¿Qué significa y qué supone ser aforado? Son las dos primeras preguntas que surgen, sobre todo porque últimamente está muy mal visto ser un aforado, pero€ ¿es para tanto? (tercera pregunta). Dos puntos de partida: es verdad que España tiene más aforados que el resto de la Unión Europea en comparación, y segundo, yo también soy un aforado.

Son aforados quienes ejerzan un cargo público o quienes por su profesión gozan del derecho en caso de ser investigados por un delito, de ser juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano normal. La finalidad, dicen, es para evitar que el juez natural reciba presiones políticas. ¿Saben cuántos aforados hay en España? (cuarta pregunta). Según la Constitución, toda la familia real y los políticos. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces y fiscales. Y según los Estatutos de Autonomía, algunos cargos regionales. Además las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En total casi 250.000.

Y dicho todo ello, por mi parte renunciaría a ese aforamiento porque creo que es igual o más imparcial un juez de Murcia de primera fila de trinchera que uno de Madrid de alta esfera. Pero€ ¿eso es posible? (quinta pregunta). Desgraciadamente no se puede renunciar a ser aforado, porque lo que se trata de proteger con el aforamiento no es a la persona sino al cargo o a la función que aquella desempeña. En mi caso jurisdiccional; en la mayoría de los otros casos, política generalmente parlamentaria.

En consecuencia, ¿se puede acordar por la Asamblea Regional de Murcia (con sede en feo edificio de la bella Cartagena), la renuncia al aforamiento? (sexta pregunta). Poderse se puede, claro está, pero ya ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional que una ley regional no puede ir contra una ley nacional. Por lo que políticamente es correcto, pero jurídicamente debe ser el Congreso, guardado por dos leones en Madrid, el que tendrá que cambiar la ley. Y después de pasar por esa Cámara tan útil y prestigiada como es la Alta (refugio de ex normalmente, salvo que se coloquen en la luz, el gas, el agua o el petróleo). Lo que sucede es que una cosa es la responsabilidad jurídica y otra la responsabilidad política.

¿Qué se ganaría suprimiendo el aforamiento? (y séptima pregunta). Formalmente nada; prácticamente, tampoco, porque los juzgados están más saturados que los Tribunales Superiores de Justicia, pero en relación a que la mujer del César no solo debe ser honrada sino también parecerlo, mucho. La ciudadanía dejaría de pensar que ser aforado es un chollo, como si ya no se les aplicara la ley o pudieran eludirla con trucos de magia procesal. No es así, porque una cosa y otra se puede (otro aspecto es que se deba) intentar, que no conseguir, tanto sea en un órgano unipersonal como en uno colegiado.

Por todo eso, como antes dije, y en aras a la transparencia y confianza en las instituciones yo renunciaría a mi aforamiento si se pudiera, como otras personas ya lo han hecho (aunque no se les acepte). En fin, que es más el ruido que las nueces, pues a la postre y en definitiva eres o no delincuente independientemente de quien te juzgue. La ley no cambia por quien sea su intérprete. Y está para ser cumplida, salvo, claro está, que seas algún político catalán que acabes inhabilitado por trasgresor de la ley constitucional.