Se acumulan las señales de que el final del largo ciclo político de Gobiernos del PP en la Región de Murcia es inminente y tiene fecha fija: las autonómicas y municipales de 2019, en menos de dos años.

He dicho muchas veces que la política no es una ciencia exacta y que hacer pronósticos con un plazo como ese tiene un inevitable componente especulativo, pero tampoco es por completo azarosa: se pueden interpretar los hechos, las tendencias y la dirección a que apuntan los acontecimientos.

Si los últimos ocho años han mostrado un claro declive electoral del PP en el dilatado proceso que se inició en 1993, hace 24 años, los acontecimientos de los últimos meses confirman que esta decadencia es imparable y que se está acelerando el deterioro de las bases socio-políticas en que se fundamentaba la hegemonía (que llegó a ser abrumadora) de este régimen de monopartido.

Aunque la gran quiebra electoral popular se produjo en realidad a partir de 2011, con caídas de más de veinte puntos respecto a las elecciones de referencia anteriores en cada ámbito (a pesar de una moderada recuperación en las generales de 2016), la situación no ha hecho sino deteriorarse fatalmente desde entonces.

Diversos factores dan cuenta contundentemente de esta afirmación:

-el cambio de la ley electoral regional hacia una mucho más proporcional que retira al PP el plus de representación que obtenía artificialmente en la cámara autonómica.

-la grave crisis política que ha supuesto la dimisión del presidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez, todavía diputado y presidente del partido, que aún no está cerrada y que amenaza con dañar aún más a esta formación a partir de la apertura de juicio oral en dos procesos distintos por siete delitos.

-la imposibilidad de consolidar un nuevo liderazgo alternativo que a estas alturas ya sabemos no puede satisfacer el endeble nuevo presidente regional Fernando López Miras (la debilitación del delfinato dedocrático).

-el incumplimiento definitivo de las principales promesas electorales de este partido, empezando por la mejora de la financiación autonómica y siguiendo por la política del agua, además de los escasos resultados en las grandes infraestructuras.

-la erosión general del PP como partido, lastrado por la corrupción, que tiene en Murcia su propio florido repertorio, más allá del expresidente PAS.

-los cambios socioelectorales de sus apoyos como consecuencia de los efectos acumulados de la situación sobre sectores más afines, como los pequeños empresarios y promotores inmobiliarios arruinados o los decepcionados e irritados regantes, por no hablar de la desafección generalizada de los jóvenes, etc.

Aún podemos añadir otros factores significativos como la articulación de una nueva fuerza de la derecha autonómica a partir de la iniciativa del expresidente Garre, que puede tener su propio recorrido, muy enfrentado a los dirigentes nacionales y regionales del PP, o el efecto que pueden tener la gestión de la mayoría de Ayuntamientos gobernados por la oposición desde 2015.

Por todo ello me atrevo a pronosticar que a partir de 2019 el PP se verá muy probablemente obligado a abandonar el Gobierno de la región. La única esperanza se reduce ya a un Gobierno de coalición con Ciudadanos, siempre que sumen los diputados necesarios, y aún así la veo improbable por el desgaste que supondría para los de Rivera esta opción de salvar como partido de gobierno a un PP en fuerte retroceso y en una cámara con otro partido compitiendo en el centro-derecha (al que no veo pactando con el PP) y una izquierda cada vez más activa y con nuevos impulsos de renovación.

Si se dan las condiciones, y en ello va a influir la situación política general del país que suele determinar la esfera política murciana, siempre dotada de escasa autonomía, hay que apostar por la probabilidad de otra mayoría a partir de 2019 sin el PP, que no se ha podido producir ante la dimisión de PAS pero que será mucho más viable en ese momento.

Lo que no necesariamente ha de significar un Gobierno sostenido en exclusiva por las fuerzas de la izquierda, que no es previsible (y personalmente lo lamento) que puedan reunir los diputados necesarios para gobernar en una región que muestra todavía un fuerte sesgo conservador como Murcia. Aún así, la posibilidad de este cambio posible (la salida del PP después de un cuarto de siglo del Gobierno regional) está ahora nítidamente dibujada a mi juicio en un horizonte próximo.

¿Será eso suficiente para una reorientación en profundidad de la política regional frente a la gestión desarrollada en estos años por el PP? Esto ya si que es mucho más especulativo, pero más allá de los hipotéticos cambios en ámbitos de políticas nucleares como son la financiación regional, la orientación económica, la política social y de servicios públicos o la política territorial y ambiental, sólo la introducción de una nueva tensión ética regeneradora que corte de raíz la corrupción, revitalice la participación ciudadana y garantice la transparencia y rendición de cuentas en nuestras instituciones (todas ellas asignaturas suspendidas por el PP) merecen el empeño de poner fin a la insoportable degradación de la política en la región a que nos ha conducido este partido.