La uda de la almendruca

De secano a regadío.

El Mar Menor no tiene espera, pero tendrá que esperar al 1 de febrero de 2018 para disponer de una Ley Integral de Medidas Urgentes cuyo trámite parlamentario se presenta arduo, pese a la dura denuncia del fiscal, porque sus señorías andan enredados con los matices. Y es así porque los populares ya han advertido de que «no van a facilitar que prosperen iniciativas que aumenten el riesgo de romper el equilibrio entre la agricultura, el turismo y el ecosistema de la laguna», como si el equilibrio no se hubiese ido al traste hace años precisamente por la inacción de unos y la voracidad de otros.

Basta con hacer un recorrido por determinadas zonas de la región de Murcia para comprobar que muchas áreas que antes de 1998 eran de secano se han transformado en regadío y que donde había faldas de monte, mediante roturación y aterrazado, hay ahora grandes extensiones de regadío, especialmente en el campo de Cartagen; aunque legalmente no está permitido porque, ya en 1986, el Real Decreto Ley 3/86 sobre Medidas Urgentes para la ordenación de aprovechamientos hidráulicos en la cuenca del Segura, alertaba en su preámbulo de la «existencia de una grave sobreexplotación en numerosos acuíferos hidráulicos en la cuenca del Segura» y de «un déficit muy importante en muchas zonas regables». La filosofía de ese Real Decreto Ley era, y sigue siendo, no dar nuevas concesiones de agua a nadie salvo excepciones mínimas relacionadas con acuíferos aislados.

En el campo de Cartagena se ha pasado en los últimos años de un cultivo de secano típico del Mediterráneo, cereales o algunos árboles frutales, a los cultivos de regadío que, obviamente, necesitan mucha más agua como los árboles frutales y las hortalizas y subraya el fiscal en su denuncia «la desmesurada e incontrolada roturación del campo de Cartagena para fines agrícolas y la consecuente ampliación de regadíos ha supuesto un aumento de más de 20.000 hectáreas sobre las inicialmente previstas, considerándose al menos ese número en situación de ilegalidad». Una aseveración rápidamente contestada por el consejero de Agricultura, Francisco Jódar, que no sabe de dónde saca esa cifra el fiscal porque dice que «es imposible que haya tal número de hectáreas de regadío ilegal».

Y es ´imposible´ porque Jódar conoce el truco del almendruco y sabe que a cuenta de los sucesivos planes de cuenca del Segura se han venido amnistiando con carácter retroactivo prácticamente todos los regadíos ilegales aunque la ley no permite la creación de nuevos regadíos o ampliación de los ya existentes ni siquiera a cuenta del agua desalada. La versión oficial que ofrece la Confederación Hidrográfica del Segura, CHS, es que «no ha habido amnistía, sólo una normativa que permite la posibilidad de regularizar regadíos no inscritos creados antes del plan de cuenca 2009-2015 y al año 1998, dependiendo de si son regados con aguas desaladas o con recursos propios». ´Regadíos no inscritos´, curioso eufemismo para regadío ilegal.

Unidades de Demanda Agraria.

Supuestamente, el regadío neto en la cuenca del Segura debería haberse mantenido prácticamente inalterable, pero no ha dejado de aumentar a cuenta de las denominadas UDAS o Unidades de Demanda Agraria que delimitan las zonas brutas regables de la cuenca del Segura creadas en 1998. Así es como el organismo de cuenca justifica que donde ayer había olivar, hoy hayan plantado naranjos o alcachofas y, por tanto, no se pueda hablar de regadío ilegal. «Basta con que esté dentro del perímetro de la UDA y que no suponga aumento de la demanda de agua», dicen desde el organismo de cuenca. Por eso dicen con tanta seguridad desde Confederación y desde la consejería de Agricultura que no hay regadíos ilegales, aunque realmente no han dejado de aumentar como asevera el fiscal porque todo regadío sin concesión de agua es ilegal esté dentro o fuera de una UDA y perjudica gravemente al que sí riega y produce legalmente, sobre todo, a los pequeños agricultores.

Por otra parte, cómo nos vamos a creer que no aumenta la superficie en producción si el propio ministerio de Agricultura reconoce que las necesidades de agua para riego han crecido en 105 hectómetros en los últimos años. Por otra parte las UDAS, como el camarote de los hermanos Marx, han ido engullendo la mayoría de roturaciones ilegales que se han producido de tal forma que muchos regadíos de hecho se han transformado en regadíos de derecho aunque no dispongan de concesión de agua porque se encuentran en una zona delimitada como regable. Solo han tenido que comprar el agua porque siempre ha habido gente dispuesta a venderla y tuberías enterradas para transportarla. Es esclarecedor comprobar cómo han ido cambiando los perímetros de las UDAS a cada vuelo de avioneta y todo lo que dentro de ellas se ha transformado en regadío.

La cota 120.

Y luego está la cota 120 del campo de Cartagena que, según admiten los lugareños, «ha sido el coladero de muchos regadíos»; y admito que se ha convertido en una especie de sudoku porque cuanto más pregunto por ella, menos entiendo ya que las respuestas que recibo son contradictorias. La CHS dice que la cota 120 «se creó antes de la llegada de las aguas del trasvase y posteriormente se incluyó en la zona regable del acueducto mediante resolución del organismo del cuenca». Sin embargo, desde la Comunidad de Regantes de Cartagena aseguran que la cota 120 «no riega del trasvase sino de recursos de la cuenca y la reutilización porque no tiene concesión de agua del trasvase», aunque los lugareños con parcela en esa cota dicen que riegan con agua del acueducto del Tajo. La cota 120 es una franja gigantesca de regadío (más de 11.000 hectáreas) junto al Mar Menor que seguro resulta muy interesante al fiscal jefe Díaz Manzanera porque se creó mediante una resolución de agosto de 1986 (varios años después del trasvase) firmada por el entonces presiente de la CHS, Emilio Pérez Pérez por la que autorizaba «en precario y de manera provisional» a la comunidad de regantes de Cartagena a plantar hortalizas (nunca árboles frutales) en esa franja de terreno. Una gran extensión de terreno donde se plantan árboles frutales desde 2004 gracias a otra resolución del entonces presidente de Confederación, Fuentes Zorita, quien levantó la prohibición de plantar cultivos permanentes aunque éstos generen inmediatamente derechos de agua y tienen prioridad en caso de sequía.

Esa autorización en precario que ampliaba la zona regable del trasvase del campo de Cartagena no se publicó en ningún Boletín Oficial del Estado. No consta orden ministerial. Bastó una autorización firmada por un presidente de Confederación. Tampoco aparece la cota 120 en el mapa de regadíos del trasvase que el Sindicato de Regantes tiene colgado en su página web. Esa resolución de agosto de 1986, en su punto cuarto, dice textualmente: «Dado su carácter de provisional y en precario, la presente autorización podrá ser revocada y dejada sin efecto por esta Confederación Hidrográfica cuando estime que existen causas para ello». Una duda: ¿La falta de agua y la contaminación del Mar Menor no son razones suficientes?

Las asociaciones ecologistas no dejan de denunciar roturaciones ilegales de secano en regadío que la consejería de Agricultura reiteradamente minimiza. Las últimas denuncias registradas este año 2017 advierten de grandes roturaciones en La Murta, Marina de Cope y Sucina y algunas de ellas afectan a zona ZEPA, motivo por el que una de ellas ha sido puesta en manos del fiscal por parte del ayuntamiento de Murcia. Entre todas suman alrededor de cuatrocientas hectáreas de secano roturadas para plantar y regar cítricos u hortalizas con la tranquilidad de quien sabe que, como mucho, pagará una multa y, posiblemente, podrá alegar que está dentro del perímetro de una UDA. En los últimos cinco años la CHS ha abierto un millar de expedientes por regadío ilegal, más de la mitad en el campo de Cartagena ¿Cuántos han impuesto sanciones realmente coercitivas? ¿Cuántos han acabado en manos del fiscal por usurpación de caudales públicos? ¿Cuántos de esos expedientados han sido obligados a devolver el terreno a su estado original?

Los agricultores esperan como agua de mayo la apertura de doscientos pozos de sequía en el campo de Cartagena. Les adelanto que el ministerio no está por la labor porque no hay donde verter la salmuera y los nitratos y menos ahora que la fiscalía está exigiendo medidas cautelares. Por eso las declaraciones de impacto ambiental de esos pozos están en manos del ministerio desde hace cuatro o cinco meses pendientes de la autorización definitiva. No es que el presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, tenga manía a los agricultores y quiera fastidiarles la vida. La decisión compete al ministerio cuya secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, en la última reunión del Consejo Nacional del Agua, recibió a Ródenas con un afectuoso abrazo del que debieron tomar buena nota los representantes de los regantes que horas antes habían exigido su cese con una manifestación por las calles de Murcia en defensa del agua que prometió Rajoy, que vuelve a Murcia por Navidad. Una manifestación que, como muchas otras, no va a servir para nada porque como ha dicho el presidente del Sindicato Central de Regantes, SCRATS, Lucas Jiménez «lo único que hoy en España se puede consensuar en materia hídrica es que el agua es H2O».