04 de abril de 2018
04.04.2018
Punto de vista

Los políticos y la universidad

"No podemos asegurar que Cifuentes miente. Pero con lo que tenemos en la mano no podemos escapar a la afirmación contundente de que su situación de poder influyó para alcanzar un trato de favor en la obtención de un máster"

04.04.2018 | 04:00
Los políticos y la universidad

Cuando Freud explica la neurosis y su lógica, propone el concepto de complejo psíquico para su comprensión. Para interpretar los actos fallidos y los sueños no necesitó tanto. Le bastó con el concepto de situación psíquica. La pregunta que nos hacemos es qué situación psíquica debía tener Cristina Cifuentes el día 15 de marzo. Entonces cometió el acto fallido de votar en contra de su propia Ley de Universidades.

Toda situación psíquica es un cruce de motivos conscientes e inconscientes. En el acto fallido, estos últimos escapan al control de la censura y acaban imponiendo su acción. Aquel día nos costó trabajo imaginar el motivo inconsciente que podría llevar a Cifuentes a votar contra un ley de su Gobierno. A la luz de lo que hemos visto en los días que siguieron a aquel acto fallido, podemos imaginar una situación psíquica en Cifuentes dominada por un motivo inconsciente: reprimir todo lo que tenga que ver con la Universidad.

No prejuzgo que haya habido irregularidades en la obtención de su máster. La hipótesis del acto fallido nos inclina a suponer, sin embargo, que aquel máster era problemático y que generaba en ella una situación psíquica de tensión. Y no solo el máster. Su relación con la Universidad Rey Juan Carlos es una fuente de problemas, y es fácil que Cifuentes se adelantara a esas dificultades bloqueando con sus propias manos la posibilidad de que se hablara de la Universidad en pleno. ¿Sabía que estaba cerca de estallar el escándalo de su máster? ¿Preveía o presentía que ese escándalo podría estallar en pleno trámite de la Ley de Universidades? Nos asombraría conocer lo que sabe el inconsciente.

Aunque se han descrito los supuestos hechos con precisión, y por ello debemos gratitud a los periodistas de eldiario.es que los han investigado, lo más relevante de todo este confuso asunto son los elementos previos, que quizá hayan pasado más desapercibidos. Y estos elementos nos llevan a analizar las relaciones entre política y universidad, y sus peligros. Como sabemos, muchos miembros de la clase política exhiben profundas inclinaciones a considerar el cobro de comisiones como botín de su gestión. Otros, que no tienen por qué ser diferentes, ponen el ojo en la universidad como una fuente más discreta de beneficios y privilegios. Por supuesto, esto vino preparado por el hecho de que cada gran partido sintió la necesidad de tener su universidad de referencia en las grandes ciudades. Y ese es el origen de muchos escándalos de la Universidad Rey Juan Carlos. Para garantizar estos beneficios discretos, por supuesto, cuanto más débiles sean los rectores mejor. Apenas podemos suponer una debilidad mayor en un rector que ser denunciado por importantes colegas de tu campo como plagiario. ¿Cómo negar un favor al político del que se depende en estas condiciones?

Muchas de las cosas que se han narrado en el caso Cifuentes muestran esa lógica. Ha colocado a su propia hermana por un procedimiento que, según se ha descrito, no parece muy transparente. Pero lo más evidente de su caso es la consideración del poder político como oportunidad de redondear el currículum académico. Esto sólo pasa en España. En los demás países se llega a la vida política con la formación ultimada. Aquí a veces es el punto de partida para ultimarla. ¿Pero alguien considera posible que la ex delegada de Gobierno de Madrid tuviera tiempo para cursar un máster? A la política se debe ir con los deberes formativos ya hechos. De otro modo, se viola la exigencia de igualdad de oportunidades si se usa un puesto influyente y notorio para alcanzar un bien público como es un título de máster.

Como se supo luego por los alumnos, Cifuentes no fue a las clases. Pudo trabajar en casa, se podrá argumentar. O no. Quién sabe. Lo que resulta indiscutible es que matricularse en un máster desde una situación de poder tan fuerte e imponente, implica carecer de sensibilidad para la dimensión coactiva que ello produce. Alguien con un sentido democrático profundo evitaría poner a profesores y alumnos en esa situación que genera la sospecha de que se juega con ventaja. E implica, además, suponer que las percepciones morales de la ciudadanía están tan corrompidas que no son capaces de apreciar aquí un riesgo máximo de trato de favor.

Y eso aunque todas las notas hubieran estado puestas en tiempo y en forma. Pero no se dio el caso. Y aquí entra la parte más extraña de toda la situación. Alguien no autorizado –al parecer una amiga– desde un ordenador ajeno al campus y ajeno a la Administración, cambió las notas. Ahora bien, por analogía con lo que rige en mi universidad, únicamente cuando un funcionario desde la Administración y dentro de la aplicación informática propia produce una rectificación de acta, ésta se genera. Sin el conocimiento de las claves informáticas autorizadas, esto es imposible. Por tanto, a no ser que la citada amiga sea un hacker avezado, no veo cómo pudo operar sin ayuda. Y no solo eso. Es el profesor o profesora de la asignatura quien recibe una comunicación en su correo electrónico avisándole de que ya se ha generado una nueva acta. Y es este profesor/a, desde su campus virtual y usando su clave secreta, quien puede entrar en ella para cumplimentarla. ¿Se comprende el grado de complicidades que tiene que lograrse para que, desde fuera del campus, una persona ajena a la universidad pueda emitir un acta de corrección de notas?

A pesar de todo, se pueden corregir notas dos años después, claro. Pero en ese caso, se requieren pruebas de que el examen se hizo, de que el profesor o la profesora se confundió, o de que la aplicación informática falló, y de que la nota ha de ser corregida. Sin embargo, esa nota fue corregida sin que nadie haya visto el Trabajo de Fin de Máster. ¿Pudo existir en su día y que se perdiera? Podría ser así, y ello acabaría por mostrar cuál era el interés de Cifuentes en el máster. En todo caso, cambiar la nota sin las pruebas necesarias es suficiente para afirmar que hubo trato de favor. Y si se hubiera hecho así, ¿no fue porque la alumna era la presidenta de la Comunidad de Madrid?

No podemos asegurar que Cifuentes miente. Pero con lo que tenemos en la mano no podemos escapar a la afirmación contundente de que su situación de poder influyó para alcanzar un trato de favor en la obtención de un máster, que impuso una lógica de desigualdad en el curso, y que también gozó de trato de favor en la corrección de la nota. Pero entonces, ¿por qué se tuvo que recurrir a esa amiga para la operación de cambiar la nota? ¿Por qué no fue una corrección normal, que siguiera los cauces reglamentarios y hecha por la persona autorizada? Así las cosas, creo que tenemos derecho a hacernos estas preguntas: ¿No se extremaría la solicitud de trato de favor hasta límites que ningún profesor-a ni administrativo-a podría asumir, y se tuvo que recurrir por eso a una señora ajena al sistema, para que si todo se descubriera no hubiera claras responsabilidades? ¿No se buscaría enturbiar el asunto desde el principio? ¿No es esa voluntad de esconder la verdad parte de esa situación psíquica? ¿Y no sería lógico entonces apretar el botón para impedir todo debate sobre la universidad?

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