Piezas separadas

Asegura el exdiputado popular Andrés Ayala, en una nota remitida a esta redacción, que nunca ocultó su vinculación a Adif como consejero, establecida desde principios de este año, lo que acredita con noticias de prensa en las que aparece mencionado en esa función, y califica de ´rastrera y vil´ una información de este periódico al respecto. Añade que Adif no emitió comunicado alguno tras su nombramiento «porque no es necesario», lo cual es discutible tratándose de una empresa pública sobre la que los ciudadanos tienen derecho a disponer de toda información. Puede, además, que Adif no tenga interés en divulgar los fichajes que responden políticamente al esquema de ´puertas giratorias´, consistente en que un día estás en política defendiendo supuestamente el interés general e inmediatamente después entras al consejo de la empresa ante la que había que defender esos intereses. Tal vez, en vez de emitir notas tan airadas, debiera explicar Ayala, en su calidad de consejero, las posiciones mantenidas en Adif acerca de la llegada del Ave a Cartagena, fechas y condiciones. Y al margen de esto cabe preguntar al espacio infinito desde la azotea del faro de Cabo de Palos: ¿no tenían a nadie más en el PP a quien mandar a presidir la Oficina del Cargo Popular, encargada de controlar la existencia de supuestos ´intereses inconfesables´ en quienes acceden a responsabilidades en ese partido?

López Miras, ´salvado´ por el TSJ

La anterior concesionaria de la televisión autonómica, la productora GTM, ha perdido el primero de los tres contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia, que presentó a consecuencia de su descarte en el nuevo concurso, que ganó Secuoya. Este primer contencioso es el relativo precisamente a esa concesión; hay otros dos, uno contra el supuesto incumplimiento por Secuoya de las bases de la adjudicación, y otro acerca de la renovación que otorgó el Gobierno a esta empresa, una vez cumplido el plazo inicial. En caso de que la resolución del tribunal hubiera sido distinta, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, podría haberse visto en una situación incómoda, ya que fue presidente de la mesa de adjudicación del concurso en su calidad entonces de secretario general de la consejería de Economía.

¿Cómo sabe Jódar que los datos del fiscal no son exactos?

Al consejero de Agricultura y Agua, Francisco Jódar, no le cuadran los datos que refleja el informe de la Fiscalía acerca de las roturaciones ilegales en el Campo de Cartagena. Opina que las cifras son muy elevadas. Pero esto no es una cuestión de fe o de impresiones personales. Para rebatir datos, hay que aportar otros datos. Y la consejería debiera disponer de ellos. Claro que si los tiene, habría que preguntar por qué permite cultivos ilegales, y si no los tiene, podría pensarse que desobedece una obligación, la de investigar y compulsar su existencia.

A Andrés Martínez lo echaron por eso

Tiene gracia que Medio Ambiente se decante ahora por el dragado de las golas en La Manga para contribuir a la recuperación del agua del Mar Menor, a pesar de la polémica posterior sobre la posición del Comité Científico. Esa propuesta, la de acometer el dragado, fue la que puso en la picota al anterior director provincial de la Demarcación de Costas, que concluyó con su destitución. Pues bien, si el Gobierno de PAS exigió su cese a Madrid, el de López Miras ha acabado recogiendo esa iniciativa como idónea. Mientras tanto, Andrés Martínez ya no está en el cargo.

´Algo engañoso y mentiroso´

La empresaria Josefina Alcaraz no se mordió la lengua en la última reunión de la Fundación Murcia Futuro, de la que es patrona. Dicha reunión se celebró hace un par de semanas para informar del proceso de disolución, una vez que la actual corporación municipal de Murcia no tiene interés en continuar un proyecto que fue creado por el anterior alcalde, Miguel Ángel Cámara, y a cuyo frente puso a quien fuera concejal de Urbanismo Fernando Berberena. La empresaria calificó la Fundación como «algo engañoso y mentiroso, muy diferente lo que prometieron que se haría a lo que al final se hizo». En realidad, la Fundación fue un soporte para que varios políticos, entre ellos el exalcalde, viajaran a Nueva York a gastos pagados con pretextos culturales que finalmente resultaron un fiasco. El remanente económico que queda es medio millón de euros que no se puede repartir.