06 de septiembre de 2018
06.09.2018
La Opinión de Murcia
Tribuna libre

Educación pública

"No da lugar a convertir la educación en un negocio a cargo de fondos públicos. Del progresivo incremento de los presupuestos de la Región de Murcia dedicados a educación, un 30% aproximadamente ha ido a parar a la escuela concertada"

06.09.2018 | 04:00
Educación pública

Decía el nieto de Tomás y Valiente el otro día, aunque no con estas palabras, que no hay nada más desigual en educación que la igualdad. Somos una sociedad de desiguales, venimos de diferentes espectros familiares, sociales y económicos, pero todavía así, las potencialidades se reparten por igual en todos los estratos sociales. Por ello porque todos tenemos los mismos derechos, la equidad debe ser la base sobre la que funcione un sistema educativo donde todos, sin distinción, puedan desarrollarse. Esa es una de las funciones primordiales de nuestro estado constitucional, luchar por la igualdad través de la equidad en la distribución de los recursos.

Todos los padres estamos interesados en la educación de nuestros hijos, seleccionamos el colegio, hasta donde podemos si se trata de uno público, peleamos, hasta donde nos dejan, por protegerlos y, en ocasiones, escogemos sus lugares de ocio o esparcimiento. Nada malo hay en ello, como tampoco en quien selecciona un modelo en vez de otro porque se extiende hasta 4 de la ESO, evitando su acceso a edades tempranas en los IES o quien lo hace por el nivel, el ambiente, o incluso las amistades o relaciones que en ella se hacen. Pero no todos pueden elegir la concertada por variadas razones, aunque unos y otros estén de acuerdo en que la educación es el único ascensor social al que se accede por capitales propios y no heredados como pueden ser los económicos o los sociales, siempre y cuando exista un adecuado programa de becas que garantice el acceso a todos los niveles educativos.

Es difícil rebatir a quien expresa que únicamente quiere lo mejor para si o los suyos, pero el estado debe asegurar lo mejor para todos. Entramos aquí, como en otros tantos temas, en el marco de las emociones, que son muy dadas a ser usadas políticamente, como hace la consejera de educación, olvidando que la educación pública como la sanidad es una obligación del estado para con todos. Igual que entendemos que quien quiere una sanidad privada ha de sufragársela, análogamente deberíamos comprender que quien quiera una educación privada tiene que pagarla si la educación pública no tiene dinero para asegurar las mejores condiciones para todos y cada uno de sus estudiantes.

La educación pública además tiene la misión de construir una ciudadanía formada y activa que se integre en unos valores básicos compartidos. No podemos dejarla en manos de otros, como hicimos en el XIX con la Iglesia, que no tiene interés en crear ciudadanos sino feligreses y así nos fue. No da lugar tampoco a convertir la educación en un negocio a cargo de fondos públicos. Del progresivo incremento de los presupuestos de la Región de Murcia dedicados a educación, un 30% aproximadamente ha ido a parar a la escuela concertada. Esta se localiza, con excepciones que confirman la regla, en grandes centros urbanos, donde la misma resulta rentable, mientras en los pueblos y alguna ciudad de esta región en las escuelas e institutos: los ordenadores tienen software obsoletos, las instalaciones, en muchos casos, son una ruina cuando no tienen amianto que no ha sido retirado, o incluso faltan líneas educativas que han de ser metidas a presión por parte de la Consejería por no haber planificado la situación creando conflictos entre los padres que únicamente quieren lo mejor para sus hijos.

Nadie duda de la libertad en la creación de los centros consagrada en el artículo 27 de la Constitución, como tampoco nadie duda de la libertad de elegir los mismos, lo que puso en duda, en 1985, el Tribunal Constitucional, en una sentencia en la que participó Tomás y Valiente abuelo, es que estos tengan que ser subvencionados y menos cuando la inversión no llega a lo público para asegurar la necesaria equidad para todos.

La labor del estado es garantizar la ecuanimidad, una ajustada distribución de los recursos que pasan por una mayor inversión en la escuela pública. Sin embargo, parece que a la Consejería y a otros tantos que no han abierto la boca, no les interesa este debate que conlleva votos de una minoría extendida que piensa en sí y no en todos. Por otra parte también es cierto lobbies privados tienen más poder comunicativo que las pobres AMPAS de los colegios o las FAMPAS de la escuela pública. Habrá que hacer algo para cambiar las cosas, porque no es justo que las AMPAS de la pública acaben pagando los aires acondicionados de los colegios de sus hijos mientras ven como cada vez hay más alumnos y menos medios en la escuela pública.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook