El Mar Menor no lo está matando la contaminación por nitratos, lo está matando algo mucho peor y es la contaminación política. El vídeo de la sopa verde que realizó y difundió la asociación ecologista ANSE en mayo de 2016 obligó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Ya sabían lo que estaba pasando, pero vergonzosamente miraban para otro lado porque, entre otras cosas, la agricultura es sagrada en la región de Murcia y los intereses económicos y electorales son muy fuertes.

Ante la magnitud del guantazo en imágenes, la Confederación Hidrográfica del Segura no tuvo más remedio que taponar la red de tuberías de vertidos de salmueras y nitratos al Mar Menor desde la rambla del Albujón. Es lo único que se ha hecho en año y medio. Y como el organismo de cuenca tiene verdadero pánico a lo que pueda deparar la querella de la Fiscalía por presunto delito ecológico, también está desmantelando la red salmoreoductos que costó una millonada de dinero público para evitar pinchazos ilegales y nuevos vertidos a la laguna salada. El organismo de cuenca sabe que se sigue extrayendo agua, desalobrando en cobertizos y chozas e inyectando la salmuera en el acuífero de tal manera que los que disponen de pozos legales sacan agua con tal índice de conductividad que secan todo lo que riegan. No descubro nada si afirmo que el acuífero del campo de Cartagena está contaminado y que alrededor de 70 hectómetros cúbicos de vertidos subterráneos se filtran cada año al Mar Menor de manera oculta y silenciosa, según un estudio publicado en la revista científica Environmental Rewiews que evidencia que hay que actuar en origen sin demora.

Decreto de medidas. La consejera Martínez Cachá, acuciada por el escándalo ambiental de la sopa verde, se lanzó al ruedo con un Decreto Ley de Medidas Urgentes para salvar al Mar Menor con el que demostrar a la opinión pública que el Gobierno regional era expeditivo. De aquel decreto publicado en el BORM en abril de 2017, actualmente en vigor, no se ha cumplido casi nada. Menos mal que eran medidas urgentes. Contempla, por ejemplo, la plantación de setos arbóreos en los linderos de las fincas de la zona 1 con un plazo de nueve meses que expira el próximo mes de enero sin que se haya plantado un solo matujo autóctono; y no incide en el control de abonos aunque el Mar Menor y el campo de Cartagena está declarada por la Unión Europea como «zona sensible a la contaminación por nitratos».

Si fuésemos mal pensados, pensaríamos que el PP aprobó un Real Decreto de Medidas Urgentes sin voluntad de aplicarlo ante la presión de algunas organizaciones agrarias y ahora vocifera contra la oposición porque, posiblemente, confiaba en que ese Decreto Ley de mínimos se aprobase tal cual en el Parlamento. Con lo que no contaba el PP, porque siempre logra convencer a Ciudadanos, es con que PSOE, Podemos y Ciudadanos, en un arranque de responsabilidad, votasen a favor de su convalidación para tramitarlo y aprobarlo como proyecto de ley de tal forma que pudiesen enmendarlo y convertirlo en una herramienta realmente útil. Y así llegamos al cuento de La maligna oposición que soñaba con algarrobos y a sus polémicas 43 enmiendas al Decreto Ley de Medidas Urgentes para salvar el Mar Menor con las que, según el diputado popular, Jesús Cano, «dan la estocada de muerte el campo de Cartagena» porque asegura que «con la plantación de setos se cargan 7.000 hectáreas en producción, fulmina los cultivos actuales y manda al paro a 20.000 personas». Así lo ha dicho intentado alarmar a la sociedad y amedrentar a la oposición cuya fortaleza y resistencia el PP va a poner a prueba hasta el próximo 15 de enero que es la fecha fijada por la Comisión del Mar Menor para que una ponencia revise nuevamente las medidas urgentes a adoptar como si el Mar Menor tuviese espera.

»Ni ahora ni nunca»Los populares, a falta de agua que dar a los agricultores y conscientes de que pueden perder muchos votos en el campo ante el empuje de Garre, se han lanzado a boicotear «unas enmiendas que no quieren que se aprueben ni ahora ni nunca», eso dijo el diputado Cano tras ser advertido en los mismos pasillos de la Asamblea por los líderes de FECOAM y COAG-Cartagena: «Si esto se aprueba hay que arreglarlo. Habrá que derogarlo con alguna medida legislativa», le espetaron. Sí, son los mismos agricultores que, según el consejero Francisco Jódar, «son un modelo en toda Europa de agricultura sostenible».

La oposición, que durante meses ha consultado a agrónomos, biólogos, pescadores, ecologistas, pequeños agricultores y científicos para redactar sus enmiendas, se mantiene unida y firme en defensa del Mar Menor porque los expertos les aseguran que sus propuestas «son perfectamente asumibles» por los agricultores que son parte del problema, pero también deben ser parte de la solución adoptando buenas prácticas agrícolas y cambiando la mentalidad de producción y cultivo. Su verdadero problema no son esas enmiendas, sino la falta de agua que sí puede mandar al paro a miles de personas.

