Vivienda, integrado por todos los sectores profesionales y empresariales relacionados con la construcción, más notarios, registradores y bancos, una composición que no deja duda alguna sobre cuáles son sus intereses y permite intuir sus resoluciones.

En la Región de Murcia carecemos de un parque público de vivienda destinado al alquiler y a la vivienda social. La construcción de VPO hace que se construya con dinero público, pero que la vivienda acabe en manos privadas. El consejero Valverde, cuando anuncia su plan de vivienda, destaca que creará 3.000 empleos en la construcción, pero no sabe ni puede decir en qué medida y de qué forma podrá facilitar el acceso a la vivienda. Las ayudas al alquiler se las comen los caseros incrementando en las rentas una parte importante de las mismas, con lo que aumentan los precios. Según el último censo del INE en la región había más 129.000 viviendas vacías, hagan algo para movilizarlas al mercado y provocar una bajada de los precios de alquiler y de compra, por ejemplo. Hagan una ley de tanteo y retracto (como en Andalucía, pero mejor) que permita a la Comunidad y a los Ayuntamientos hacerse con viviendas a buen precio para alquiler y para viviendas sociales?

Vamos a estar muy atentas las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, PAHs a la regulación de esas ayudas de cuatrocientos euros, no vayan a servir sólo para acabar en bancos y grandes tenedores de vivienda, y sirvan sólo para prolongar la agonía que precede al desahucio sin solucionarlo?

Sepa López Miras que si esta última quincena le ha resultado horrible en materia de vivienda, mucho mayor ha sido el sufrimiento que él y su Gobierno han provocado de las 4.583 familias desahuciadas entre 2017 y el primer semestre de 2018, o las que han estado o permanecen en el borde del precipicio, o las que han sufrido cortes de suministros básicos.

Sepa también por último que, como siempre, desde la PAH nos enfrentaremos a cualquier intento de aumentar la riqueza de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos.