21 de febrero de 2017
21.02.2017
Desde mi picoesquina

Es la mafia

23.02.2017 | 21:11
Es la mafia

He elegido el Calar de la Santa para escapadas esporádicas huyendo del asfalto. Pero, aun en estos apartados rincones, es difícil que un urbanita como yo, transmutado, por mor de la edad y otras circunstancias, en un aprendiz de aldeano, pueda sustraerse a la realidad circundante. La noticia de la sentencia del caso Nóos la capturé en carretera, a primeras horas de la mañana del viernes. Y, supongo que como tantos y tantas españoles/as, no pude reprimir un sentimiento de estupefacción, aun teniendo claro que había que preservar intacta a toda costa la credibilidad de la institución monárquica, tras los devaneos, escarceos amorosos y algo más del anterior inquilino de la Zarzuela. Por lo mismo, era previsible que, pese a los esfuerzos del juez José Castro, la borbónica infanta quedara indemne. Me esperaba, también, que hubiera un cabeza de turco, por lo que no me ha extrañado que el socio de Urdangarin, Diego Torres, cargara con una pena mayor que la del yerno real caído en desgracia. Este episodio del caso Palma Arena, que ha obviado la responsabilidad de los encausados y encausadas de la Comunidad Valenciana, es uno más de los procedimientos judiciales que, pese a que desde la derecha cavernícola y algunos medios de comunicación se empeñen en decirnos que demuestran que la Justicia es igual para todos y todas, me suena a una total tomadura de pelo. No hay proporcionalidad alguna entre la gravedad de los delitos que se les imputan a los acusados con la pena impuesta. Como también me suena a tomadura de pelo la inocencia de la infanta.

Desde que se conoció la sentencia, se nos viene machacando insistentemente con la independencia del poder judicial. ¿Cómo creer en ésta cuando el fiscal de la infanta se constituye en el primer defensor de la misma? ¿Cómo asimilar el hecho de que se envíe a prisión a unos titiriteros o a unos sindicalistas por unos supuestos delitos menores y se esté hablando de recurrir la ridícula sentencia del exduque de Palma para evitar que dé con sus huesos en la cárcel?

Me siento asqueado por tantos y tantos casos de corrupción. Me entristece la complacencia con la misma de una parte del electorado que mira hacia otro lado y sigue otorgando su confianza al partido que nos gobierna, el mismo que alberga a un grupo de delincuentes organizado para disfrutar de las prebendas del poder. Me repugna la manipulación mediática tendente a convencernos de que hay crisis, cuando lo cierto es que ésta no ha sido sino una estratagema destinada a realizar un trasvase de rentas de las capas sociales más débiles hacia los más poderosos. Me rebelo ante el coste del rescate bancario, producto de la irresponsabilidad de sus gestores, y que ello conlleve los drásticos recortes sociales en la Dependencia, las pensiones, la Sanidad, la Educación? como que se estén entregando a empresas privadas estos dos últimos servicios esenciales para la ciudadanía.

La corrupción ha anidado y echado raíces en este país porque, al margen de la responsabilidad directa personal o grupal, hay causas que han contribuido a ello: las leyes del Suelo; la Ley de Contratos del Estado, manifiestamente mejorable; la dificultad del acceso de la población a la información y participación en los asuntos públicos; algunos partidos políticos convertidos en estructuras estancas, impermeables en muchos casos a los auténticos problemas de la ciudadanía? El resultado: la consolidación de una casta que se cree que el ejercicio del poder es un bien patrimonial del que no tiene que rendir cuentas.

Para que la impunidad haya podido campar a sus anchas, era necesario, además, neutralizar todo atisbo de contestación social. De ahí la Ley Mordaza; de ahí el empeño en desautorizar a opciones políticas alternativas (Unidos Podemos); de ahí, por último, que fuera necesario el control del poder judicial.

¿Vivimos realmente en un Estado de Derecho, en una democracia? Porque, aterrizando en nuestra Región, ¿qué podemos pensar del doble asalto que se ha registrado al domicilio del Fiscal Anticorrupción? ¿Por qué se tardó tanto en conocer el segundo? ¿Es razonable pensar que los mismos que han hecho del ejercicio del poder un bien patrimonial, una vez amenazados sus privilegios se apresten a lanzar señales de advertencia? Como si de una actuación premonitoria se tratara, el asunto PAS, que como decía Ángel Montiel en este periódico hace unos días, es ya el 'Caso Fiscalía', es la constatación palmaria, pese a los desmentidos (¿qué van a decir?) del Gobierno, de una evidente presión de la Fiscalía General del Estado sobre la actuación de jueces y fiscales.

Para terminar, una recomendación. Les sugiero, si no lo han hecho ya, la lectura de la novela Crematorio, de Rafael Chirbes, tristemente fallecido, libro editado por Anagrama. El autor nos ofrece un panorama terrible: la corrupción como savia que recorre todo el cuerpo de una sociedad en la que la destrucción del paisaje adquiere valor de símbolo.  Es la mafia en estado puro. Busquen los parecidos con la realidad.

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