15 de julio de 2017
15.07.2017
Rosa Roda News

Maíllo se perdió en Barrio Sésamo

14.07.2017 | 22:03

Barrio Sésamo se estrenó el 10 de noviembre de 1969 en la televisión estadounidense. Desde entonces, esta producción de Jim Henson nos ha enseñado a muchos a contar, a diferenciar entre arriba y abajo y a cómo no comer galletas, entre otros conocimientos básicos. He llegado a la terrible conclusión de que Fernando Martínez Maillo se perdió las lecciones de Coco porque SEIS es más que UNO.

Sí, señor Maillo, sí. SEIS y no UNO son los delitos que dos jueces (cuatro si contamos a Consuelo Andreo y Eloy Velasco) nada sospechosos de simpatizar con la izquierda atribuyen a Pedro Antonio Sánchez: cohecho, fraude a ente público, revelación de información reservada, prevaricación, fraude de subvenciones y fraude de contratos por las causas Púnica y Auditorio; y los seis, castigados con penas de cárcel o inhabilitación; y los seis, según el Consejo General del Poder Judicial, delitos de corrupción política. Una lección de Derecho básico que también debió perderse el coordinador general del PP que, a estas alturas de la película, vuelve con la cantinela de que la prevaricación no es corrupción política sino una irregularidad administrativa. Exactamente la misma e impresentable cantinela que sostiene la ex jueza y alcaldesa de Podemos Manuela Carmena, que tampoco considera delito la prevaricación y no cesará a dos de sus concejales imputados; o la alcaldesa socialista de Cartagena, Ana Belén Castejón, que por el bastón de mando municipal se ha cargado el discurso anticorrupción del PSRM-PSOE al mantener de vicealcalde y concejal de Urbanismo a un bravucón, maleducado y pendenciero José López que, tras declarar ante el juez, sigue imputado por cuatro delitos de corrupción en relación a la compra del hotel Peninsular. Ciudadanos también tiene lo suyo con un concejal imputado en Calasparra.

Coco, que ha enseñado a contar a varias generaciones de españoles, diría que la situación es grave y preocupante para los populares murcianos que sí desean pasar página después de que Maillo haya descartado proceder contra Pedro Antonio Sánchez al entender que no se le juzga por un delito de corrupción y porque, según dice, ya asumió responsabilidades políticas al dimitir como presidente de la Comunidad de Murcia, aunque en realidad fue obligado a dimitir ante el riesgo cierto de que prosperara una moción de censura.

Génova, por ahora, decide cerrar los ojos y dejar el asunto en manos de la dirección regional del PP de la Región de Murcia, lo que significa que PAS decidirá lo que suceda con PAS cuando PAS estime conveniente, que será cuando haya sentencia firme (no se sabe si en Estrasburgo) como ya ha anunciado la secretaria general del partido, Maruja Pelegrín, aunque el propio Maillo aseguró en su día que si se le abría juicio oral se le aplicarían los estatutos del PP y tendría que dejar la presidencia del partido y su escaño en la Asamblea Regional. Pues ha hecho con sus palabras como el monstruo Triki con las galletas: triturarlas, como ha triturado los estatutos. Da la impresión de que algunos dirigentes nacionales del PP se han implicado tanto en la defensa del exalcalde de Puerto Lumbreras que ahora les cuesta dar su brazo a torcer. Recuerden que Maillo avaló con su presencia la elección de Sánchez como presidente regional del PP en un congreso que se celebró a los pocos días de que declarara como imputado en el caso Auditorio. En ese congreso Maillo le dijo: «¡Aguanta, aguanta y aguanta, que el PP es un partido a prueba de golpes!». Lo que nadie parece haber calibrado es hasta qué punto el partido está preparado para aguantar los golpes de ver a su presidente sentado en el banquillo a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales. Lo fían todo al efecto indulto que creen que tendrá la llegada del AVE a Murcia en superficie y la apertura del aeropuerto.


Injustamente perseguido. «Es un hombre injustamente perseguido que solo quería hacer un auditorio para su pueblo y se quedó sin dinero porque hizo otras cosas. De eso le acusan: de querer mejorar su pueblo, y eso no es corrupción», dice un destacado pedroantoniano que no cree que la situación sea tan grave. Ese es el relato resumido (más bien historieta) que llega a Génova desde Murcia después de que el juez Pérez Templado haya desmontado el 'efecto sanador' de la sentencia del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de 30 de mayo de 2012 que avaló la tramitación administrativa del concurso de ideas que finalmente ganó el arquitecto Martín Lejárraga (también procesado) y que en su día sirvió a Sánchez para convencer a la dirección nacional de su partido de que todo se acabaría archivando.

