Un Gobierno de emergencia social sin líneas rojas sobre el referéndum defendido por Podemos es lo que terminará imponiéndose en la reunión propuesta y preparada por IU al PSOE, Podemos y Compromis, y que ha pillado con el paso cambiado a alguno de ellos. Esta reunión es muy importante porque de no haber acuerdo la desafección de los votantes de izquierdas se podría ver en la hipotética fórmula que queda: elecciones en junio. Militantes, simpatizantes y ciudadanos sin adscripción política tendrían la palabra en esa nueva llamada electoral. Y, por lo que ya nos dicen las encuestas, no se producirían cambios sustanciales a los datos de las elecciones pasadas, salvo que el electorado de izquierdas, en general, se sintiera desafectado a partidos concretos y no fuera a las urnas.
Por esto, los que optamos por una voluntad de cambio, exigimos a PSOE, IU, Podemos y Compromis, más todos los otros apoyos que puedan producirse, que se sienten en una mesa de negociación, como ha solicitado in extremis el diputado Garzón, y no se levanten hasta que hayan acordado una base programática común y un Gobierno. Dicho Gobierno sería de emergencia social, para acabar con leyes y problemas sociales importantes que el PP durante la última legislatura ha creado, dar solución a las personas que no pueden pagar luz, agua o energía para vivir con cierta dignidad, acometer los trastornos de los desahucios o resolver los económicos que entraña la ley de dependencia.
Se trata de que queden fuera del pacto aquellos discordantes elementos de discusión que fueran líneas rojas incuestionables para algún partido. De los que se trataría, por tanto, es de acometer, con un Gobierno de emergencia social, para quienes grupos como el PSOE e IU, y PSOE y Ciudadanos ya han llegado a acuerdos sustanciosos sobre cambio social y alguno más sobre corrupción (con Ciudadanos) y ley electoral (con IU). Las necesidades de la izquierda, todas y cada una de las que proponen los grupos de referencia para dicho pacto deben ser tratadas en la conformidad de buscar acuerdos de diálogo con el resto de fuerzas políticas que tengan otros presupuestos de tipo independentista, precisamente por el mal tratamiento que el PP en el Gobierno del Estado ha mantenido con el de Cataluña. Dicho diálogo debe ser acordado entre los cuatro grupos, al menos con lealtad y seguimiento de futuro entre ellos.
Sería penoso que tuviéramos que llegar sin resolver los problemas urgentes (hambre, desahucios, muerte digna, pensiones, salario mínimo, personas dependientes, legislación laboral y fiscal, educación o sanidad), así como los de reforma de la ley electoral o de mayor penalización con las corruptelas criminales de políticos. Es por esto que aún no puede cerrarse el acuerdo que parece inminente entre Ciudadanos y PSOE (hay que elegir, seguramente y, sobre todo, por la necesidad de que, en el futuro, pueda haber necesidad de recurrir a más votos para determinadas reformas).
Lo que no perdonaríamos a estos grupos, a los que ha citado IU para negociar, es que no llegaran a un acuerdo para establecer, más pronto que tarde, un pacto de Estado para cuatro años con un Gobierno que gobierne en esa dirección. Y si el PSOE no apoya aquí a su secretario general, podría llevarle a una caída electoral nunca jamás vista desde una perspectiva de partido de izquierdas.
