Me he llevado una gran alegría al leer la propuesta de Ciudadanos sobre cómo llevar a la práctica las recomendaciones de Bruselas para controlar mejor, en este caso, la obra pública y todas las manifestaciones adjuntas a la misma por culpa de nuestras actuales leyes y controles.

Ciudadanos se ha leído y entendido bien lo que propone y argumenta Bruselas. Hay que crear un organismo regulador, que sea el supervisor de la obra pública, aprovechando la nueva Ley de Contratos que se ha de formular obligatoriamente en los próximos meses. La denomina Autoridad de Regulación del Mercado de la Obra Pública.

Bruselas y Ciudadanos defienden que se necesita un guardián del mercado, que solo lo puede representar un organismo independiente.

Ahora, Ciudadanos necesita que los demás partidos estén de acuerdo con su enmienda presentada. Esperemos que lo hagan más pronto que tarde. La obra pública representa el 20% del PIB de España. Los intereses ligados a la misma han hecho surgir en determinados períodos de su desarrollo la corrupción y todos los demás males ligados al descontrol que ha existido. Por eso, es tan importante que sea creado este organismo independiente, supervisor, que dictaría normas y controlaría las licitaciones y la ejecución de los contratos.

Me parece una idea maravillosa, que he expuesto y defendido durante varios años, en estas páginas, para regular y controlar la actividad de las empresas privadas y de los organismos, en el ámbito de los servicios públicos, como son el agua, la energía, las comunicaciones y todos aquellos sectores que debemos de cuidar de la mejor manera posible.

Un ejemplo de aplicación de organismo regulador podría ser la gestión del agua en las ciudades. Se está discutiendo mucho en estos momentos la bondad o no de que el servicio público del agua sea prestado por una empresa privada, o pública o por los ayuntamientos. Además, se discute si en aquellas ciudades en las que el agua es gestionada, como servicio público, por empresas privadas, sería procedente o no, desprivatizarlas y devolverlas a la gestión pública. Eso se dice sin saber lo que podría costar a las arcas públicas el cambio de gestor.

Pues bien, la solución, creo que se encuentra en el Organismo Regulador del Agua, que regularía los sistemas de gestión de las empresas, controlaría la licitación y la ejecución de los contratos, dictaría los objetivos a alcanzar por las distintas empresas e igualaría a todas las empresas, tanto privadas como públicas. De igual manera, los otros sectores de servicios, en los que sea propicio la implantación de organismos reguladores, verían también resueltos muchos de los actuales problemas que afrontan hoy día los usuarios, que todos los días, al levantarse, sienten que tienen que defender sus derechos personales ante tantas empresas de servicios, tan poderosas y tan injustas.