El primer paso para cualquier propósito de Año Nuevo se llama voluntad, que es precisamente de lo que ha carecido y carece el Partido Popular de Rajoy para atajar, por ejemplo, la corrupción; una lacra de la que 'se esconde' o 'esconde', según dice el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que a cuenta de presuntos corruptos murcianos y del lío catalán está sacando un importante rédito electoral que ya reflejan encuestas de periódicos nacionales e incluso los sondeos regionales de intención de voto; sepultados bajo siete llaves porque, por ejemplo, dan al partido Ciudadanos entre 6 y 8 escaños en la Asamblea Regional a costa fundamentalmente de los populares, que bajarían bastante. Hay diputados naranjas que ya se ven dentro del coche oficial y eso que hace poco más de dos años daban tumbos en el troncomóvil buscando acomodo en el partido que parecía con más posibilidades de pillar sillón y sueldo público.

La cabeza de Barreiro. Rivera exige la cabeza política de Barreiro y amenaza con congelar todos los acuerdos con Rajoy si la senadora no dimite. Muestra de coherencia ante sus potenciales votantes y de simple oportunidad política a año y medio de las elecciones autonómicas y europeas, tras haber forzado de manera muy rentable la dimisión del presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez. Mientras PAS espera la llamada de los jueces se entretiene con una empresa llamada 'Nosce te ipsum 2017 Sociedad Limitada', con sede en Puerto Lumbreras, que tiene como objeto social la consultoría y asesoramiento de empresas y personas físicas «en su más amplia acepción». Quien no ha dejado de asesorar a insignes personas físicas desde que fue forzado a dimitir, que al menos contribuya a la lista de nuevas empresas creadas en la región de Murcia en 2017, de las que luego hará tantos balances como semanas tiene el año el consejero de Empresa, Juan Hernández, a quien los periodistas ya han bautizado cariñosamente 'el cansino', aunque parece más bien 'pitufo optimista' repasando y valorando datos de empleo y economía. Repasas sus declaraciones un día de bajón y te dan ganas de salir a la Gran Vía de Murcia a cantar y bailar La La Land, hasta que te topas con algún barómetro o informe de la Unión Europea, Funcas o de la Autoridad Fiscal Independiente y te chafan la fiesta.

Cinco delitos cinco. El Supremo investiga a Barreiro por nada menos que cinco delitos: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada de los que será interrogada el próximo lunes en el marco del caso Púnica. Supuestamente contrató y pagó con dinero público a uno de los cabecillas de la trama, Alejandro de Pedro, para que mejorara su imagen personal y su reputación en redes sociales. La gravedad de los delitos que se le imputan es incuestionable tras una larga y sesuda investigación por parte de un juez de la Audiencia Nacional y, pese a ello, el presidente López Miras no considera que Barreiro deba dimitir. «No ha cambiado nada, nosotros respetamos la presunción de inocencia», dijo el pasado mes de octubre tras presidir su primer comité ejecutivo del PP de la región de Murcia perdiendo con ello una oportunidad única de marcar distancias con la corrupción y con su mentor político. Lo único que ha conseguido es dar alas a Ciudadanos y, de paso, ceder esa bandera a Alberto Garre, cuyo partido político se presenta como de centro, reformista, regeneracionista y social intentando abarcarlo todo. López Miras ha intentado arreglarlo esta semana advirtiendo muy seriamente de que echará 'a patadas' a cualquier miembro de su equipo «si hay la más mínima sospecha» de corrupción, solo que lo fastidió al añadir al final de su alocución que para ser prudente, justo y equitativo prefiere «que esa decisión la tome un juez» Luego, quien echaría a patadas al corrupto no es él, sino la Justicia. A vueltas nuevamente con la dichosa línea roja y volviendo a confundir responsabilidad política con responsabilidad judicial.

Y después, Pokémon. Me atrevería a aventurar que a Barreiro le quedan dos telediarios, pero no porque el PP de Rajoy haya decidido ser expeditivo contra la corrupción, como evidencia que Andrés Ayala sea el responsable de la oficina anticorrupción del PP, sino para evitar el debate en el Pleno del Senado del suplicatorio, en el caso de que el Supremo decida procesarla, que es lo que la cartagenera ha evitado solicitando ir a declarar voluntariamente ante este tribunal. Lo malo es que se le acumula la faena porque la juez de Lugo que instruye el caso Pokémon también quiere hablar con ella por su viajes a Nueva York regalados por la empresa Hidrogea, antes Aquagest. Si no sale limpia de polvo y paja el próximo lunes, intuyo que acabará renunciando al acta de senadora por indicación de Génova o, de manera pactada, irá al grupo mixto como como sucedió con Rita Barberá, solo que ya será tarde y Albert Rivera podrá grabarse otra muesca en su cinturón, en un momento en el que el partido naranja está en la cresta de la ola demoscópica. Rivera cae simpático, es guapetón, no se le cae la palabra España de la boca y no asusta a los pensionistas y jubilados, que son los que mayoritariamente votan al PP.

