En España no existe una mafia estructurada a lo Capone porque ese lugar lo ocupan determinados políticos. En Colombia, por ejemplo, el Estado de Bienestar fue una construcción de Pablo Escobar, que sustituía al Estado. En nuestro país, el Estado sustituye a la mafia. Es preferible siempre la mafia, porque queda el recurso de que ésta sea perseguida por el Estado, pero ¿qué esperanza cabe cuando la mafia es el Estado?

Ejemplo: lean, antes de vomitar, el artículo que publicaba ayer la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en La Razón. Empezaba así: «En estos mismos momentos en los que usted lee este artículo, hay miles de militares en alerta, en guardia permanente, sin descanso y sin distracción, con la única misión de protegernos, de frenar, prevenir e incluso combatir cualquier amenaza que se pueda cernir sobre nuestros hogares». Así es. Pero a la secretaria general del PP, que proseguía la redacción de su artículo con la retórica consabida, le faltó apuntar a continuación de ese párrafo: «Y mientras hay militares que ponen en riesgo su vida por este país y usted sigue leyendo este artículo, hay gente de mi partido que se está forrando de manera ilegal gracias a la protección que les damos desde Génova 13, según estiman los jueces. ¿Qué deberían pensar de nosotros estos militares?». Podría referirse igualmente a los parados, a los empleados precarios, a los trabajadores fijos con el sueldo reducido, incluso a los ciudadanos acomodados que pagan sus impuestos y exigen una Administración pública decente. Hasta podríamos perdonarle a la secretaria general del PP que hubiera hecho un apunte a pie de página, en letra pequeña: «Mi marido no es uno de los que trafican con influencias para pagar nuestro chalé de dos millones de euros mientras envío a los soldados a misiones peligrosas; si acaso, el de la vicepresidenta Soraya».

Fuera de bromas, encontrar en algún lugar un artículo firmado por Cospedal con el título Servir a España al día siguiente de la publicación de la sentencia sobre la Gürtel es una provocación intelectual. Cuando alguno de estos patriotas de opereta pronuncia la palabra España, lo recomendable (incluso o especialmente para los propios militantes de base del PP) es echarse las manos a las carteras.

La doctrina del PP sobre los supuestos de corrupción consistía en relegar a las sentencias judiciales la toma de responsabilidades políticas, pero llegado el caso, ni con éstas. Nada importa que un tribunal de Justicia haya dictaminado que el presidente del Gobierno de España (e incluso de Esss-paaa-ññña) carece de credibilidad en su testimonio jurado, de modo que será un iluso quien espere alguna verdad en sus mítines. Su propósito, el de Rajoy, es seguir gobernando, porque la práctica política indica que a una mayoría de ciudadanos no les importa que les roben, siempre que los ladrones sean del PP.

En este contexto, el crítico más destacado a la resolución judicial sobre la corrupción del PP ha dido el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras. Su ironía no ha sido bien entendida, a no ser que en su intención no existiera ese propósito, lo cual sería muy grave. Cuando dijo, tras conocer la sentencia de la Gürtel que, mientras se producían los acontecimientos que han dado lugar a ella, él se encontraba tocando la flauta dulce en el colegio de los franciscanos, en realidad lo que ha vino a sugerir, queriendo o sin querer, es que si hay alguien a quien registrar debe ser Rajoy. López Miras era un espíritu puro en los tiempos en que el gallego cobraba sobresueldos de la cuenta B en cajas de puros, gratificando después al benefactor con el consejo de «Luis, sé fuerte». De modo que, en el fondo, ese ´yo no estaba allí´ es una denuncia implícita, aunque involuntaria, a quienes sí estaban. Lo curioso es que aun aceptando ignorancia de la corrupción estructural como animal marítimo, una vez que López Miras se licenció en flauta y maduró lo suficiente para elegir una opción política se decidió por el partido de la Gürtel. No debió faltarle información, incluso si solo fuera lector de La Razón. A no ser que tengamos un presidente que carezca de nociones sobre el pasado inmediato, lo cual sería muy preocupante.

Los murcianos tenemos la sensación de que López Miras nunca existió. Todo lo que gravita sobre la política actual le es ajeno. Hace poco aseguró que «está claro que mi Gobierno no tiene responsabilidad sobre lo que se haya hecho en el Mar Menor». Claro. Ni sobre cualquier otra cosa que haya ocurrido hace más de un año. Pero es el presidente de la marca que arrastra un largo historial de corrupción y de incompetencias. ¿Asume el pasado o lo denuncia? Esta es la clave, aunque de quien se convirtió en el primer fervoroso defensor de la decencia política de Cristina Cifuentes no se puede esperar mucho sobre su intuición política, y menos sobre su independencia respecto al consignatario de la ´organización criminal´ en que para la Justicia consiste el PP.¿O es que el truco consiste en cambiar de presidente en Murcia cuando las cosas se ponen feas para que alguien llegue de nuevas como si nada fuera con él? Nada, salvo la estructura corrupta y la impregnación social de la marca dopada ante los sectores cautivos.

López Miras ha estado muy atinado, a su pesar, al calificar a los protagonistas de la trama gürteliana con que se ha financiado el partido al que pertenece de ´sinvergüenzas´. Pero ¿quiénes son los sinvergüenzas? ¿Los que hacían el trabajo sucio, instrumental, o quienes daban a éstos cobijo en la cueva de ladrones de Génova 13 y se han ido de rositas, aunque desacreditados políticamente por la sentencia judicial? ¿Es más sinvergüenza Bárcenas por llevar la cuenta B del PP o el presidente del partido que autorizó la destrucción de los ordenadores en que ésta se registraba una vez que fue descubierta? Como la respuesta es obvia, hemos de deducir que López Miras ha llamado sinvergüenza a Rajoy. Con un par. Ah ¿que es un malentendido?

A estas alturas, la única pregunta a la que hay que responder es: ¿perteneces a la mafia o la denuncias? Y es urgente que se sepa de qué lado se está.