Hace unos días, por la Comisión del Congreso que investigaba la crisis financiera, desfilaron Rato, Solbes y Salgado. Comisión, por cierto, un tanto descafeinada por cuanto a instancias de Pedro Saura, del PSOE, los responsables de finanzas durante la debacle bancaria no fueron interpelados como procede, sino que los parlamentarios, en lugar del modelo interrogatorio inherente a comisiones de esa índole, disponían de un turno de repreguntas tras las primeras respuestas del compareciente. Resultó meridianamente claro que los dos partidos (PP y PSOE) que habían tenido algo que ver en la quiebra financiera y el subsiguiente rescate con dinero público de lo que no ha sido sino una estafa, pretendían salvar la cara de los gestores de esa nefasta época en la que se volatilizaron decenas de miles de millones de euros de todas y todos.
Bien, contextualizada esa triple comparecencia, existía un hilo conductor que define y une al exministro del PP con los dos exministros del PSOE. Estos últimos hicieron referencia expresa a ello, mientras que Rato, en su vida y obra, constituye un paradigma del asunto. Me estoy refiriendo a las puertas giratorias, que es lo que subyace tanto en el relato que nos ocupa como en las anomalías que registra la estructura económica de este país, y que conforman eso que se ha dado en llamar capitalismo de amiguetes.
Solbes, preguntado al respecto, aseguró que si no existiesen las puertas giratorias, ello sería una desgracia para la política. El que fuera consejero de la eléctrica Enel (dueña de Endesa) y posteriormente de Barclays, se refería, sin duda, al derecho que asiste a quienes sirven en la política a trabajar posteriormente en el sector privado, de modo que si este derecho se cercenase, las personas con talento y capacidad no desembarcarían en la gestión pública, resintiéndose ésta definitivamente. Un argumento parecido esgrimió al día siguiente Elena Salgado quien, tras afirmar sin ruborizarse que el artículo 135 de la Constitución se reformó para salvar los servicios públicos (curiosa manera de salvarlos: destinando sus recursos a pagar la deuda con los bancos), aseguró que las puertas giratorias son necesarias para que en política estén los mejores, los más preparados.
Nadie niega el derecho de quienes ostentan un cargo público relevante a trabajar en el sector privado una vez que abandonan su responsabilidad política, como tampoco el de quienes, desempeñando un puesto ejecutivo en una gran empresa, acceden a la política para después retornar a su responsabilidad privada. Lo que se cuestiona, porque tanto a nivel ético como estético resulta de difícil asimilación, es que altos representantes de un gobierno, cuando cesan, pasen a prestar servicios para entidades privadas que se hayan visto afectadas por decisiones en las que aquéllos hayan participado. Es muy complicado justificar la presencia de expresidentes y exministros en las jerarquías de grandes empresas sin que estén acreditadas sus habilidades y conocimientos profesionales en el objeto social de aquéllas. Sobre todo cuando estas compañías han resultado beneficiarias de regulaciones gestionadas durante el mandato de quienes acceden a las puertas giratorias.
Porque lo cierto es que quien paga esta costumbre tan asentada en este régimen político es la ciudadanía. Muy poca gente duda de que en España se pagan las tarifas más elevadas de la energía en toda Europa, porque el oligopolio eléctrico fija unos precios políticos con la complicidad de un bipartidismo cuyos políticos encuentran un cálido retiro en los consejos de administración de las empresas del ramo. Algo parecido ocurre con otros sectores estratégicos como la banca o las telecomunicaciones, cuyos abusos sobre el consumidor se asientan en la complicidad de una clase política firmemente decidida a insertarse plenamente en el mundo de los privilegiados.
Decía un representante del PP que una postura inflexible en lo tocante a las puertas giratoria suponía la muerte civil a quienes pasan por la política. La verdad es otra: esta práctica supone la muerte, por parte de quienes pasan por la política, de los intereses generales de la ciudadanía, sacrificados en el altar del Ibex.
