«En la prensa de Murcia y de Madrid se han insertado artículos y notas que reflejan la preocupación de la opinión pública de esta provincia por la situación de la sierra minera de La Unión, cuyos residuos vierten en parte a cauces públicos que desembocan en el Mar Menor, con perjuicio futuro de sus playas y las riquezas naturales de este maravilloso lago».
Esta noticia publicada en el diario Línea el 27 de mayo de 1953, indica que hace 65 años la población ya había tomado conciencia de la necesidad de actuar para evitar que llegaran vertidos incontrolados al entonces cristalino Mar Menor. El artículo añadía un apunte para la esperanza. «Tenemos noticias de que por organismos competentes se estudian las medidas que habrán de adoptarse en evitación de que se causen daños o perjuicios».
Como se puede comprobar, la necesidad de tomar medidas para evitar los vertidos al Mar Menor es un problema que se remonta a varias décadas, pero ni los Gobiernos franquistas, ni de los de la Transición, ni los del PSOE, ni los del PP han hecho nada, en tanto que con el paso de los años el entorno del Mar Menor se transformaba y la degradación de la laguna se ha acelerado, especialmente en los últimos años, ante la desidia de las distintas administraciones.
Todo ello ha desembocado en la situación límite en la que actualmente se encuentra el Mar Menor, una situación que ha precisado de medidas urgentes proporcionales para tratar de revertirla. En cualquier caso, ninguna de las enmiendas de la oposición al decreto de medidas urgentes puede ser catalogada como extrema, porque la mayoría de ellas ya venían impuestas por otras legislaciones agrícolas, ambientales y figuras de protección de la naturaleza. Más importante que hablar del rigor de los nuevos requisitos, es hablar del rigor en la exigencia de su cumplimiento, que hasta ahora ha sido inexistente.
Estas medidas, aprobadas inicialmente por la Asamblea Regional, son provocadas por la inacción y la negligencia responsable del Gobierno que debería aplicado su propio decreto de medidas urgentes en abril del año pasado. La mera existencia del decreto supone cargar las tintas contra los agricultores. El PP tenía que tomar medidas urgentes y sólo lo hizo respecto a la agricultura. Fue un decreto que se aprobó precipitadamente, el mismo día en el que se produjo la dimisión del anterior presidente de la Región y tiene enormes errores y carencias. De ahí la necesidad de enmendarlo en profundidad. Fue un doble error: responsabilizar por entero al sector agrícola del estado del Mar Menor y dejar de tomar medidas necesarias. Es por eso nuestro interés en tener, cuanto antes, una ley integral.
Las decisiones de Ciudadanos se apoyan en informes del Comité Científico y otros expertos, entre los que se encuentran equipo técnico de carácter multidisciplinar, y además está sólidamente fundamentado en la legislación regional, nacional y europea.
En los últimos años un buen número de científicos y técnicos se han pronunciado sobre el Mar Menor a través de informes, conferencias o artículos. De hecho, nuestro equipo técnico ha participado en estas actividades y ha mantenido una colaboración constante con la comunidad científica, incluso aportando y contrastando sus propios trabajos de investigación. Como muestra de ello el portavoz del Comité Científico ha manifestado públicamente que las enmiendas son adecuadas y (cito textualmente) «positivas y razonables para proteger el Mar Menor».
Resulta absurdo, por no decir insultante, desprestigiar estas opiniones, aunque es algo que no nos extraña ya que desde el primer día han tratado de instrumentalizar al Comité Científico, han obviado sus recomendaciones y han intentado que sus representantes firmaran lo que otros querían. Han tratado con un nulo respeto a la comunidad científica y, a la vista de sus argumentos, pretenden seguir haciéndolo. El camino no es la confrontación de argumentos científicos, ni la confrontación entre sectores económicos, ni entre partidos políticos. La cuestión está en advertir y aceptar de forma unánime cuál es el bien amenazado que necesita urgente protección, y en tomar medidas proporcionadas a su situación de gravedad extrema.
Ciudadanos ha sido el primer partido en reivindicar una ley integral del Mar Menor. Fuimos quienes propusimos la necesidad de la misma a los agricultores, que ahora exigen su tramitación urgente. Esta ley debe preservar y recuperar el Mar Menor, y complementar y mejorar las medidas que ahora se adoptan. La ley integral es prioritaria y durante su proceso de elaboración debe contar con la participación de todos los sectores para lograr el consenso más amplio posible. Estaremos abiertos a las sugerencias de todos los colectivos y sectores ya que esta ley debe establecer las mejores condiciones para una actividad económica sostenible en todos los sectores: turismo residencial, actividades náuticas, pesqueras y por supuesto, la agrícola.
Es fundamental la aportación de estos colectivos ya que el mal estado del Mar Menor ha traído como consecuencia un importante descenso del turismo en los últimos años, lo que ha afectado negativamente a sectores como la hostelería o el comercio, en tanto que muchos de los turistas y visitantes habituales de las playas de la zona escogían otros destinos, en muchos casos, los municipios costeros del sur de Alicante.
La forma de actuar de Ciudadanos nunca ha sido atacar y denostar a nadie. Siempre hemos hecho una oposición constructiva. Somos de soluciones y no de reproches. No tenemos ninguna intención de buscar culpables sino remedios. La culpabilidad la decide la justicia que ya está actuando en este tema. No es nuestra función interferir en la acción de la justicia. Nuestro trabajo es tratar de recuperar el Mar Menor actuando con seriedad, profesionalidad y firmeza.
