Tenía yo mascullando cómo reiniciar mis artículos en LA OPINIÓN, tras mi pausa guatemalteca, cando me veo al famoso padre Ángel dispuesto a tomar el mismo avión en la escala de San Salvador. Hola, me dije, ahora cuando nos acomodemos le voy a preguntar qué negocios se trae con Trinitario Casanova, ese personaje cuya misión en la vida es la de un especulador antisocial, escándalo para cristianos y otros que lo son menos. Pero al poco vi que acudía (el padre Ángel, digo) a la llamada de los de categoría business, y como esa sección es objeto de mi más cordial aborrecimiento me dije que no, que mejor dejarlo (al padre Ángel), feliz y paternal, y no turbar su angélica sonrisa evocando una foto, para mí turbadora, en la que también sonreía junto al, en mi opinión, tóxico empresario.

Déjate, déjate, me dije, imperiosamente, y mejor trata de evaluar la ingente tarea crítica con que este curso murciano empieza, y que acabará en elecciones locales, autonómicas y quién sabe si también generales. Un curso en el que se alegra el panorama de hasta hace pocos meses al instalarse en Madrid otro poder central, del que debería esperarse (sin que sea seguro, ni mucho menos) cierta hostilidad a los más estrambóticos desvaríos murcianos.

Elecciones a la vista en las que nuestra región volverá a demostrar que le importa un pito la escandalera del PP, al que seguramente seguirá votando en primer lugar, en proporciones sólo comparables a las de recias regiones híper conservadoras, tipo Castilla y León, Galicia y, por supuesto, Ceuta y Melilla. A los del PP se les ve como recorriendo un camino triunfal hacia la recuperación de un poder que (así lo creen, tan convencidos) se les ha de restituir porque se les ha arrebatado injustamente.

Los del PP, en efecto, encabezados por la divertida y siamesa sonrisa de Casado y García, creen que nos hemos olvidado de que ha habido que echarlos del poder por chorizos, una vez que la Justicia no tuvo más remedio que confirmarlo. Y se enzarzan, huyendo hacia adelante, en un acoso (¡moral!) al PSOE de Pedro Sánchez, rebañándole bajas y asustando a los más timoratos de entre sus ministros (entre los que no faltan, verdad es, quienes adolecen de evidente debilidad profesional o dialéctica: pienso, sí, en mi compañero de Politécnica madrileña, el ingeniero Duque).

Al poco de desembarcar me entero de un nuevo problema de agua entre regantes tradicionales que quieren seguir siéndolo y las asechanzas perversas de organismos como la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), punta de lanza de políticas tan contradictorias y perversas como las de 'modernización de regadíos', cuyo elegante enunciado encubre, al menos en esta región, el ataque furibundo al regadío tradicional y una espiral de insostenibilidad que incluye el aumento del consumo de agua, de energía y del regadío (ilegal, por lo común), el endeudamiento de los pequeños, la sustracción (generalmente para su venta) de los retornos que debieran ir al río? En el conflicto al que aludo se alían la CHS y la Comunidad de Regantes del Argos contra los intereses de los regantes tradicionales, cuya extinción de derechos persiguen. Y que se ven obligados a recurrir a los tribunales vista la contundencia de la coalición que protege a los grandes regantes, y que capitanea una CHS empleada a fondo en proteger a los fuertes y humillar a los débiles.

Y en estas que me dan a leer una sentencia, emitida contra el recurso de un regante tradicional del área del Argos que firma, miren ustedes por dónde, el juez Mariano Espinosa, uno de los aguatenientes que más escándalo ha producido desde que se lanzó, con otros, sobre el secano de Moratalla y el acuífero del Cenajo: hablo de la finca del Chopillo por más señas, de la que las autoridades municipales de Moratalla, cobardes y prevaricadoras, sostienen que 'es algo aparte', haciendo como que ignoran sus competencias y obligaciones. Un personaje, este juez, que aún presta sus servicios en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), Sala de lo Contencioso-Administrativo, y que se debe tener por intocable, sobre todo desde que embarrancara la ya famosa imputación de que fue objeto en 2004 junto a un nutrido grupo de alteradores del orden hídrico y agrario, contenida en lo que llamo yo los 'Papeles Valerio', aquel valiente fiscal que sabía lo que tenía que hacer aunque sucumbió en el intento; unos papeles que, si bien no llegaron a juicio, describen delitos que hoy continúan vigentes. Es evidente que el TSJ tendría que vedarle al juez Espinosa, gran propietario agrícola y de muy conflictiva trayectoria, la intervención en cualquier asunto de regadíos por ser éste su negocio; o cuando aparezca la CHS como parte, ya que ésta le viene protegiendo, a él y a los socios del Chopillo, desde hace décadas. Sí, la judicatura murciana tiene un problema con Espinosa y ya va siendo hora de que investigue (a fondo) sus últimos treinta años de juez-empresario.

Pero aun con el viento en contra, la gente viva y esforzada de la región avanza. Al Consejo de Defensa del Noroeste, creado hace unos meses para enfrentarse a los empresarios pirata del agua, ya hay que añadir una nueva plataforma en el Altiplano, que lidera Salvemos El Arabí y que pretende impedir el saqueo de los acuíferos de la comarca y frenar el paso a los grandes exterminadores, que desde la costa han ido invadiendo el interior para asolarlo y envilecerlo. Exterminadores del agro del tipo Lucas Jiménez, Isidoro Ruiz, Santiago Carrión, José Martínez? que intimidan a ciertos guardianes del orden, pero no a los ciudadanos de bien. Son líderes de un negocio que se acaba, pero que no entenderán nunca que su tiempo es ido y que más les vale desarmarse, dialogar y salvar los muebles, cambiando ya ese discurso falaz de héroes del campo, salvadores de la patria y ¡cuidadores del medio ambiente!

Por eso resulta inevitable la judicialización del problema del agua (y veo que hasta de la Justicia) en la región, por la malvada coalición de intereses que produce la destrucción minuciosa de la región y su futuro. Y por la miseria de la política.