En el ya cercano horizonte 2020, España tendrá que dar cuenta de los objetivos europeos educativos entre los que se impone, que el porcentaje de personas formándose en educación de adultos alcance el 15%. Sin embargo, los datos de Eurostat del 2014 reflejan que aún queda para alcanzar tal objetivo, únicamente el 11% de la población entre 25 y 65 años que vive en nuestro país participa en procesos formativos. Un análisis comparativo del panorama internacional nos sitúa por debajo de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo Francia (17,7%), Holanda (17,4%), Noruega (20,4%) o Suecia (28,1%).
En este marco de desafíos educativos por alcanzar, parece un contrasentido la existencia de rumores acerca de posibles recortes en educación de adultos escuchados desde hace meses; uno de los motivos que llevaron a concentrarse en la Plaza del Ayuntamiento de la trimilenaria Cartagena el mismo día en que se celebraba el último pleno (2 de junio), a colectivos y asociaciones de diferentes barrios cartageneros. El hecho en sí lleva a destacar el importante y reconocido papel que a través de la formación permanente se está desarrollando en los CEPA (Centros de Educación de Adultos) tanto desde el ámbito de la formación reglada como de la no formal, suponiendo para muchas personas un refugio donde encontrar sosiego, reconstruir perspectivas de futuro, favorecer su desarrollo personal y profesional y sentirse integrados en el escenario social.
En el reto de mantener la formación permanente ofertada a la población adulta, la voluntad política es fundamental. En este sentido, se espera que surta efecto la moción que llevó a Pleno, el mismo día de la citada concentración, el concejal socialista David Martínez. Dicha moción, que fue apoyada por unanimidad, pide al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y a la consejería de Educación, que se mantengan las enseñanzas para adultos que se vienen impartiendo en Cartagena. La proposición insta a que siga ofertándose formación de adultos en los centros de Lo Campano, La Puebla, El Algar e institutos Antonio Arévalo y el de Secundaria de Santa Lucía.
Si volvemos a retomar datos estadísticos y acudimos al INE como fuente, podemos observar unas diferencias regionales que sitúan a Murcia (10,5%) a la cola en cuanto al índice de participación de la población en educación de adultos, quedando por debajo de Canarias (10,8), La Rioja (11,2), Castilla y León (11,2) ; Aragón (12,1), Madrid (12,3), Valencia (12,4), Navarra (12,9) y País Vasco (13,7). Los números hablan diciéndonos que para adelantar filas es necesaria una mayor inversión pública.
Las estadísticas, los logros alcanzados, las voces de los colectivos implicados y el sentido del compromiso social deben dejar claro a quienes tienen poder de decisión qué es lo que hay que hacer con la educación de adultos y cómo afrontarla. El planteamiento pasa ineludiblemente por mantener al menos lo conseguido a día de hoy, arreglar los centros y dotar a los docentes de las estrategias adecuadas para atender la diversidad del alumnado que acude. Desde una perspectiva de género cabe destacar que hay más mujeres que hombres que se forman en edad adulta.
Sirvan las palabras de Delors referidas a la educación del siglo XXI para apoyar el mantenimiento de la inversión en formación, ya que «debe ser para el ser humano en su calidad de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognoscitivos y prácticos». No cabe duda, como se decía al iniciar este artículo, que la voluntad política es imprescindible para que la educación de adultos sea un logro tanto para el individuo como para la colectividad, exigencia formativa que además viene impuesta por Europa y ante la que habrá que rendir cuentas en el cada vez más cercano 2020.
