A finales de 2009 nace en Barcelona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en sus siglas PAH, que fue seguida casi inmediatamente en mayo de 2010 en Murcia. Nace la PAH en un momento de endurecimiento de la crisis, y cuando muchos colectivos comenzaban a movilizarse en defensa de su situación anterior, es decir, contra los recortes de derechos que parecían consolidados. A diferencia de aquéllos, la PAH se lanza a luchar a tumba abierta para conquistar un nuevo derecho, aún hoy inexistente: el derecho a la vivienda.

En siete años de vida, hemos parado miles de desahucios, hemos recibido insultos y elogios, hemos sufrido también centenares de golpes de policías, multas y alguna detención. Desde el Gobierno nos llamaron terroristas, pero 1,5 millones de personas avalaron con su firma nuestra Iniciativa Legislativa Popular, ILP, de 2013. Cuando hicimos los escraches y más arreciaban los insultos y la criminalización de la PAH desde el poder, más apoyo teníamos de la sociedad.

Entonces no existía la negociación con la banca. La legislación, la judicatura y el poder no permitían otra forma de impedir un desahucio que no fuera parándolo a pie de obra mediante resistencia pacífica ante la acción injusta (después supimos que también ilegal) de la autoridad. Esto empieza a cambiar tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de diciembre de 2012 sobre el caso Aziz. Fue entonces cuando conocimos la existencia de la Directiva 13/93 de la UE sobre los derechos de los consumidores en la Unión Europea que, según la normativa europea, debe implementarse en la legislación de los Estados miembros en el plazo de un año desde su publicación. A día de hoy, en enero de 2017, ni González ni Aznar ni Zapatero ni Rajoy lo han hecho, y sigue sin aplicarse en España, salvo por las sentencias del TJUE que van rectificando y tumbando cachito a cachito nuestra legislación. Las diez sentencias que, dictadas por el TJUE, han condenado a España. Es a partir de aquí cuando empezamos a saber que los centenares de miles de familias desahuciadas en España no sólo lo han sido de manera injusta, sino también ilegal.

A principios de esta semana, el Tribunal de Cuentas ha emitido un informe según el cual el rescate bancario ha costado 60.718 millones de euros ¡Falso! Ha costado mucho más en un rescate silencioso, mediante el pago religioso de cláusulas abusivas que los Gobiernos y la legislación permiten a la banca: cláusulas suelo, de intereses de demora, de comisión por impago de un recibo, gastos de formalización, titulización, endeudamiento de por vida?

Conviene también recordar que la reciente sentencia del TJUE tumba otra vergonzante del Tribunal Supremo de España de mayo de 2013, sin que ninguno de los magistrados que la votaron haya tenido la dignidad de dimitir. No se preocupen, posiblemente el día 26 tengan otra oportunidad de hacerlo, ya que el TJUE emitirá su sentencia sobre la cláusula de vencimiento anticipado que puede que les vuelva a tumbar otra de sus decisiones serviles con la banca.

Los Gobiernos y las mayorías parlamentarias habidas hasta ahora, y su generosa tolerancia con el latrocinio bancario han provocado, además de las terribles injusticias conocidas de las expulsiones de sus casas y deudas de por vida, brutales represiones policiales? un todavía más terrible sufrimiento de familias y personas, elevando la tasa de suicidios hasta el nivel de ser la causa de muerte no natural más elevada de nuestro país.

Cuando en unos meses escuche usted los datos de resultados de la banca y sus cifras de beneficio, no olvide que entre esas cifras hay miles de millones de euros robados mediante el truco de las cláusulas abusivas e ilegales pero consentidas por el Gobierno.

También esta semana hemos conocido que por primera vez una sentencia recoge la dación en pago por vía judicial, es decir, cancelar la deuda hipotecaria al entregar la vivienda. El juez argumenta que no tiene sentido que el hipotecado asuma responsabilidades de por vida mientras que al banco se le permite adjudicarse el inmueble por un 60%, perseguirte de por vida y después vender el inmueble a mayor precio, es decir, la entidad bancaria se adjudicó la vivienda por un precio que ya cubría la deuda, según tasación hecha por la propia entidad y ,además, después la vendió por un precio muy superior al adjudicado, obteniendo beneficios por ambos lados (adjudicación y venta) con un derecho básico: la vivienda. ¡Parece que haya jueces que se están haciendo de la PAH! Empiezan a repetir nuestros argumentos en sus sentencias?

Ahora usted y la PAH nos preguntamos: ¿Qué pasa ahora con los cientos de miles de familias desahuciadas por aplicación de una ley ilegal? A esos millones de personas que lo perdieron todo y que continúan endeudadas con su banco ¿se les podrá resarcir del sufrimiento, las humillaciones, los acosos y las frustraciones que de forma tan injusta, inhumana e ilegal se les provocó? Desde la PAH estamos dispuestos a intentarlo y a luchar por ello, a sabiendas de lo difícil que será, porque aunque estamos todavía lejos del objetivo del Derecho Universal a la Vivienda, lo conseguido en estos siete años nos confirma lo que sospechábamos: ¡Sí se puede!