Los hechos.

El Gobierno del PP recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 un recorte sustancial en la inversión en educación. Los diferentes informes elaborados por CC OO sobre la inversión educativa y su impacto en la ciudadanía, ponen de manifiesto la gran fractura social que el Gobierno está provocando en la sociedad española con sus políticas de recortes en capítulos tan importantes como los destinados a garantizar la equidad del sistema educativo y la protección social. Cada euro invertido en la contrarreforma educativa de la LOMCE y en los recortes de los programas sociales relacionados con el bienestar de las personas, ha generado más exclusión, más segregación y más desigualdad.

El informe La inversión se congela y los recortes se cronifican mientras la Lomce sigue en vigor, presentado por CC OO a principio de curso, indica que en 2016 la inversión educativa bajó al 4,26%, situándose por debajo del 4% en 2017 y con una previsión del 3,8% en el Plan Presupuestario que el Gobierno remitió a Bruselas el 16 de octubre pasado. Esta rebaja ya se apuntó en el Programa de Estabilidad 2017-2020, no es, por tanto, un pronóstico de lo que podría pasar, sino un compromiso político adquirido con la UE.

Los recortes han impactado de forma negativa en la enseñanza pública, mientras la privada vio aumentado su presupuesto entre 2008 y 2013 (del 0,78% al 1,08%). Estas duras políticas de ajuste han supuesto la detracción de 9.000 millones de euros durante los dos últimos gobiernos del PP. La mal llamada austeridad le ha costado 3.000 millones de euros a las familias. El incremento del gasto privado va de la mano del avance de la desigualdad, de la pobreza educativa, de la quiebra de la equidad y del debilitamiento de la educación como derecho. El gasto por estudiante ha caído un 21,6% en la educación no universitaria y un 24,7% en la universitaria. Los fondos de becas y ayudas cayeron un 15% entre 2011 y 2015 y aún no se han recuperado.

La enseñanza pública ha perdido 45.000 puestos de trabajo. La disminución del empleo va unida a un cambio en su estructura: se sustituyen empleos fijos por temporales, con menos derechos y más precarios. La tasa de temporalidad ha pasado del 17,3% en el 2012 al 23,56. Uno de cada cuatro trabajadores del sector público educativo es precario. El Personal de Administración y Servicios, tan determinante para la calidad del sistema educativo y el éxito del alumnado, ha sufrido un recorte de más de 6.000 profesionales, acompañado, vía externalizaciones, de la privatización de los servicios que presta.

La tasa de Abandono Escolar Temprano duplica la de los países de la UE y su reducción parece más vinculada a la evolución del ciclo económico que a las políticas e inversiones orientadas a favorecer el éxito educativo y social.

La limitación presupuestaria alerta sobre la precariedad de la inversión pública en educación, el impacto de las políticas de recortes sobre los sectores más desfavorecidos de la población, y las consecuencias tan negativas que estas políticas tendrán para el futuro del país.

Las propuestas.

1. Derogación de la LOMCE y de los decretos de universidad que han empobrecido y debilitado la educación pública y reversión de los recortes ejecutados contra ella. Derogación del RD 14/2012.

2. Llevar la inversión educativa al nivel de los países más avanzados de la Unión Europea: mínimo 5% PIB, con la perspectiva puesta en el 7%.

3. Construcción de un sistema educativo inclusivo; sin barreras.

4. Promover una educación basada en la solidaridad y la cooperación que fomente la creatividad, la imaginación y una cultura de paz.

5. Situar en el centro de las políticas educativas a los y las profesionales de la educación: docentes y no docentes.

6. Recuperar el gasto educativo por alumno/a y los fondos para becas, ayudas y refuerzo escolar. Buscar prioritariamente el éxito escolar para todo el alumnado.

7. Redefinir el papel de las redes de centros y revisar la política de conciertos a centros privados. Contener el gasto privado en educación.

8. Promover y fortalecer la participación de la comunidad educativa, familias, alumnado, ayuntamientos, entidades sociales en la construcción de un sistema educativo de calidad, garantía de éxito educativo y social.

9. Recuperar el empleo. Aumentar las plantillas. Transformar el empleo temporal en empleo fijo. Reforzar y complementar el trabajo docente con nuevos perfiles profesionales relacionados con el Personal de Administración y Servicios.

10. Reducir la tasa de Abandono Educativo Temprano reforzando las ofertas educativas de segunda oportunidad como la Educación de Personas Adultas.

Las conclusiones.

Necesitamos un pacto que nos permita ganar en calidad y en equidad; que refuerce la educación como derecho; que haga de la educación pública el eje vertebrador del sistema educativo; que tenga como objetivo el éxito escolar de la totalidad de nuestros niños, niñas y jóvenes; que dignifique con políticas sociales y laborales el trabajo de los y las profesionales de la educación; que garantice una inversión económica sostenida en el tiempo, así como la reversión de los recortes; que amplíe el escenario de participación de la comunidad educativa. Un pacto para que la educación sea un potente instrumento de transformación social que garantice la cohesión y el bienestar social.