02 de abril de 2018
02.04.2018
El castillete

República

02.04.2018 | 04:00
República

En relación a la cuestión de la República, dentro de lo que podríamos denominar el movimiento progresista español, existen tres ideas dominantes. La primera de ellas viene a decir que aquella forma de gobierno se residencia en las convicciones, aunque se apoya sin ambages la actual monarquía borbónica, renunciando expresamente al proyecto republicano. Es decir, se acaricia la bandera tricolor en la intimidad, como hacía Aznar con la lengua catalana. Se trata de una actitud no exenta de cinismo e incoherencia.

Una segunda posición argumenta que la República es una exigencia razonable desde una perspectiva democrática (la Jefatura de Estado no debe heredarse), que ha de incluirse en la agenda programática, si bien en un lugar no destacado porque habría en la actualidad otras demandas de carácter socioeconómico y político cuya urgencia relegarían la República a la cola del listado reivindicativo.

Una última postura respecto de la cuestión sostiene que nuestra monarquía no es como la británica o la sueca, relativamente neutras respecto del sistema político-institucional en el que se insertan, que en ambos países pervive dentro de unos estándares, en lo que a libertades y corrupción se refiere, aceptables. Aquí, para empezar, el rey tiene garantizada constitucionalmente la inmunidad ante la Justicia (artículo 56.3 de la Constitución); es decir, haga lo que haga, no puede verse envuelto en un proceso judicial. Ello contraviene el principio liberal más sagrado y antiguo, a saber, la igualdad de todos ante la ley, y nos retrotrae a los privilegios feudales de las antiguas monarquías. Pero es que esa inviolabilidad se ha extendido, de facto, a todos los miembros de la Casa Real. La absolución de la infanta Cristina en el caso Nóos, así como el hecho de que su marido, condenado a seis años por el mismo asunto, pueda estar disfrutando de una vida placentera en Suiza, ponen de manifiesto que en todo lo que concierne al entorno dinástico, la Justicia es sumamente benévola. Ello nos remite a uno de las principales carencias, desde el punto de vista democrático, que presenta el Régimen del 78: la ausencia de separación de poderes, lo cual ha sido señalado con dureza por el Consejo de Europa en octubre de 2016. Una Justicia politizada y partidista es, precisamente, la que está echando leña al fuego en el conflicto de Cataluña, dificultando el imperioso proceso de diálogo y negociación que la situación allí requiere con urgencia.

Las libertades democráticas, fundamentalmente la de expresión, también están sufriendo un progresivo retroceso de la mano de esa Justicia dependiente del poder político. Hace unas semanas, el Tribunal Europeo de Estrasburgo enmendó la plana a la Audiencia Nacional porque esta instancia había condenado a quince meses de prisión a unos jóvenes por quemar un retrato del Rey. Las multas y encarcelamientos se suceden, vinculados a delitos de opinión, lo que es impropio de una democracia. La ONU ha condenado la privación de derechos políticos, por parte del Tribunal Supremo, de un ciudadano catalán encarcelado. En definitiva, la institucionalidad de la que se ha dotado el Régimen del 78 ha hecho posible que, al margen de lo que dice el texto constitucional, las libertades y derechos no estén garantizados en este país. En el ámbito socioeconómico, esa institucionalidad político-judicial no ha servido para evitar que la corrupción, de la mano del bipartidismo, gangrene las distintas Administraciones, y que ese delito goce de una más que relativa impunidad, prueba de lo cual es que tan sólo los intermediarios entre los corruptores (empresas) y corruptos (políticos) están en la cárcel.

El entramado institucional tampoco ha evitado, sino más bien al contrario, que se vulneren los mandatos constitucionales que exhortan a garantizar unos salarios suficientes y unas pensiones dignas, así como el derecho a la vivienda.

Pues bien, la monarquía está en la cúspide de esa arquitectura política y jurídica que no garantiza la separación de poderes, las libertades y los derechos sociales. Tenemos un problema no de Gobierno, sino de Régimen. Y la alternativa a éste no es otra que el regeneracionismo republicano.

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