Ahora que en los Presupuestos para 2018 se suprime el Impuesto de Sucesiones, el PP, cuyo Gobierno es el que ha de contemplar esa medida, se queda como exclusivo impositor. En lo estrictamente político, claro. La nueva generación que, a trancas y barrancas, se instala hoy en la dirección del partido y del Gobierno no tiene opción a desprenderse de la herencia recibida de sus predecesores. Éstos aguantaron en los sillones hasta más allá de lo prudente, mientras duró la inercia de un poder que parecía inabatible, y cuando por fin cedieron los cetros, la propiedad había entrado en fase de ruina, y es por esto precisamente por lo que escaparon con lo puesto. Los herederos apenas pueden emprender nuevos proyectos o definir políticas para el tiempo presente, aplastados por el peso de la herencia de señuelos electorales con que la generación política anterior consiguió perpetuarse para dejar al final un legado de incumplimientos políticos, retrocesos sociales, desconsideración medioambiental e ingenios inacabados o inviables, todo ello en el contexto del reguero del derroche y de la corrupción mientras se quitaban del foco cruzando las puertas giratorias de instituciones políticas alejadas de la mirada local.
El problema básico del PP murciano es que está obligado a gestionar el pasado, un pasado que se le echa encima a cada instante, sin dejarle espacio para pensar en la Murcia que viene, la que quiere avanzar en los entresijos del siglo XXI. Agua y Mar Menor, dos epígrafes eternos de la agenda regional, caen como una maldición contra el Gobierno popular de nueva generación, más agravados hoy que cuando Valcárcel, Cámara, Barreiro y sus etcéteras (más el corro de eminencias que los rodearon durante veinte años) tomaron posesión de la plaza. Y digo agua y Mar Menor por remitirme sólo a las emergencias de la semana que hoy concluye. En este contexto, el PP de López Miras, perplejo ante las ruinas de lo heredado, está prisionero en sus propias siglas, enfrentado a una situación intratable. Debe intentar abordar los problemas con soluciones diferentes a las que emplearon sus antecesores, pero a la vez no pueden admitir en el espacio público los errores o trapisondas de quienes condujeron a este estado de cosas, pues pertenecen al mismo club.
De ahí parte el error de estrategia del actual Gobierno. Se limitan a negar las evidencias a la vez que, con sus actuaciones en positivo, las reconocen. Ejemplo: todo el empeño de López Miras por evitar que el PP pierda el paso en la política del agua es una admisión implícita de los desnortes anteriores. Esa contradicción formal es difícil de mantener de manera continuada. Y porque en política hay que creer en lo que se hace. Por tanto, hay que partir de la asunción de los errores. Ocurre, sin embargo, que en este capítulo no puede hablarse de errores como tales, ya que el error es el efecto negativo de algo que se intenta de manera bienintencionada. Pero la política del agua del PP no ha sido un error, sino un engaño electoral perfectamente diseñado, en el que la pancarta del ´agua para todos´ no ha dado una gota de agua a nadie y abrió paso al Memorandum por el que se derogaba dulcemente en la práctica el Tajo-Segura a mayor gloria de Cospedal, que como secretaria general del PP es quien tenía facultades para colocar en puestos de escape a los políticos que llevaron a la Región de Murcia al colapso hídrico.
En lo que se refiere al Mar Menor, atiéndase a que la acusación esencial del informe del fiscal se establece en la ´dejación´ de funciones, es decir, en la inacción de las autoridades políticas, consecuencia de lo cual cundía la ´acción´ de quienes acarreaban en la mayor impunidad efectos contaminantes para uno de los más frágiles símbolo del patrimonio natural, atacado con saña con un fin político, es decir, electoral. Para no molestar a grandes bolsas de votantes, se les guiñaba el ojo con la esperanza de que entendieran el mensaje: contaminad y votad, que aquí no pasa nada. ´Dejar hacer´ nunca ha sido la mejor política, porque ese ´dejar hacer´ pronto se convierte en ´hacer de todo´.
El error del actual Gobierno es tratar de minimizar ese desastre, y esto a pesar de que los actuales gestores no son directamente responsables de lo que ha sucedido. Otro clave del ´impuesto de sucesiones´ político. Desde que Anse destapó la ´sopa verde´, el Gobierno se empeña en señalar mejoras en la salud de la laguna, que milagrosas habrían de ser, dada la irrelevancia de las medidas adoptadas. Una actitud equivalente a cuando, inmediatamente después de que Zapatero, por fin, admitiera la existencia de la crisis económica bajo su Gobierno, su ministra de Economía ya señalaba la existencia de ´brotes verdes´ que la aliviaban. Este tipo de incongruencias se han pagado electoralmente, y el Gobierno de López Miras debiera aprender de tales episodios. Nunca debería relativizar las consecuencias de las agresiones al Mar Menor; por el contrario, tendría que ponerse en vanguardia, por delante de los propios ecologistas. Es la única manera de ganar credibilidad. Pero, claro, esto supondría admitir que los predecesores no estuvieron atentos a algo de tamaña importancia. Es decir, que estuvieron atentos para permitirlo y que esa permisividad se convirtiera en votos.
El hecho mismo de que López Miras, como anteriormente PAS, esté enfrentado a la actual cúpula de la Confederación, ante la que el fiscal no se ha detenido, cuestiona la política del Gobierno regional al respecto, pues también ahora preocupan al PP las consecuencias electorales derivadas de las responsabilidades penales que distribuye la Fiscalía. La solución política sería darle la vuelta a esas inercias, y que el Gobierno se pusiera al frente de las denuncias. Y eso que el fiscal, en su resolución técnica, ha aliviado indirectamente la posición de San Esteban, pues ha metido en el saco a dos expresidentes de la Confederación de la etapa socialista, y se ha olvidado de otro fiscal que fue consejero de Medio Ambiente, Manuel Campos, y hasta del propio Valcárcel, que alguna responsabilidad tendría en las decisiones que tomaba su consejero Antonio Cerdá, a quien mantuvo durante veinte años y endosó finalmente a su sucesor, Alberto Garre.
La política del Gobierno de López Miras se resuelve en tratar de contener los desastres de gestión de su partido en el pasado que ahora caen sobre sus espaldas. Si los asume como propios acabará pagando el ´impuesto de sucesiones´, incluso a pesar de que él mismo lo ha suprimido.
