Me gusta mi país a pesar de que aquí no dimite ni el Tato aunque no te apoyen ni los tuyos o hayas fracasado en tus tareas. Ni aunque no se tenga sentido de Estado para ciertas cosas. Este país, donde el mismísimo rey ahora emérito es grabado en sus conversaciones de teléfono móvil desde su coche oficial. O donde un ministro del Interior es espiado dentro de su propio despacho oficial, con otro político. Si a ellos les pasa eso, qué será de los mismos mortales pero sin tanta garantía; se supone que los demás cuando hablamos por teléfono o estamos en un bar de chascarrillo. El mismo país donde un casi adolescente Nicolás pone en jaque a la inteligencia del Estado. Pues eso, que no estamos muy seguros, en esta materia. A lo mejor será por eso de la modernísima transparencia que impera en todos los organismos públicos, salvo, claro, que convenga no decir nada por ser un momento crítico, en cuyo caso esa transparencia se opaca inmediatamente.

Supongo que en todos los países cuecen habas, y que en algunas partes del territorio nacional que no es nuestra Región, calderadas. Y todo ello a pesar de que el Código Penal, arrea lo suyo con los ciberdelitos. Y, sin embargo, está sucediendo que ese cibercrimen se ha duplicado en el último año. Dicen las estadísticas (espero que sean las que aciertan, no como las de las últimas elecciones generales, que se cubrieron de gloria y de descrédito), que los ataques a las infraestructuras del Estado han crecido más de un 100%, o lo que es igual, en el 2015 se intentaron más de 15.000 ataques a los sistemas informáticos.

La consecuencia de todo esto es que el Gobierno en funciones (ya más de docientos días, igualico que en Gran Bretaña) ha puesto en funcionamiento una Oficina de Coordinación Cibernética para evitar que los delitos cometidos a través de Internet sobrepasen los 50.000 anuales y que los menores sean sus principales víctimas, produciéndose incluso una rebaja en la edad que llega hasta bajar de los 16 años, que hasta ahora era la edad para sufrir los delitos más frecuentes a través de la Red.

A saber, amenazas, insultos, coacciones, y delitos sexuales. Sin olvidar las interceptaciones ilegales causadas por listos en informática que se aprovechan de sus conocimientos para cometer auténticos delitos, como cuando se divorcia una pareja o muere una persona. De todas formas la edad corriente es la comprendida entre los 26 y 40 años. Lo cual no consuela nada, pero sí que se estén especializando las Fuerzas de Seguridad del Estado en la investigación de estos delitos. Las Comunidades autónomas donde más delitos de este tipo se cometen son Madrid y Andalucía, y la tercera, Valencia. Bien por Murcia, donde al menos en esto no destacamos.

Por eso, los tiempos han cambiado una enormidad. Ya no se pone uno peluca (salvo que estés como una bola de billar) o te escondes tras un periódico con agujeros para espiar a una persona. Ahora se acude a detectives privados sobre todo para ver si el trabajador en incapacidad temporal está de verdad mal. Y un paso adelante es esta vigilancia internatuta, generalmente con fines económicos directos o indirectos, que siempre precisa autorización judicial.