30 de agosto de 2017
30.08.2017
Tribuna

La política del 'me gusta'

"En un caso complejo, con múltiples aristas, el gran éxito de Juana Rivas y de sus asesores ha sido el modo en el que han logrado imponer su relato entre la sociedad española, pese a las múltiples preguntas que deja en el aire"

31.08.2017 | 23:45

Hay que ponerse en el lugar de esta madre». Mucha gente suscribiría, sin dudarlo, esta sentencia aplicada a Juana Rivas, la granadina que el pasado 26 de julio se fugó con sus dos hijos, de tres y once años, para evitar entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de malos tratos. Cualquier ciudadano de a pie podría deslizar esa frase en medio de una conversación, pública o privada, sin temor al reproche. Pero el que nunca debería hacerlo, quien no debería jamás disculpar la actuación de una mujer que, por buenas que puedan ser sus razones, se ha saltado las leyes fugándose con dos menores, es un representante público. Y menos cuando se trata del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es precisamente el autor de esas palabras.

Rajoy no ha sido el único político con cargo que ha puesto paños calientes al secuestro de los menores. La socialista Susana Díaz, presidenta de Andalucía, se solidarizó inicialmente con la madre granadina e incluso anunció que la Junta de Andalucía le daría asesoramiento legal. Un posicionamiento que sólo ha matizado tras la entrega de los menores, cuando ha escenificado su sometimiento a la Justicia para, acto seguido, reclamar las modificaciones legislativas oportunas para evitar que «un hombre, con sentencia de haber maltratado a su pareja, tenga la custodia de sus hijos». Unas situaciones, sostiene Díaz, que «la Ley ampara».

La tibieza de los políticos ante este caso es un ejemplo claro de ´crowd-pleasing´, de actuar conforme al agrado general. Lo que viene siendo el ´quedar bien´ de toda la vida, pero que en esta era de superficialidad y redes sociales casi podríamos bautizar como la política del ´me gusta´.

Con los políticos trabajando a favor de obra y una fuerte presión social, Juana Rivas alargó su huida durante un mes, poniendo en un brete al poder judicial. Una tensión que hizo mella en el Juzgado de guardia de Granada que días antes de la definitiva entrega de los menores, de nuevo en un ejercicio de ´crowd-pleasing´, dejó en libertad provisional a Rivas, con evidente riesgo de fuga y después de que se hubiese negado a cumplir los requerimientos de entrega de los niños.

En un caso complejo, con múltiples aristas, el gran éxito de Juana Rivas y de sus asesores ha sido el modo en el que han logrado imponer su relato entre la sociedad española, pese a las múltiples preguntas que deja en el aire. La condena de Arcuri en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, de la que no se conocen más detalles, ha servido de percha a la versión de la granadina, garantizando al italiano el papel de antagonista.

Que en el caso de Juana Rivas se han cometido errores judiciales es evidente. No es de recibo que una denuncia por malos tratos tarde un año en tramitarse, ni que un juzgado español paralice un proceso durante cinco meses por no enviar una copia traducida del expediente a Italia. Esta demora es la que ha propiciado que la denuncia de Arcuri por sustracción internacional haya prosperado, mientras la de malos tratos sigue su vía crucis por los juzgados. Pero que haya habido errores no quiere decir que la ley esté mal diseñada o deficientemente redactada. Eso es materia de otro debate, uno que debería comenzar ahora, una vez devueltos los menores.

Juana Rivas difícilmente pisará la cárcel. Aún en el caso de que sea condenada en un juzgado por el secuestro de sus dos hijos, las circunstancias de este caso y su vertiente mediática la hacen candidata evidente a un indulto parlamentario. Aunque esa figura no es la más adecuada dentro de un estado de derecho, y menos tras su aplicación indiscriminada en casos de corrupción en los últimos años, puede ser una medida justa en el caso de que finalmente se demuestre que la versión de la granadina, su relato, está ajustada a la verdad, y Arcuri sea condenado por los malos tratos que su expareja asegura haber padecido entre 2013 y 2016, cuando ambos residían en la localidad italiana de Carloforte.

Pero hasta que ese día llegue, la única sentencia que un representante político debería formular, en relación con este caso y con cualquier otro incumplimiento flagrante de las leyes como el que ha protagonizado Juana Rivas, es tan vieja como la propia civilización: «Dura lex, sed lex». La ley es dura, pero es la ley. No genera ´likes´, pero es justa.

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