El otro día leía una noticia que me dejó estupefacto. Un conductor de una empresa de transportes granadina fue asesinado de un disparo por un ertzaina que se dirigía a su trabajo, como consecuencia, al parecer, de una discusión de tráfico con el conductor del camión.

Es un hecho absolutamente lamentable, inconcebible y reprobable y el presunto asesino debe ser juzgado y condenado por tan horrible crimen.

Se hará justicia, pero nadie puede devolverle la vida al conductor asesinado mientras realizaba su trabajo, que probablemente dejará una familia, una mujer y unos hijos para los que no existe consuelo posible.

¿Qué ha podido ocurrir para que una persona, me refiero al ertzaina, cuya misión es proteger la vida de los ciudadanos, que está entrenado para enfrentarse a situaciones difíciles y de máxima tensión, haya podido disparar su arma contra un ciudadano por una simple discusión de tráfico, por un calentón? ¿Es que no vemos a diario cómo se insulta y se pega a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las manifestaciones y observamos como éstos hombres y mujeres lo soportan estoicamente?

Los cauces lógicos de la investigación se dirigirán, supongo, a averiguar qué llevó a este hombre a disparar su arma contra el conductor del camión. Seguro que se comprobará si su estado de salud era bueno, si había sufrido algún tipo de depresión o trastorno, si sus jefes y compañeros se habían apercibido de ello. Es de suponer que habría superado los reconocimientos médicos periódicos, pero algo pasó.

Por tanto, si hubiese que imputar responsabilidad a alguien por este hecho, además de al presunto asesino sería, en todo caso, a la institución a la que pertenece, como ocurrió en el caso del piloto suizo que estrelló el avión con su pasaje.

Hasta ahí creo que es del todo lógico. Pero no; esto es España y, como decía el eslogan, somos diferentes.

Aquí un asesinato se trata como un accidente laboral, se abre una investigación del mismo por parte de la Inspección de Trabajo a la empresa de transporte para la que prestaba servicios el conductor asesinado y se le levanta un acta porque en la evaluación de riesgos no se habían contemplado los riesgos psicosociales a los que está sometido el conductor como los riesgos, según reza el acta, derivados de la «violencia en el trabajo, entre otras la violencia externa o de terceros, que es la que puede darse con respecto a personas que no prestan servicios en el centro de trabajo, esto es, clientes, usuarios o terceros sin relación con la empresa». Por ello se sanciona a la empresa con 2.046 euros.

¿Quiero ello decir que tenemos que formar a nuestros conductores porque nuestros clientes, usuarios o terceros con los que nos relacionamos en nuestro trabajo diario pueden ser potenciales asesinos?

Me gustaría saber el nombre del inspector que levantó el acta para proponerle al premio de Tonto del Año con galones. Lo malo de estos tontos es que, además de percibir un salario inmerecido pagado por todos los españoles, padecen de manía persecutoria contra los empresarios.