14 de julio de 2018
14.07.2018
Tribuna Libre

Por la libertad de elección

"A las familias corresponde decidir en qué red, pública o concertada, prefieren escolarizar a sus hijos. A la Administración educativa corresponde dar respuesta a las demandas de las familias"

13.07.2018 | 20:31
Por la libertad de elección

Pocas luchas más nobles se pueden librar que la lucha por la libertad. Pero se lucha por la libertad porque ésta ha sido atacada. En España, tristemente, nos hemos acostumbrado a tener que luchar por la libertad de los padres a elegir el tipo de centro en el que quieren escolarizar a sus hijos. Se trata de una libertad tan básica que los ataques contra ella parecen cosa del pasado. Sin embargo, y por desgracia, se producen de manera recurrente en nuestro país.

En la Región de Murcia tenemos experiencia con estos ataques. En la presente legislatura, el grupo parlamentario de Podemos presentó una Proposición de Ley sobre los conciertos educativos. El objetivo no era otro que la eliminación progresiva de estos conciertos. Ahora, con la llegada del PSOE al Gobierno nacional vuelve a generarse inquietud en torno a esta cuestión. La actual ministra de Educación, Isabel Celáa, ha anunciado la intención del Gobierno central de acometer una reforma exprés de la Ley Orgánica de Educación para, entre otras cuestiones, introducir modificaciones respecto a la educación concertada.

Los partidos de izquierdas vuelven a arremeter contra un derecho tan básico como el de los padres y madres a elegir el centro de sus hijos. Este derecho se encuentra recogido en nuestro ordenamiento jurídico y ha sido ratificado por diferentes sentencias. La educación concertada permite que las familias hagan efectivo su derecho a la elección del tipo de enseñanza que recibirán sus hijos. No puede haber elección libre allí donde no hay más que una alternativa. De ahí que el sistema educativo español pivote en dos ejes: la enseñanza pública y la enseñanza concertada. A las familias corresponde decidir en cuál de ambas redes prefieren escolarizar a sus hijos. A la Administración educativa corresponde dar respuesta a las demandas de las familias.

La red pública y la red concertada se complementan, tal y como llevan décadas haciéndolo. El ataque a la enseñanza concertada solo puede responder al empeño por imponer a padres y alumnos un mismo modelo educativo. Preservar la libertad de elección de las familias pasa por mantener el modelo dual actual, en el que ambas redes, pública y concertada, han convivido durante décadas con total normalidad.

Especialmente grave resulta la intención de emprender una modificación tan sustancial en el ámbito educativo sin contar con la comunidad educativa. La ministra ha anunciado una auténtica 'reforma exprés' de la ley educativa. El Partido Socialista dio muestra de enorme irresponsabilidad política al abandonar las conversaciones del Pacto Social y Político por la Educación. Ahora da una nueva muestra con su pretensión de acometer modificaciones legislativas de calado sin diálogo alguno. El Gobierno central debe impulsar de nuevo los encuentros en el seno del Pacto. Medidas como las anunciadas no deben tomarse sin la participación de toda la comunidad educativa. Es hora de dejar de utilizar la educación como arma política. La sociedad demanda de los políticos capacidad de acuerdo y consenso.

La ministra de Educación estigmatiza el modelo educativo que escogen miles de familias. 75.000 alumnos acuden cada día a las aulas de centros concertados de la Región, y lo hacen porque sus padres y madres así lo han decidido. El Gobierno de Fernando López Miras continuará velando por que estas familias puedan ejercer su derecho constitucional a la elección de centro educativo. El Gobierno regional continuará velando por que todos los alumnos de nuestra comunidad, los que optan por la educación pública y los que lo hacen por la concertada, reciban una educación de máxima calidad.

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