Estamos de aniversario. Los Parques Nacionales de Picos de Europa (Asturias) y de Ordesa y Monte Perdido (Aragón) celebran cien años como insignia de la naturaleza española y como pioneros de una red que hoy suma en toda España quince Parque Nacionales que constituyen el máximo exponente de la biodiversidad.

Hace un siglo, por tanto, que las áreas protegidas forman parte de nuestra realidad y nuestra norma, y desde aquello ya ha llovido mucho. Sin embargo parece que esto de la protección de la naturaleza ha ocurrido antes de ayer porque sólo es desde ayer, como quien dice, cuando estos asuntos aparecen en el primer plano de la actualidad mediática. Y no es así: sin abrumar con datos sólo cabe recordar que el primer Parque Nacional del Mundo, en EE UU, data de 1872, los pioneros de España, que ahora están de aniversario, son de 1918, e incluso los primeros espacios protegidos murcianos (Sierra Espuña y El Valle) comenzaron también su andadura proteccionista desde 1916.

Trascurrido el tiempo, ahora ya vamos teniendo claro que Parques, los Paisajes Protegidos, las ZEPAs, los LICs o la conservación de los sistemas forestales no son ni una trivialidad ni un lujo ni una subjetividad producto de unos cuantos ecologistas, ni una moneda de cambio ni un 'pelotazo progresista' que se da para prever otros 'pelotazos' que lo sean menos.

Aunque, desde la polémica, también puedo entender que los propietarios de los terrenos en los que 'les cae' un Parque, un PORN, una ZEPA o un LIC se preocupen por sus intereses inmediatos. La legitimidad de esa preocupación deviene del sistema de propiedad privada que está en la base de la sociedad en la que vivimos. Por ello mismo, y como garantía de que los prioritarios intereses generales y la función social de la propiedad no lesionan sin justificación los derechos individuales, son las Administraciones las que deben establecer las compensaciones, los instrumentos financieros, las exenciones fiscales, las políticas de desarrollo rural o los mecanismos que sean oportunos en cada caso. Hay abundante experiencia internacional, nacional, e incluso tímidos ensayos regionales en esta línea, y está claro que hablo de conceptos, de políticas, pero también de euros encima de la mesa.

Estoy convencido de que caben en las áreas protegidas desarrollos cinegéticos planificados, usos tradicionales, agricultura y ganadería sensatas, caminos de acceso a los predios en sitios adecuados, cultivos forestales fuertemente subvencionados, lugares públicos o privados -con el negocio correspondiente- para el turismo y el ocio en la naturaleza, incluso algunas instalaciones sensatas de producción de energías renovables o nuevas infraestructuras que tengan un verdadero interés social? Todo ello con las características técnicas adecuadas y a condición de que, a la inversa, en el resto del territorio, y particularmente en las propias inmediaciones de las áreas protegidas, también los asuntos del medio natural orienten eficazmente las actividades a emprender.

Las áreas protegidas son uno de los principales activos de nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra propia identidad regional. Y esos son conceptos muy gruesos que merecen, creo, toda nuestra atención. Por cien y cien mil años más.