¿Qué diferencia hay entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias? La pregunta produce vértigo. Se supone que son la noche y el día. Pero una aproximación a sus respectivas reacciones en momentos políticamente críticos nos revelan un peligroso paralelismo.

Hace unos días, tras la publicación de la sentencia por el caso Gürtel, el presidente del Gobierno venía a decir que contra la prescripción de los jueces estaba la voz del pueblo, insinuando que el voto electoral resolvería sus responsabilidades políticas. Iglesias, por su parte, reaccionó a las contradicciones por sus permanentes críticas a los 'políticos del sistema' que se aislaban de la realidad social en sus privilegiadas viviendas del extrarradio, convocando en referéndum a los afiliados de su partido para que dieran el sí a la compra de un chalé de nuevo rico equivalente al imaginario del éxito de los neoliberales a los que se supone que Podemos combate.

Las bases del partido en el caso de Podemos resolvieron las contradicciones ideológicas del líder y de su señora vicelíder (trasunto de Ceacescu y Elena), y los votos de los ciudadanos, empeñados en mantener al PP en el poder, suelen ratificar la confianza en Rajoy, a pesar de que la colla de los suyos se forra a costa del contribuyente. ¿Cuál es, entonces, la diferencia? Ambos, Rajoy e Iglesias, desprecian la percepción generalizada sobre la impropiedad de sus respectivos actos, y se entregan al plebiscito popular porque en una y otra circunstancia los electores descuentan como 'cosa menor' la corrupción, de un lado, y la incoherencia política de otro. Podrá decirse que no es lo mismo la corrupción que la incoherencia, pero el discurso exculpatorio sobre ambas remite al mismo nicho populista: el refrendo ciudadano o militante. Votos contra razón, y a otra cosa, mariposa. Rajoy e Iglesias, tal para cual.

Todo esto adquiere mayor claridad cuando nos remitimos al ámbito regional. Ayer mismo, el líder autonómico de Podemos, Óscar Urralburu, reaccionó a la pregunta de un periodista sobre el chalé en la huerta de Ángeles Moreno Micol, concejala de su partido en el ayuntamiento de Murcia, aduciendo que el caso Gürtel es de tamaña dimensión que no entiende que sea posible que se repare en este tipo de asuntos locales cuando hay otros mayores. Lo gracioso es que identificó lo relativo a Micol como 'presuntas irregularidades administrativas', sin percatarse de que es el mismo concepto que utilizó el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, para calificar las incidencias del caso Auditorio.

Nada que ver, es cierto, pero la reacción es idéntica: lo que afecta a Podemos son 'irregularidades'. Y como argumento de peso, Urralburu dice que Micol ha desmentido las informaciones, cosa que en este periódico, que es el que las ha publicado, estamos esperando que haga, pues no se digna coger el teléfono.

Que el líder regional de Podemos saque a relucir el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas cuando se le pregunta por el chalé de una concejala de su partido pone en evidencia el cinismo y la impostura de su real compromiso con la regeneración política. Podríamos responderle: de acuerdo, señor Urralburu, el PP es un partido corrupto y Rajoy está invalidado para gobernar. Bien, pero ahora háblenos del chalé de su concejala Micol.

La gran defensora de las ilegalidades administrativas en la huerta de Murcia a través del chiringuito familiar de Huermur, compuesto por ella en la sombra, su hijo en la presidencia, su abogado en el activismo y nadie más (quienes inicialmente integraron esa asociación se largaron a Huerta Viva al no soportar los aires de la fundadora y al percibir que se trataba de una herramienta personalista para acceder a la política, inicialmente a través del PSOE, del que tomó el carné, y después con Podemos) incumple todas las normas habituales que se suelen transgredir en ese espacio. Esta es seguramente la razón por la que tanto el PP, el PSOE y Cs no ponen el grito en el cielo, pues es inevitable sospechar que algunos de sus dirigentes y muchos de sus militantes de referencia están en circunstancias similares. No es posible creer que el aplanamiento de la Huerta de Murcia se haya producido sin que, como Micol, haya otros políticos del suyo y de otros partidos, taladores y bañistas, amparados en la legalidad mientras incumplen las normas menores ('irregularidades administrativas'). Por esto ni siquiera sufren de sofoco. Es políticamente corporativo.

El pijoprogresismo redentor está exento de ofrecer explicaciones. Encima de que defienden a los pobres pudiendo estar, con sus recursos, tostándose en el Caribe ¿cómo es que se les pide una licencia de habitabilidad? Hasta ahí podíamos llegar.