Primero, hicieron del agua una mercancía. Un bien común y colectivo devino de esta forma en fuente de lucro privado. Después vino su corrupción. Como todo lo que toca el Partido Popular. Y es que desde hace décadas, los partidos de la corrupción han fijado sus intereses espurios en mercantilizar el bien más preciado que existe para la ciudadanía, y que desgraciadamente atrae la codicia de los corruptos profesionales. El agua es lo que los economistas denominan «un mercado cautivo», pues nadie puede prescindir del acceso al agua y al saneamiento, dado que de ello depende la propia supervivencia y la garantía de una vida digna. Esto la convierte en una fuente potencial de negocio para aquellos que en este país se han especializado en utilizar la condición de cargo público como fórmula de enriquecimiento personal y familiar. Allí donde las Naciones Unidas ha visto un derecho humano indispensable para la vida, el PP ha dado rienda suelta a sus ambiciones insaciables y corruptas, que se extienden desde el histórico Canal de Isabel II en Madrid a las extensas tramas del grupo AGBAR, las cuales vinculan a Murcia, Lorca, Cartagena y un buen montón de municipios de toda España, todos ellos en el expediente del caso Pokemon.
Las grandes corporaciones del agua extienden su modus operandi por medio de empresas filiales, casi siempre de amigos de algún político, reciben contratos asegurados y luego, en ocasiones, derivan las comisiones de sus sobrecostes al partido correspondiente y a los responsables políticos facilitadores de la operación. Así, las ambiciones insaciables de los (mal) llamados «gestores de lo público» se satisfacen ensuciando el agua, que según Naciones Unidas no es ni más ni menos que un Derecho Humano indispensable para la vida.
La trama destapada en torno al Canal de Isabel II es la crónica de un saqueo denunciado desde hace años por la Plataforma Ciudadana Contra la Privatización del CYII. La empresa pública CYII no es una empresa cualquiera, sino la más importante de la Comunidad de Madrid, propietaria de innumerables terrenos, inmuebles, infraestructuras y dotaciones. Este inmenso patrimonio, lejos de servir a los intereses generales y a la mejora de la vida de los madrileños, se convirtió rápidamente en el oscuro objeto del deseo de quienes, en su búsqueda de nuevos nichos de negocio ligados al manejo y la privatización de lo público, intentaron de manera infructuosa privatizar el Canal. Esta maniobra fue heroicamente paralizada por medio de una consulta ciudadana en 2012 por la sociedad civil y los movimientos anti privatización, aunque su proeza no ha impedido que los saqueadores de lo público siguieran expoliando el patrimonio hídrico de todos.
Los detalles de la trama del agua madrileña no son diferentes al resto de focos de corrupción y saqueo que sufren los servicios públicos de suministro de agua y saneamiento murcianos. En la Región de Murcia, según un reciente informe de AEOPAS, el 99% de los municipios tiene la gestión del agua privatizada. Muchos de estos municipios están bajo sospecha por las múltiples irregularidades que rodean la deficiente prestación del servicio, la falta de transparencia en sus cuentas, pérdida de derechos laborales, externalizaciones innecesarias, subidas injustificadas de tarifas o las prórrogas de concesiones que sin información previa al ciudadano, acuerdan de manera opaca blindar durante décadas el acceso al agua para satisfacción de los intereses cortoplacistas de los alcaldes y alcaldesas de turno.
En este escenario, irrumpe el Caso Pokémon en la Región de Murcia, uno de los asuntos más escandalosos de corrupción que ensucia el agua a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. La jueza Pilar De Lara (Juzgado Instrucción nº 1 de Lugo) investiga el presunto saqueo de fondos públicos realizados por el grupo AGBAR, que actúa bajo un nombre distinto en cada zona de España (Hidrogea en Murcia), a través de las concesiones de suministro de agua y otros servicios públicos.
Las cantidades derivadas del cobro de las tarifas del agua, las cuales son asumidas por los esfuerzos de las familias murcianas, en múltiples ocasiones no van destinadas a pagar el agua ni la prestación del servicio más que en una mínima parte, destinándose el grueso de las mismas a pagar sobrecostes, contrataciones fraudulentas, e incluso, por lo que conocimos hace pocas semanas, campañas electorales de algunos partidos políticos. En la Región varios Ayuntamientos tienen contratos con el grupo Agbar.
La lucha contra la corrupción es parte del ADN de Podemos, razón que nos ha llevado a personarnos en el procedimiento, para tratar de arrojar luz sobre las prácticas corruptas de lo que la propia Jueza De Lara ha denominado «asociación ilícita», en referencia al grupo AGBAR.
La investigación abierta por el Juzgado número 1 de Lugo, dentro de la pieza separada para la Región dentro de Pokémon, evidencia presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secreto, exacciones ilegales y falsedad documental. Delitos que están pasando, desgraciadamente, a formar parte de la rutina en la gestión pública de nuestro país y que se extienden de forma sistémica por toda nuestra geografía. La Región de Murcia no es una excepción, habida cuenta de la estrechísima relación entre los procesos de privatización del agua y los diferentes gobiernos municipales de nuestro territorio.
Es así como el relato del agua en nuestra región y en nuestro país hace décadas que dejó de ser un relato claro, limpio y transparente y adquirió un tono fecal, a partir del momento en el que todos los partidos de la corrupción, desde el PP hasta CiU, fijaron su mirada en la obtención de comisiones de los sobrecostes producidos por la mercantilización del servicio de suministro de agua.
Hoy más que nunca, el lema que desde el movimiento europeo del agua se convirtió en un grito de esperanza: «El agua es un derecho humano, no una mercancía», cobra si cabe más sentido.
