05 de marzo de 2018
05.03.2018
El Castillete

La libertad, amenazada

"El poder no tiene otro recurso que el de la represión y la amenaza para mantener este estado de cosas"

09.03.2018 | 00:17
La libertad, amenazada

La tenido que ser un Gobierno europeo, el suizo, quien ha puesto blanco sobre negro la anómala situación jurídico-política por la que atraviesa este país en lo tocante a los derechos políticos que asisten a la ciudadanía y a la propia independencia de la Justicia. Su rechazo expreso a que la dirigente de la CUP Ana Gabriel sea extraditada (si hubiese petición formal de las autoridades españolas en ese sentido), aduciendo que la exdiputada anticapitalista no ha cometido delito alguno que justifique esa extradición al tratarse su caso de un delito político, pone de manifiesto que aquí podrían estar persiguiéndose ideas políticas y no actos de alzamiento violento contra el Estado que, sencillamente, no han tenido lugar.

Antes que el Ejecutivo helvético, fue la Justicia belga la que no encontró motivos para hacer caso a la orden de detención que el Supremo cursó contra Puigdemont, lo que obligó al juez Llarena, en una decisión jurídicamente muy extraña, a retirar el requerimiento en el ámbito europeo contra el expresident, reconociendo implícitamente que lo que es delito en España no lo es en Europa. Por el mismo motivo, no va a formalizar la demanda de extradición contra Ana Gabriel. Es el mismo juez que en su último auto sobre Junqueras invoca expresamente la ideología del preso como motivo para no liberarlo.

Al margen de la cuestión catalana, estos días nos han sorprendido con decisiones judiciales y gubernativas que arrojan sombras de duda sobre la pervivencia de un Estado de Derecho y libertades ciudadanas en España. El rapero Valtonyc irá más de tres años a la cárcel por, entre otras razones, injuriar a la Corona, en un auto del Supremo que avala una sentencia previa de la Audiencia Nacional que carece de precedentes en toda la Europa Occidental. Prácticamente coincidiendo con esta resolución judicial, se censura en Arco una exposición del artista Santiago Sierra que hacía referencia a los presos políticos de la España actual. Y un juzgado ordena el secuestro de un libro sobre el narcotráfico gallego. Antes de estos hechos, otros raperos y tuiteros han sido condenados a penas de cárcel y multados, así como sindicalistas.

En los medios de comunicación se ha instalado una suerte de censura previa o autocensura, en un ambiente crecientemente opresivo, como señalaba hace unas semanas un artículo del corresponsal en España del New York Times. Por su parte, Amnistía Internacional ha emitido recientemente un duro informe sobre el estado de las libertades en España. En nuestra región, concretamente en la capital, ya son casi cuarenta los vecinos y vecinas multados por la delegación del Gobierno por manifestarse a favor del soterramiento del AVE, en un claro intento de criminalizar este movimiento vecinal y reprimir unas movilizaciones justas y pacíficas. Todo ello en aplicación de la infame Ley Mordaza, recusada por la ONU.

Un poder profundamente corrompido, que gobierna para las élites y no para el conjunto de la ciudadanía, inmerso en un proceso de hundimiento irrefrenable, no tiene otro recurso que el de la represión y la amenaza para mantener este estado de cosas. Es de manual. Aunque ello le lleve a saltarse la Ley y la Constitución, cuando no a hacer el ridículo más espantoso(como el secuestro de la exposición de Arco o la consagración del delito 'hispánico', que no europeo, de rebelión). Lo sorprendente es que la mayoría de partidos políticos que se ubican presuntamente en la oposición al PP (PSOE y Ciudadanos), mantienen una posición complaciente, cuando no connivente, con este asalto a las libertades. Amparándose en el respeto a las decisiones judiciales, encubren una politización absoluta de los más altos tribunales, sobre todo del Supremo y de la Audiencia Nacional. Una portavoz del PSOE llega a justificar la censura en Arco bajo el sorprendente argumento de que ello 'tranquiliza' el ambiente.

Un Régimen que recorta pensiones, sueldos y servicios públicos, además de esquilmar casi 50.000 millones al año en la corrupción, sólo tiene la porra como único soporte. Aunque se cargue la democracia.

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