Hoy voy a referirme a los servicios sociales de los Ayuntamientos. Seguramente, como en otras ocasiones, esto va a causarme nuevas enemistades, pero mis padres me enseñaron a ser honesto y arrastro ese vicio desde que era muy pequeño. Los servicios sociales de los Ayuntamientos son, por lo general, órganos inútiles. Y, en ocasiones, tremendamente injustos. Por supuesto, siempre hay excepciones, aunque me temo que no demasiadas. Eso no quiere decir que las personas que trabajan en los servicios sociales no estén trabajando, todo lo contrario. Todos sus trabajadores suelen estar muy implicados.

Cuando digo que son órganos inútiles me refiero a que casi nunca logran lo que persiguen. Esa falta de funcionalidad se debe especialmente a una mala interpretación de para qué deben servir los servicios sociales. Un importante número de personas que reciben ayudas económicas por parte de ellos no devuelven nada a la sociedad. Ni económicamente ni de ningún otro tipo. Unas, se acostumbran a vivir de esas ayudas; otras, no tienen ingresos detectables porque viven de actividades ilícitas; otras, falsean los datos para ser beneficiarios. Sin embargo, a pesar de que muchas de esas personas no se merecen esas ayudas, el Estado les regala al año millones de euros sin recuperar nada a cambio.

Aparte de lo dramático que es comprobar la cantidad de dinero que se está dando sin ningún tipo de control ni, sobre todo, justicia, aun lo es más ver la indefensión que sufren los menores. Por ejemplo, muchos padres que reciben ayudas de servicios sociales van a los centros educativos y dicen que no pueden comprarles los libros a sus hijos; sin embargo, sí pueden fumarse dos paquetes de tabaco al día o comprarse un quad o tener un BMW, aunque sea de segunda mano. Cuando los servicios sociales visitan sus casas, en algunos casos, pueden comprobar que tienen televisores más grandes que el los que el ayuntamiento de Madrid puso en Colón para ver los partidos de la selección. Del mismo modo, cualquier padre zumbado puede ir al cuartel de la Guardia Civil y poner una denuncia a un profesor. A la mañana siguiente, una pareja de ese Cuerpo se presentará en su casa y le entregará la denuncia, aunque sea una denuncia falsa. Sin embargo, para proteger a un menor, la cosa cambia. Ya no hay tanta prisa. Hay casos de menores que están sufriendo abusos sexuales en el ámbito familiar y que, a pesar de haber sido denunciados, están en proceso de revisión. Y llevan así meses. Al parecer, es mejor que una niña sufra abusos sexuales por parte de su padre y de su amigo borracho que quitarles la custodia inmediata a los padres. Lo mismo sucede con los casos de absentismo o con los de abandono emocional de menores.

Los servicios sociales deberían servir para ayudar a aquellas personas que lo necesitan y que se lo merecen. Para ello, hay que ampliar el criterio de ayuda más allá de los ingresos. Pero, además de servir como compensador de las desigualdades, los servicios sociales deberían poder castigar directamente a aquellos que no están cumpliendo con sus obligaciones, especialmente a los padres. Muchos niños sufren familias despreciables y lloran a diario en sus casas mientras nosotros (los adultos, el Estado) no les estamos dando ningún tipo de respuesta. Si no otorgamos a los servicios sociales mayores poderes, todo su trabajo será en vano.