Es tan sencillo como esto: la política básica del Gobierno regional depende de la voluntad del central. Se resume en dos epígrafes: agua e infraestructuras. Durante años, los planes del Ejecutivo autonómico del PP en ambos capítulos fueron elaborados por cuenta propia, en el supuesto de que un Gobierno del Estado del mismo partido acabaría apoyándolos. Una quimera demasiado voluntariosa, a juzgar por los resultados, derivados de la continuada falta de compromisos reales en la vertebración de las políticas regionales y nacionales.

La actividad expansiva de Valcárcel, desvelada a la postre como mera propaganda sin respaldo oficial de las instancias nacionales, acabó resultando una huida hacia adelante, sin que el Gobierno central la avalara más allá de las medias palabras ministeriales, hasta el punto de que cuando fue evidente que los grandes proyectos quedaban empantanados, el hiperlíder regional se pidió billete para Bruselas y dejó a sus herederos en la encrucijada.

La nueva generación que se hizo cargo del Gobierno regional quedó obligada a mantener el continuismo de la política valcarceliana, pues las infraestructuras iniciadas (aeropuerto sin aviones, infestado de problemas económicos y jurídicos; AVE en zigzag, de trazado absurdo y sin aval para el soterramiento, y trasvase capitisminuido en un vergonzante Memorándum que en la práctica significaba una semiderogación del trasvase del Tajo) impedían vascular hacia una política propia o renovada, enfocada a los asuntos acuciantes de la crisis económica regional.

Valcárcel dejó a sus sucesores una perspectiva de gobernación enfeudada, con el cínico añadido de que tanto él como el resto de los integrantes de la vieja guardia se convertían en la trastienda en feroces críticos de la actuación de sus sucesores (bastará referirse en este sentido a los whatsapp que exhiben confidencialmente algunos receptores de mensajes del exiliado bruselense).

Menos mal para el PP que de manera tan fulgurante como inesperada, ha cambiado el signo del Gobierno nacional. A partir de ahora, una vez que las siestas de Rajoy se han trasladado desde la Moncloa a un apartamento de Santa Pola, corresponderá al Gobierno socialista atender a supuestos compromisos que Valcárcel había establecido con el Gobierno de los suyos sin que se desprendiera más resultado visible que su propio pasaporte hacia la dorada jubilación de diputado europeo, la puerta giratoria más cool para los políticos agotados, ese consentido y biempagado cementerio de elefantes para aquellos que no han procurado innecesarias molestias a los mandarines de la gobernación central.

La herencia de Valcárcel, que desdibujaba las posibilidades de iniciativa política propia del Gobierno regional, obligado a sustentarla, ha sido trasladada al nuevo Gobierno socialista, pues, como se ha dicho, las decisiones clave son dependientes de la Administración central. Y ocurre que tanto Diego Conesa, secretario regional del PSOE, en su función inmediata de delegado del Gobierno, como Pedro Saura, nuevo secretario de Estado de Infraestructuras, se han convertido de la noche a la mañana en intérpretes de esas políticas largamente pendientes de ejecución por el Gobierno del somnoliento Rajoy.

La paradoja es que el Gobierno socialista, con agentes ejecutivos ligados a esta tierra, tendrá que considerar ahora si se hace responsable de una política incierta, manejada a duras penas desde San Esteban, pero con el apoyo de las fuerzas referenciales del empresariado murciano, o si se atreverá a reelaborar el diseño establecido de acuerdo a otras demandas sociales.

Ya hay quienes han mandado algún mensaje a los socialistas respecto a a la cuestión AVE con el pretexto de que la encuesta del Cemop, publicada esta semana, desconsidera como asunto prioritario la demanda de los vecinos de la zona Sur de Murcia que vienen exigiendo que la llegada de la alta velocidad ferroviaria no se produzca antes de que concluyan las obras del soterramiento.

De manera implícita se está dictando al Gobierno socialista que mantenga íntegramente la política de Rajoy, para lo que no sobrarán argumentos: ha de atender a unos presupuestos establecidos, hay un supuesto consenso social en la superestructura de la sociedad civil (aunque de ésta se excluya a los vecinos afectados por las obras, y a las fuerzas políticas que los apoyan) y se esgrime un impreciso calendario de actuaciones que debiera resultar inamovible, y esto a pesar de que no ha existido calendario más móvil que el de las promesas siempre aplazadas del Gobierno del PP.

Los socialistas, en lo que se refiere a la política murciana, pueden considerar la oportunidad de concluir, si fuera posible, los anunciados proyectos del PP según los esquemas establecidos por éste o bien preservarse de lo que podría resultar una trampa a medio plazo para sus intereses electorales, que consistiría en asumir esa política con los mismos riesgos que ya sufría el PP murciano, acaparando la protesta social y liberando de esa forma al Gobierno regional de los compromisos forzados por la herencia de los calamitosos gestores anteriores, ahora tan ajenos s sus compromisos como compensados con sustanciosas jubilaciones. En definitiva: ¿ha venido el PSOE a resolver los problemas con nuevas fórmulas o a encargarse de ellos compartiendo la ya constatada impotencia del PP?

El imaginario político de los socialistas parece conducirlos a intentar cortar el paso a la hegemonía incipiente que Ciudadanos prefigura en las últimas encuestas. Para esto se vería obligado a dar señales de eficiencia política en aspectos presuntamente consensuados en la sociedad murciana por una insistente promoción de grandes proyectos hasta ahora frustados a que se ve arrastrada la nueva generación de gestores populares y cuya conclusión comparte Ciudadanos, deseoso de sustituir al PP como referente ante la clase empresarial y sus epígonos. La política socialista, visible ya desde la propia constitución del Gobierno central, vendría a intentar satisfacer la solvencia de gestión que se le reprocha al PP con el añadido de gestos progresistas que taponen la competencia de Podemos por el otro flanco. Por tanto, en la gestión de las infraestructuras, al menos en lo que a la Región de Murcia respecta, no cabe intuir una modulación que facilite el rearme del PP y un reposicionamiento activo de Ciudadanos. Pero esta actitud podría colocar al Gobierno de Pedro Sánchez en una situación similar de descrédito al del saliente equipo de Rajoy, por mucho que intente dulcificar la presencia policial en la zona afectada por el trazado del Ave o lance propuestas de diálogo que inevitablemente concluirían en el desarrollo del proyecto ferroviario con las mismas trazas que la Administración popular.

En definitiva, el PSOE expresa valentía al adquirir toda la responsabilidad de una política en la que el PP ha fracasado. Pero la oportunidad puede resultar una trampa. Pronto lo sabremos, chiripitifláuticos.