Interior

Marzo y abril han sido meses convulsos para la política española. Y para Mariano Rajoy, sacudido por múltiples tormentas. Y no se cumplirá el refrán de que marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso porque hemos acabado con un balance mixto y dudoso. Negativo porque la dimisión de Cristina Cifuentes -apuntillada no ya por el falso máster sino por un vídeo sobre el hurto en un Eroski madrileño- prueba que el PP sufre no ya una grave crisis, sino algo similar a un desmoronamiento. Pero por otra parte positivo porque el pacto con el PNV, que casi con toda seguridad permitirá aprobar los presupuestos del 2018, indica la voluntad de resistencia y la capacidad de pacto del presidente, que podría agotar la legislatura y celebrar las elecciones en 2020.

La Convención de Sevilla del PP, planteada para dar ánimo al partido y a sus votantes tras las serie de encuestas que vaticinaban una caída electoral y un ascenso de Cs, nació abortada por el escándalo del falso máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid y acabó peor -en la pasmosa insensibilidad- con el aplauso de todos los participantes a Cristina Cifuentes. Animado por Dolores de Cospedal, el partido cerraba filas así con un personaje -hasta entonces bien valorado- que se había convertido en un insulto a la confianza y respetabilidad de la universidad española. ¿Menos grave que la corrupción económica? Quizás, pero devastador para la imagen pública -ya nada impoluta- del primer partido español. En Sevilla, Rajoy volvió a demostrar pusilanimidad al afrontar las crisis y los graves escándalos de su partido.

Y ahora, tras tres semanas de vía crucis, Cifuentes, más desprestigiada todavía, ha tenido que dimitir. La estrategia Cospedal de resistir (y desafiar a Ciudadanos a votar la moción de censura) se ha hundido, y la imagen del PP ha caído por los suelos. Un sondeo de El País ayer decía que en unas elecciones autonómicas en Madrid el PP perdería ahora la mitad de sus votos mientras que Cs sería el partido ganador y multiplicaría casi por tres los suyos.

Tras los incidentes que forzaron la retirada de Esperanza Aguirre, el procesamiento y prisión de Ignacio González por el caso Lezo (y la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón conocida el jueves por lo mismo) y la prisión de Francisco Granados, antiguo número dos del PP madrileño, por el caso Púnica, ahora la filtración vengativa del hurto de cremas de Cristina Cifuentes es la puntilla definitiva. El PP de Madrid era una ciénaga de lucha de clanes corruptos que sólo Dios podría reconvertir en algo decente. ¿Solo el de Madrid? Tras Luis Bárcenas, lo de Valencia y lo de Murcia no hay respuesta favorable posible. Demasiado es demasiado.

Pero Rajoy también ha vuelto a demostrar esta semana su voluntad de resistencia y una gran flexibilidad para alcanzar pactos que garantizan la estabilidad gubernamental. La semana pasada ya constaté que el PNV iba a retirar la condición de levantamiento del 155 en Cataluña para permitir el primer tránsito de los presupuestos por el Congreso. Ahora, tras el acuerdo que implica algo tan importante como volver a revalorizar las pensiones según el IPC, el pacto PP-PNV es una operación de un calado superior. El PNV no vota sólo los presupuestos sino también -mientras de él dependa- la continuidad de Rajoy. En Sabin Etxea prefieren la estabilidad a la inestabilidad, que además podría llevar a elecciones anticipadas con la posibilidad del triunfo de Cs. Y entre el PP y Cs, el PNV no duda: Rajoy.

Rajoy se asegura así -salvo otro terremoto que ya no se puede descartar- poder gobernar hasta 2020 porque en 2019 puede prorrogar los presupuestos. El PP ha tenido que dar marcha atrás en la reforma de las pensiones del 2013, pero manda la necesidad de aminorar o pacificar los conflictos. No es sólo la exigencia del PNV, es que el PP no podía imponer la revalorización del 0,25 % a una sociedad respondona que ha perdido miedo. Tenía que rectificar y cediendo ante el PNV ha dado un sopapo a Albert Rivera. Que aprenda a no querer sacar jugo de todas las crisis del PP. La ortodoxia económica sale perjudicada pero ahora no estamos como en 2013 y, si la política lo exige… hay margen. Al menos a corto plazo. Luego… Dios proveerá.

Pero Rajoy y el PP se enfrentan a algo casi imposible: rehacer el partido y recuperar una imagen sólida ante el electorado. El primer paso será resolver bien el vacío de poder en el PP de Madrid.

Exterior

Uno de los puntos por los que la UE no es un estado como los Estados Unidos es que no tiene un sistema fiscal. Y la fiscalidad del impuesto de sociedades es muy diversa. En Irlanda, del 10 %, en otros países, del 25 o 30%. Pero además, Irlanda ha basado su notable crecimiento en atraer inversiones no sólo con sus bajos impuestos, sino con negociaciones discretas con algunas multinacionales que los rebajaban todavía más. Así, Google tributaba a tipos de derribo.

Pero en agosto del 2016, la comisaria danesa de competencia, Margrethe Vestager, que antes fue ministra del pequeño partido social-liberal, concluyó una investigación sobre los favoritismos fiscales de Irlanda dictaminando que a Google se le había evitado pagar muchos miles de millones de impuestos. E impuso una sanción ordenando pagar la friolera de 13.000 millones a Irlanda.

Fue un hito en la marcha de Europa hacia la unidad fiscal y en la lucha para que las grandes multinacionales no lograran sortear el pago de impuestos. E indirectamente dando mayores ingresos a los estados para sus políticas de igualdad. La sanción de Vestager a Google levantó gran polvareda y grandes expectativas.

Pero Google y el Gobierno de Irlanda recurrieron la sanción ante los tribunales europeos y la multinacional evitó así el pago de los 13.000 millones. Vestager recurrió la táctica dilatoria y ello ha acabado forzando a Google a llegar a un acuerdo con Irlanda para empezar a pagar. Como la sanción no es firme, se ha estipulado una solución intermedia.

Google empezará a pagar con rapidez en varios plazos, pero el dinero -cuyo destinatario final está «sub iudice»- será ingresado en un fondo independiente que lo invertirá con criterios de prudencia. Si al final la sentencia es favorable a la sanción de la Comisión Europea, el monto acumulado ingresará en las arcas del Estado irlandés. En caso contrario, será recuperado por la multinacional.

Es un paso relevante en la lucha contra el ‘dumping fiscal’ practicado por algunos Estados -en este caso Irlanda- que se beneficiaban. El paso es de calado. El PIB irlandés creció el año pasado nada menos que un 7,8 % pero, según un informe del FMI, la cuarta parte se debió a las exportaciones de iPhones. Para Irlanda atraer inversiones con tasas impositivas bajas ha sido un buen negocio.

Ahora el invento empieza a tener límites.