Pocas veces determinadas obsesiones de control político a los medios de comunicación han quedado más patentes que en la proposición de ley de Radiotelevisión de la Región de Murcia presentada conjuntamente por PSOE y Podemos en la Asamblea Regional, donde felizmente ha sido rechazada en el último Pleno. Porque cabe preguntarse qué necesidad había de acabar de un plumazo con un modelo de radiotelevisión pública que, además de ser el más barato de España, garantiza la solvencia económica, la estabilidad laboral de sus trabajadores y, sobre todo, la independencia de sus informativos. En virtud de todo lo cual, cuenta con el aplauso de los profesionales del sector periodístico y audiovisual, y ha llegado a convertirse en el mejor ejemplo a seguir, en un modelo a imitar para las demás Comunidades autónomas.

En cambio, Tovar y Urralburu nos proponen una radiotelevisión pública absolutamente ruinosa, que, frente a los nueve millones del modelo vigente en nuestra Región, se inspira en los prototipos onerosos de Andalucía, que supone un coste de 137 millones de euros y que cada año termina con un déficit de veinte millones, o Cataluña, donde se superan los doscientos millones de euros. Un modelo de gestión totalmente agotado y que en realidad ya no se defiende en ninguna Comunidad autónoma. Y que, quizá por su mismo desprestigio, se ha pretendido imponer unilateralmente, a espaldas del sector periodístico y audiovisual de nuestra Región; sin tan siquiera buscar el acuerdo con unas empresas y colectivos profesionales que además han manifestado su rechazo a un cambio de rumbo que, como acredita la experiencia, sería en detrimento de la pluralidad e independencia informativas.

Los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos vuelven a demostrar sus verdaderos intereses políticos, que no pasan ni por las políticas sociales, ni por la Educación ni por la Sanidad: comenzaron la legislatura cambiando a su medida la Ley Electoral e inician este periodo de sesiones preocupados por controlar la televisión pública. Encima, por medio de una proposición de ley tramitada en su momento de forma irregular, sin haber sido admitida por los informes jurídicos de la Asamblea Regional y sin que haya presupuesto asignado para su ejecución, algo que por desgracia empieza a ser recurrente. Porque también habría que preguntarles a Tovar y Urralburu qué partidas reducirían del presupuesto para implantar su modelo de televisión pública, dado que solo para 2016 se necesitarían veinte millones de euros: ¿quizá recortarían de la sanidad, la educación, la atención a los más desfavorecidos€? Y es que, por mucho que quieran hacernos comulgar con ruedas de molino, no hay dinero para ponerlo en marcha, ya que, como ha certificado el propio informe de la Comunidad Autónoma, la propuesta de televisión de PSOE y Podemos es inasumible, inaplicable y, por todo ello, deficitaria.

Sea como fuere, el Grupo Parlamentario Popular recoge el guante lanzado por Ciudadanos y ofrece su colaboración para elaborar un nuevo proyecto de ley que regule la Radio Televisión de la Región de Murcia, con el fin de establecer unas normas de funcionamiento de la radio y televisión públicas que cuenten con el respaldo y el consenso de las organizaciones representativas de los sectores periodísticos y audiovisual de la Región. No, desde luego, para construir un modelo que nos recuerde a aquella televisión que Tovar utilizaba para hacerse autobombo cuando era delegado del Gobierno, o que se inspire en el patrón propagandístico venezolano del programa televisivo Contacto con Maduro, o el ejemplo reciente de Radio Carmena.