Un relato, el de un alcalde que solo quería un auditorio de 900 butacas para su pueblo pero se quedó sin dinero por la crisis, con el que cualquiera podría empatizar si no fuese por dos demoledores autos judiciales de procesamiento que, entre otras cosas, muestran una manera de gestionar lo público por parte de Pedro Antonio Sánchez inaceptable en un Estado de Derecho en el que no se puede retorcer o incumplir la legalidad vigente por muy loable que sea el fin, a no ser que queramos convertirnos en una especie de Barrio Sésamo europeo. Que un juez emplee los términos 'designio criminal' para referirse a la actuación de un dirigente político, sea quien sea, debería bastar en cualquier democracia avanzada, pero vivimos en el sur de Europa, donde nos estudiamos las leyes para ver la manera de incumplirlas y seguimos instalados en el «para que roben los tuyos, que roben los míos».

«Al alcalde de Puerto de Puerto Lumbreras le dan seis millones de euros de dinero público para construir un auditorio y menos cumplir esa finalidad hace lo que le place, con grave daños a todos los españoles que de una y otra forma venimos años pagando estos desvaríos». Así resume el juez lo sucedido en Puerto Lumbreras: un desvarío, como el que parece estar sufriendo el PP donde «nadie va a mover un dedo contra PAS porque casi todos tienen pesebre», dice un histórico militante que sigue esperando que Ramón Luis Valcárcel le coja el teléfono o, al menos, responda a los SMS que le ha mandado al considerar que es el único con fuerza moral para poner orden.

Todavía recuerdo el desmedido empeño con el que dirigentes populares intentaron convencernos a todos de que el auditorio sí estaba terminado. Se lanzaron a difundir imágenes de uno de los edificios del complejo cultural donde se podía ver a gente contemplando una exposición. Aquello duró lo que duró porque las mentiras tienen las patas muy cortas y pronto se vio que el edificio del auditorio es un esqueleto en obras al que le faltan dos millones de euros para su finalización. El ayuntamiento de Puerto Lumbreras llegó incluso a organizar fiestas infantiles a sus puertas con el riesgo que aquello tenía para los niños. Han tenido que ser dos jueces los que desmonten una mentira absurda, como absurdo resulta mantener que todo fue un error administrativo, que es como los dirigentes políticos edulcoran ahora el delito continuado de prevaricación.

Dentro y arriba. Desmontado el mantra del error administrativo, llega a sus pantallas el capítulo «todo el dinero está metido en la obra», que repiten populares y algunos miembros del Gobierno regional alentados por el juez Templado, que en varios pasajes de su auto repite que «todo el dinero está invertido (mejor o peor) en la obra», como queriendo sentenciar antes de tiempo sobre un aspecto que está investigando la juez de Lorca que abrió una pieza separada para averiguar el destino final que se le dio a los seis millones de euros de la subvención y cuyas diligencias ha declarado secretas. A priori resulta arriesgado por parte del magistrado aventurarse a tal aseveración cuando hay un informe técnico que habla de un sobrecoste de 1.240.000 euros en lo que respecta exclusivamente al movimiento de tierras, cimentación y estructura, es decir, desde el principio mismo de la obra.

Los populares contaban con el archivo de la 'causa Auditorio' (nunca sabremos en qué se basaban) o, como mucho, que el juez lo hubiese reducido todo a un delito de prevaricación. Y contaban con el archivo de la causa Púnica por parte del juez Quiñonero tras las maniobras del fiscal general Maza. Tampoco sabremos nunca hasta qué punto ha influido la presión mediática en la decisión final de los dos magistrados que han sorprendido a propios y extraños con su decisión final de procesarles, aunque en el caso Auditorio, Templado ha hecho una poda de acusados más drástica que la del ficus de Santo Domingo.

Pedro Antonio Sánchez está dentro y arriba que diría Coco, que es lo opuesto a estar fuera y abajo del partido porque Génova, por lo que sea, así lo ha decidido. Y como él, están dentro y arriba sus más fieles seguidores aunque apenas se prodigan ya en redes sociales con el hashtag #yoconpedroantonio, mientras López Miras sigue representando el papel que le encomendaron rodeado y vigilado de los más fieles escuderos de su mentor político, como David Conesa, que, de facto, está ejerciendo como su jefe de gabinete en San Esteban aunque está procesado por la Púnica. Conesa ha recurrido el auto de procesamiento advirtiendo al juez de que «en este asunto se está juzgando a un representante de los tres poderes del Estado» en referencia a Pedro Antonio Sánchez y que «la sola sospecha que el mantenimiento del proceso judicial produce conlleva un alto perjuicio no solo para las personas investigadas, sino para el propio sistema democrático».

Bien mirado, Rajoy tiene mucho de Coco de Barrio Sésamo con sus obviedades. Lo último que ha dicho a unos niños en Moncloa a los que sí ha tenido tiempo de recibir es que «lo importante es caerle bien a más que a menos». Los populares murcianos deberían tomar nota, no vaya a ser que en mayo de 2019 descubran que no caen bien a más sino a muchos menos que en 2015 y entonces se acuerden del «¡aguanta, aguanta que el partido está hecho a prueba de golpes!».

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