Es el protocolo. Sí, la todopoderosa alcaldesa de Cartagena durante veinte años declarará el próximo lunes ante el Tribunal Supremo por el caso Púnica, el mismo caso que dio la puntilla a Pedro Antonio Sánchez, aunque no a su asesor David Conesa, que también está procesado por ese caso y sigue dando órdenes en San Esteban. Debe ser que no suscita la más mínima duda al presidente autonómico que lo mantiene. Y dado que tiene visos de permanecer adjunto a Presidencia, aconsejo encarecidamente al señor Conesa que haga un curso de protocolo para dummies, aunque sea en la UCAM, donde aprueba seguro. Primera lección: la primera autoridad en la región es el presidente de la Comunidad Autónoma como representante del Jefe del Estado por lo que, cuando vuelva un ministro a misa en Caravaca buscando el perdón de los pecados o a cualquier acto oficial en la región, es Fernando López Miras y no el ministro de turno quien debe ocupar el lugar que el protocolo reserva a la primera autoridad política, a no ser que el ministro venga representando al presidente del Gobierno o a su Majestad el Rey.

Si el protocolo es la estética del poder, López Miras no está contribuyendo a construir esa estética de la que tan necesitado está con un Francisco Bernabé que no pierde ripio ni foto oficial y cuya agenda como delegado del Gobierno es propia de un candidato a la presidencia de la Comunidad porque nos anunció hasta de su asistencia a la Cabalgata de Reyes como si eso fuese relevante. Non son pocos los que aseguran que Bernabé es, en realidad, el plan B de Génova en el caso de que las encuestas vaticinen un descalabro electoral en la región de Murcia para el PP. Insisto en que López Miras, que da por hecho que este año será confirmado como candidato del PP a la presidencia autonómica, ya debería haber pasado por un congreso político cuya pátina necesita para despejar dudas. Mientras eso no suceda, seguirá siendo el fruto de la decisión unipersonal de un hombre que lleva camino de batir el récord de imputaciones judiciales porque está afectado por tres casos: Auditorio, Púnica y Pasarelas. Por este último está citado a declarar el próximo 2 de febrero en un juzgado de Lorca.

Esquelas. El año 2018 promete, y no solo porque haya arrancado políticamente en la región con grades esquelas mortuorias en prensa anunciado el deceso del impuesto de sucesiones que la oposición quiere saber quién ha pagado. Unas esquelas tan impactantes como de mal gusto porque las esquelas nunca anuncian nada bueno. En 2007, el PSOE de Cartagena invitó con esquelas a enterrar «la política llevada a cabo por el PP de Pilar Barreiro» y los enterrados acabaron siendo los socialistas del entonces candidato Ignacio Segado. Por cierto, los socialistas que prometían mucho con Diego Conesa como nuevo secretario general, no terminan de arrancar en la región de Murcia y el tiempo se agota. A veces dan ganas de llamar y preguntar: ¿Hay alguien ahí?

Vender al AVE antes de que llegue. Se trata de un año preelectoral en el que, lamentablemente, PP y grandes productores agrícolas quieren rebajar las medidas de protección de un Mar Menor que sigue verde y no admite rebajas de ningún tipo. Un año para el que, como en el cuento de la lechera, se anuncian turistas a miles gracias al aeropuerto de Corvera y el AVE; un tren que aún no está ni en pruebas pero se venderá en FITUR como reclamo turístico para congresistas, dando con ello nuevos argumentos a los vecinos para desconfiar porque ven que la cuchara bivalva no avanza excavando el soterramiento al ritmo prometido. La oposición ha calificado de 'disparate' que vendan un tren que aún no existe. Evidentemente han olvidado que el Gobierno regional de Valcárcel dedicó toda una edición de FITUR al parque Paramount del que solo hay una primera piedra enterrada en medio de un secarral de Alhama. Y si se pudo vender el cuento Paramount en FITUR, cómo no se va poder anunciar una rebaja del IRPF autonómico en 2018 sin concretar en qué cuantía, a qué rentas, ni con qué apoyos políticos, pese a que Murcia lleva camino de ser la única comunidad española que incumpla el objetivo de déficit en 2017. Y eso que no es la única región de España maltratada por el modelo de financiación autonómica. Una rebaja del IRPF «para salvar a las clases medias», anuncia el Gobierno regional a año y medio de elecciones que, por supuesto, cuenta con la bendición de la patronal CROEM, que luego alertará en su boletín de coyuntura de la desbocada deuda regional, del déficit autonómico y exigirá contención del gasto en sanidad y educación. Una rebaja de impuestos que según expertos en economía aplicada, apenas notarían los bolsillos de los murcianos, pero mermaría mucho la recaudación de ingresos, que es lo que necesitan las arcas regionales.

A ver qué dice Montoro de la inoportuna, sorprendente y electoralista propuesta impositiva cuando desde Murcia llamen a su puerta pidiendo más dinero para servicios básicos.