Empezamos año natural que aunque el judicial es en septiembre, a efectos de estadísticas y de posibles reformas en enero. Por eso es importante saber lo que el Legislativo y Ejecutivo están dispuestos en este año 2018 a hacer para que mejore la Justicia. Al parecer si se observa el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para este nuevo año, las reformas más destacadas se van a centrar en los procesos civiles y penales.
En cuanto a lo penal, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal puede aparecer o al menos una importante modificación de la misma, sobre todo para que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación criminal, con un juez de garantías que vele por el respeto de los derechos de las partes, como practicar diligencias denegadas por el fiscal y decidir sobre la apertura del juicio oral. Será preciso, en mi opinión, que se modifique no un poco sino un todo el Estatuto del Ministerio Fiscal para que sea absolutamente independiente, como los jueces, en sus decisiones. Lo que no se sabe es lo que va a pasar con la prisión permanente revisable (solo un penado está en esa situación en España), pues los parlamentarios que no son del PP parece que quieren derogarla, aunque la sociedad (siete de cada diez, dicen las encuestas, en las que no creo mucho en general) sí desea que permanezca en nuestro ordenamiento jurídico penal desde el año 2015, para determinados delitos y delincuentes.
Respecto a lo civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil también será reformada, claro que si se obtiene el consenso preciso por los partidos políticos al ser una ley orgánica. Parece ser que las modificaciones van dirigidas principalmente en materia de ejecución de sentencias unificando los procesos, supongo que con una mayor participación de los procuradores (y pensar que hubo un momento en que se pensó, en mi opinión muy desacertadamente, su supresión en los procesos judiciales) junto con los letrados de la administración de Justicia. Mejorar las notificaciones agilizándolas vía telemática y las subastas de bienes embargados ´on line´. También se pretende fomentar la mediación como solución de conflictos extra o intrajudiciales. Finalmente, también el Código Civil en materia de discapacidad para favorecer su legitimidad para obrar puede verse reformada, al igual que la custodia compartida.
Reformas mínimas a llevar a cabo, a las que se pueden añadir otras como un sistema informático unificado para todo el territorio nacional y, por supuesto, que funcione mejor que hasta ahora. O como la lucha contra la usura, para que no tengan que ser los jueces a base de sentencias y de jurisprudencia los que se vayan cargando los intereses desorbitados, el anatocismo o simplemente las cláusulas abusivas en un préstamo u otro cualquier contrato. Y por último, que por fin la mujer del César sea honrada y lo parezca; o lo que es igual, que el ciudadano no perciba la sensación de que la Justicia se encuentra politizada, para lo cual habría que empezar por el nombramiento de los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial, que en mi opinión lo deben ser por los propios profesionales del Derecho, incluidos abogados, procuradores y graduados sociales, entre los candidatos que se presenten al efecto; así no existirían suspicacias a la hora de nombrar magistrados de los tribunales más altos ni en las presidencias de los mismos, sin olvidar la cada vez más creciente reivindicación de las mujeres juezas para ocupar dichos puestos de máxima responsabilidad.
En vos confío, amable legislador.
