La empresa Lat, concesionaria de la Comunidad autónoma para el servicio periférico del transporte público del municipio de Murcia y de otras líneas interurbanas, sigue sin abonar a sus trabajadores la paga extra de marzo, en la que siempre encalla. Esto la pone en una situación muy delicada, ya que el pago de las nóminas en tiempo y forma es una de las condiciones que las empresas adquieren con la administración concursal cuando salen del concurso de acreedores, como es el caso. El comité de empresa ha presentado denuncia ante los tribunales de lo social, pero los trabajadores han sido advertidos por la dirección de que en caso de no retirarla las consecuencias podrían ser imprevisibles, en primer lugar para ellos mismos, exponiéndoles la curiosa filosofía de que la única manera de garantizar la concesión es incurrir en este tipo de irregularidades; de otro modo, los primeros que deberían sufrir los rigores de la falta de recursos de la empresa serían los empleados, que tendrían que someterse a un régimen más estrico de turnos, e incluso podría producirse una liquidación anticipada.

El problema básico de esta concesionaria es que entró en concurso de acreedores en diciembre de 2011 con una deuda de 35 millones de euros y salió de esa situación en febrero de 2015 con un plan de pagos que debería satisfacer antes de que concluya su contrato con la Comunidad, en diciembre de 2019. El próximo viernes, Lat ha convocado una junta general ordinaria, y tal vez en ella sus directivos puedan explicar cómo conseguirán cumplir tamaño propósito cuando ocurre que ni siquiera pueden pagar las nóminas de la exteraordinaria de marzo.

A este tapón se añade que la Administración no da señales de querer prorrogar la concesión (de hecho, a Lat ya se le ha comunicado verbalmente que no cuente con ello, según indican desde el comité de empresa, alguno de cuyos miembros estuvo presente en una reunión con el staff del grupo y el director general de Transportes) como tampoco parece estar preparando un concurso público para el que debiera cerrarse previamente un Plan General de Transportes al que dicha convocatoria debiera responder. Tómese en cuenta, además, que el final de la concesión se producirá en el trayecto de las elecciones autonómicas y municipales, un clima poco proclive a consensos políticos. Mientras tanto, Lat se ve obligada a renovar una flota obsoleta, a la que ha incorporado recientemente cinco vehículos, dos nuevos y tres remaqueados con una antigüedad de unos diez años.

La empresa confía en que, aunque no se le conceda una prórroga oficial, la dilación del Plan estructural y del nuevo concurso se resolverá, en la práctica, con la continuidad de sus actividades. Así lo han manifestado a los rabajadores los directivos de la empresa. Es decir, pretenden sobrevivir en el vacío administrativo. Más o menos como hasta ahora: la Administración se tapa los ojos ante las irregularidades de la concesionaria, y ésta, en consecuencia, no puede apretarle demasiado. Y sin búho bus y sin reposición de líneas, obligada Lat a mantener algunas deficitarias sin recompensa económica.

El servicio público de transporte es un desastre, pero aquí, las cabezas pensantes sólo atienden al AVE. Bah, el bus es para los jubilatas.