29 de agosto de 2017
29.08.2017
Tribuna libre

La decisión del Rey

31.08.2017 | 20:43
La decisión del Rey

'La decisión del rey' es una película histórica fría y elegante, por mucho que sea una película patriótica. Ya se pueden imaginar, de patriotismo noruego. Ni una palabra de más, ni un aspaviento. Sin embargo, su sentido del ritmo está diseñado para acompañar el sentido del tiempo del rey Haakon VII, en medio del torbellino de la II Guerra Mundial. La trama está diseñada alrededor de esa pedagogía del manejo del tiempo. Al final, Haakon puede esperar con la seguridad en sí mismo propia de quien tiene las cosas claras. Su sentido del honor y de la dignidad es profundamente emocionante.

Hay una escena inicial que marca todo el film y define su dramatismo. Es cuando llegan noticias de que barcos de guerra se acercan a las aguas noruegas. En estas condiciones ya no se puede ser neutral. La familia real se reúne. Haakon, prudente y familiar, pregunta a la esposa del heredero qué piensa. Esta, con la discreción propia de su posición, se niega a darle una respuesta directa. Pero lo que le dice es la clave de la película. «Espero que en esta guerra Noruega no se coloque en el lado equivocado». Lo que orientó al rey, al ejército, al parlamento y a todos los responsables fue que el pueblo noruego por abrumadora mayoría no se sentía aliado del régimen nazi.

El rey representó con dignidad este sentimiento, aludió a su sentido democrático (había sido elegido por los noruegos), y no se dejó impresionar. No sólo se negó a aceptar la dimisión del presidente del gobierno exigiéndole que cumpliera con su deber en una situación difícil, sino que luego aceptó en todo momento el criterio del parlamento y de ese mismo gobierno, a pesar de ese gesto poco glorioso. Sin embargo, con rotundidad declaró que si ese parlamento aceptaba al golpista pronazi Quisling, él no se vincularía a ese criterio y se iría.

Estas películas se deberían ver por aquí, para enfriar un poco la sangre con hielo noruego. Y no solo las deberían ver los responsables políticos, sino los ciudadanos, para ponernos en la situación adecuada de reflexión ante decisiones difíciles. Esa es la hora de los grandes principios. Y en realidad en una situación semejante nos encontramos los españoles, pues de lo que suceda de aquí a primeros de octubre dependerá el futuro de nuestro Estado democrático de derecho. Que la situación es extrema se vio en la manifestación de Barcelona. Estábamos de duelo y ni siquiera entonces dejamos de llevar banderas y mostrar pancartas. Eso es sintomático de que estamos en posiciones absolutas. Ya se contamina hasta lo existencialmente más básico, la muerte.

Que la gravedad es extrema lo sabíamos desde hace años. Las situaciones de escalada están diseñadas para que sólo se vea lo irreversible que encierran al final del proceso, cuando ya todos estén presos de él. Y el sentido de la escalada dictaba un paso añadido. No se ha esperado ni un día más para hacer pública la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, la llamada ley de desconexión de la futura república catalana. Y ante esta situación la decisión ya está ahí, donde uno no debe quedar en el lado equivocado. Pues más allá de todas las interpretaciones, uno no debe pensar que estas cosas se hacen para luego no hacerse.

Lo más sensato que se puede decir de esta ley es que eleva la actual minoría del Parlament a poder constituyente real, aunque peculiar. Esto es muy extraño. Aprobará una ley condicional que estará en el limbo, aprobada y no aprobada a la vez, a la espera de que el referéndum decida el sí. Tenemos entonces una ley hipotética dictada por el parlamento de una autonomía que será constituyente de una república. «Una vez proclamada la independencia de Cataluña», dice el documento, «será imprescindible dar forma a los elementos constitutivos básicos del nuevo Estado». Sin embargo, esta ley se hace ya en nombre del nuevo sujeto que todavía no ha nacido. Tutela autonómica del nasciturus republicano, constitución antes del constituyente, la proclama antes de la proclamación, todo tiene el sentido de una causa sui que es la señal de un vacío, de una herida: la que se evita al no pronunciar la palabra: secesión. Si el pueblo catalán vota sí en el referéndum tendrá que aplicar una ley que ha emanado de otra instancia, no de él. Quien vote sí, votará sobre todo que se aplique esta ley que no se podrá alterar retroactivamente. Es un referéndum que determinará los demás. Los que han presentado esta ley lo hacen para que los votantes no se engañen. «Se trata de que la ciudadanía conozca el marco y lo que tiene que ser la república catalana», han dicho. Pero si hay algo claro es que los que voten el día 1 no lo decidirán. Sólo se adherirán a «lo que tiene que ser la república catalana». «Los que hasta ahora no se han sentido interpelados, tienen que poder tomar una decisión». Eso ha dicho Corominas. La decisión del rey.

Lo que se prevé es tomar posesión de todas las administraciones del Estado en Cataluña. Incluida la expulsión del Ejército. Por supuesto, la ley permite no solo decidir quién tendrá la nacionalidad catalana, sino también quien tendrá la nacionalidad española. Tomará decisiones por sí y como si fuera el poder constituyente del otro Estado. Esto es más extraño todavía. Por supuesto, que masivamente todos los ciudadanos de Cataluña puedan tener nacionalidad española no significa ninguna obligación de ellos respecto de España. Podrán tener todos los derechos de un ciudadano español, pero sin ninguna de las obligaciones. Este concepto de ciudadanía con doble nacionalidad es sorprendente. Viene a decir que todo seguirá igual para el que se sienta español, o para el que quiera gozar de los derechos de España, pero sólo tendrá que pagar a la nueva República. De este modo se pretende resolver el principal problema: siendo un Estado independiente no le quitan derechos a nadie, porque todos podrán seguir siendo españoles; sólo que dejarán de pagar impuestos a España.

Da la impresión de que estos genios del derecho no han previsto la respuesta: si es que en Cataluña puede existir tal cantidad de ciudadanos españoles, entonces es lógico que España quiera tener un pacto de estatus con ese territorio, un pacto que –hay que recordarlo- un TC español rompió. De eso nada, dice esta ley. Todos los derechos, ninguna obligación, ningún pacto. De este modo, todos los catalanes seguirían dentro de la UE aunque Cataluña saliera de ella. Bertrand Russell cobraría derechos de autor. Las propiedades del conjunto de todos los conjuntos (Cataluña) no serán las mismas que las de los elementos que lo forman (catalanes). Por supuesto, de este modo, el nuevo sujeto no será parte de Europa, pero todos sus ciudadanos lo serán. Cataluña podrá hacer valer la ley europea sin haberla aprobado ni pactado.

Analizar 84 artículos es una tarea larga y difícil. Pero vamos al asunto de la «Decisión del Rey». No estar en el lado equivocado. Y este es el lado del Estado democrático de Derecho, claro, que es algo más que la legalidad (algo que no ha entendido Rajoy), pero que es inseparable de la legalidad. Esta Ley reposa sobre el vacío, y no goza de continuidad jurídica, la base primordial del Estado de derecho. Pero más allá de todo ello, creo que lo que llevó al rey Haakon a tomar la decisión correcta es que no podemos estar del lado de los poderes que someten a sus pueblos a estas decisiones tremendas. Si las exigen, entonces debemos estar en el otro lado.

Porque ellas mismas son en sí violentas, extremas y exigen que todos los ciudadanos compartan el feroz espíritu de seguridad, extremismo y radicalidad propios de quienes están instalados en posiciones absolutas. Y estas son inhumanas y dañinas, y bloquean el libre uso del juicio y de la conciencia. No son sanas.

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