Esperará a que la sentencia sea firme para comenzar a cobrarse los casi seis años que ha permanecido en boca de todo el mundo por la investigación judicial del caso Umbra, que derivó en el juicio ya sentenciado sobre el convenio Nueva Condomina, del que ha salido absuelto.

Habrá llegado su hora, la hora de que el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara ajuste cuentas con todos aquellos a los que considera responsable de esos seis años de calvario, en los que ha tragado mucha quina y durante los que ha permanecido en un estado latente de bajo perfil, aconsejado por sus abogados y acorde con su forma de ser.

El que fuera regidor de la capital durante veinte años nunca se caracterizó por sus declaraciones explosivas o por su arrojo público a la hora de abordar ciertos asuntos. Su estrategia ha sido siempre la de nadar y guardar la ropa y en muy pocas ocasiones se ha mojado en temas sustanciales. Podía en una misma frase decir una cosa y la contraria, dejando pasmados a periodistas, concejales y compañeros de partido, ese mismo partido que lo apartó cuando la presión hacia su personas se agudizó y que lo entregó en bandeja a Ciudadanos para que hicieran alcalde a José Ballesta hace casi tres años.

Pero todo eso ya forma parte de las crónicas políticas del municipio de Murcia y el que fuera alcalde a lo largo de cinco mandatos escribirá ahora una nueva página. El folio en blanco aún por escribir se llenará de una venganza que se servirá fría y que se basará en la sentencia absolutoria que ha dictado hacia su persona el juzgado de lo Penal número 5 de Murcia que, en un fallo de 65 páginas hecho público el pasado viernes, da argumentos y pistas para que Cámara comience a redactar las querellas que presentará contra todos aquellos que, según él, han vulnerado su honor y le han llevado a la travesía realizada durante más de un lustro.

La sentencia no tiene desperdicio, es rotunda y, en algunos puntos, pone en duda la credibilidad de testigos y la actuación del Ministerio Público. Así, por ejemplo, ni los exconcejales Ginés Navarro y Salvador Fuentes Zorita ni el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que le pedía diez años de inhabilitación por prevaricación continuada, salen bien parados en un fallo que afirma que toda la tramitación del convenio Nueva Condomina se hizo ajustado a la legalidad vigente sin que hubiera una trama al margen de la ley para beneficiar al entonces dueño del Real Murcia, el fallecido Jesús Samper, tal y como sostenía Lozano.

En base a la literalidad de la sentencia, Cámara estudia ya interponer demandas de protección del honor por la vía civil y otras por la vía penal con el fin de cobrarse esos seis años de calvario y el desprestigio sufrido en ese tiempo, que le obligaron a irse por la puerta de atrás de la política y a acabar en su propio partido como si fuera el enemigo público número uno.

Para ello, ya ha buscado el asesoramiento legal pertinente fuera de la Región, ya que se habla de caza mayor, que confeccionará las demandas a interponer junto a sus letrados murcianos. Nada de conformarse con ir a por actores secundarios o excompañeros de viaje que han declarado en el juicio contra él. Irá a por los que iniciaron todo el proceso judicial con registros, investigaciones patrimoniales de toda su familia, miles de euros gastados en traducciones y transcripciones, etc. Todo parece indicar que a Cámara le sabe a poco la alegría que le ha producido la sentencia absolutoria y que cierra su periplo en los tribunales (el resto de asuntos que tenía pendientes se han cerrado sin que haya tenido que ir a juicio). Quizá quiera que corra la sangre, metafóricamente hablando, y que los que él considera responsables de su desprestigio sufran un poquito. Por nadie pase.