Incumplimiento. Ninguna de las 43 enmiendas de la oposición contempla ampliar de cien a 2.000 metros la franja no cultivable en torno al Mar Menor como contaron desde el PP. Eso ha sido un bulo que nos hemos tragado los periodistas. Y no puede calificarse de tropelía querer extender a todo el campo de Cartagena (no solo en la zona 1) la plantación de setos arbóreos para frenar las escorrentías, detener la erosión, controlar las plagas y servir de refugio a la fauna local. Se trataría de plantar setos a lo largo de los linderos de las parcelas manteniendo un ancho de seto de 2 a 3 metros como ya recoge el Decreto Ley en vigor. Un decreto que no se está cumpliendo, aunque el Gobierno regional ande apremiando a los científicos para actuar ya en el Mar Menor. Pues bastaría con que hicieran cumplir lo que publican en el BORM.

El diputado Jesús Cano (tan aficionado a las hipérboles) ha llegado a decir que «solo se podrán cultivar algarrobos y cereales porque se prohíben fertilizantes orgánicos e inorgánicos». Pues no consta en ninguna de las enmiendas de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, tras consultar a ingenieros agrónomos, solo quieren prohibir el uso de «fertilizantes de solubilidad rápida y altamente contaminantes»; y que se prime la progresiva transformación de la actividad agrícola hacia la producción ecológica especialmente en la zona 1 del Mar Menor con el fin de evitar los problemas de contaminación ya conocidos.

Sin tocar la agricultura. Puede que la madre del cordero de las terribles enmiendas de la maligna oposición que soñaba con algarrobos sea otra. Realmente cuesta entender que alguien con responsabilidad y sentido común pueda oponerse a propuestas tan sensatas como que «las desalobradoras autorizadas incorporen procesos de desnitrificación», que no se cultive en pendiente sino siguiendo la orografía del terreno, que se «prohíba la creación de nuevas superficies de cultivo o ampliación de las existentes» o que «toda la superficie situada fuera del perímetro de regadío legal sea restituida a sus condiciones originales (secano o vegetación natural) sin perjuicio de la aplicación de la sanciones que pudieran corresponder» dado que no es admisible que situaciones ilegales agraven la degradación ambiental del Mar Menor cuando, además, no hay agua para nadie. El PP quiere salvar el Mar Menor sin tocar la agricultura y eso es imposible debido a la sobreexplotación.

Mapa de regadíos. Y así llegamos al mapa de regadíos ilegales en el campo de Cartagena que ultima la asociación ecologista ANSE (premio nacional a la Conservación de la Biodiversidad 2017 por la Fundación BBVA) y que promete ser tan escandaloso o más que el vídeo de la sopa verde si son ciertas las cifras que barajan. No son cientos, sino miles, las hectáreas de regadío ilegal en el campo de Cartagena. Un mapa que, a buen seguro, resultará muy útil a la Fiscalía que está foliando su querella y está decidida a dar con los responsables que, por acción u omisión, han permitido un atentado ambiental de tal magnitud en el Mar Menor. En Fiscalía no dan crédito a lo que han descubierto preparando la denuncia.

Los agricultores no quieren ser señalados como los únicos responsables y exigen una Ley Integral del Mar Menor que regule todos los usos: agrícolas, pesqueros, náuticos y urbanísticos. Tienen razón. Bastaría con el Gobierno regional aprobase de una vez el Plan de Gestión Integral de Espacios Protegidos del Mar Menor y Franja Litoral que debería haber aprobado en 2012 por imperativo europeo y ha sometido a exposición pública en dos ocasiones solo para retrasar su aprobación.

El portavoz el comité de asesoramiento científico, Ángel Pérez Ruzafa, admite que «resulta exasperante» la lentitud con la que se está respondiendo al grave problema del Mar Menor, mientras el presidente López Miras culpa a los científicos de esa lentitud y su diputado Cano en la Asamblea celebra que con la ponencia ha conseguido «detener el debate de esta locura» en alusión a 13 enmiendas de la maligna oposición que soñaba con algarrobos cuando la verdadera locura es retrasar otros dos meses las medidas urgentes que requiere el Mar Menor.

El Mar Menor está sufriendo la peor contaminación posible y es la contaminación política. El problema es de tal magnitud que esas enmiendas tan terribles para el PP se siguen quedando cortas. El Mar Menor se está muriendo y requiere de medidas urgentes, valientes y comprometidas pero, sobre todo, de un cambio de mentalidad agrícola y política o llegará a un punto de no retorno. Hay que descontaminar el acuífero y para eso es necesario, entre otras cosas, reducir la presión agrícola en origen como dicen los científicos. Clarear el agua verde del Mar Menor haciendo que entre más agua del Mediterráneo como quiere el gobierno regional no soluciona nada porque sigue entrando agua contaminada del acuífero por el subsuelo. Aún estamos a tiempo, mañana será tarde y solo podremos decir aquello de «y colorín colorado y este Mar Menor se ha acabado».