Cada vez son más los sociólogos que llegan a la conclusión de que los treintañeros actuales son mucho más conservadores para todo que sus padres. En ese estadio parece situarse el nuevo presidente de la Comunidad Autónoma, el 'millennials' Fernando López Miras. No es una afirmación gratuita. Es una verdad constatable, que resulta de analizar la primera decisión que ha tomado una vez que ha asumido el bastón de mando de la Región. López Miras se ha estrenado eligiendo a un nuevo gobierno y en ello ha cometido su primer pecadillo. Solo hay que contemplar la foto de los consejeros y las consejeras que le rodean para que algo chirríe y no cuadre a todos aquellos que creen en la igualdad y en los equipos paritarios. Su antecesor y maestro, Pedro Antonio Sánchez (PAS), se apuntó al feminismo, rompiendo moldes dentro de su partido y relegando a los varones a una minoría dentro del Gobierno regional, aunque también hay que reconocer que a ellas les dio las carteras que mejor se adaptaban al rol y estereotipo femenino.

En ese punto, habría que decir que 'ni tanto ni tan calvo'. Pero lo de López Miras es una vulneración en toda regla de la Ley de Igualdad que, por cierto, sacó adelante un gobierno socialista. ¿Será quizá por eso por lo que el nuevo 'presi' no la conoce o no la tiene asumida? Esa norma estipula que debe establecerse una representación equilibrada entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de las administraciones públicas y propone, por ejemplo, una composición mínima de 60-40 (seis varones frente a cuatro mujeres) en las listas electorales. No es una igualdad plena, pero es un mínimo.

Sin embargo, el nuevo presidente ha pasado de los mínimos de esta Ley de Igualdad, que lleva ya casi dos lustros en vigor, para confeccionar a su equipo, en el que claramente priman los hombres: seis varones frente a tres mujeres, a las que les da carteras en las que tradicionalmente se han empotrado las féminas sin arriesgar lo más mínimo. Se muestra en esta primera decisión mucho más conservador que su mentor, que se atrevió a invertir los términos de la norma, aunque al final pudiera ser simplemente una operación de puro marketing o maquillaje.

La Ley de Igualdad, que con el paso del tiempo también ha resultado ineficaz y anticuada en algunos de su postulados, establece multas de hasta 90.000 euros para aquellas grandes empresas que discriminen por razón de sexo. La Comunidad Autónoma se puede considerar una gran empresa si aplicamos el criterio economicista, ya que tiene miles de empleados. Y en este punto cabe preguntarse, ¿es machista el nuevo gobierno y si así fuera, se le debería aplicar la sanción correspondiente? Por nadie pase.