Ya sabemos que la Justicia es ciega y que ante una decisión judicial siempre hay que poner, ante todo, la legalidad vigente. Y que, en eso, en la ley, se basan los jueces para sentenciar. Pero también es cierto que a veces las decisiones se nos antojan injustas y, sobre todo, incomprensibles. Me refiero al caso de la sevillana María Salmerón, una mujer que si el Gobierno en funciones no lo remedia mediante un indulto, entrará hoy a la cárcel por haber incumplido el sistema de visitas de su hija que un juez le concedió a su exmarido maltratador. El hombre había sido condenado a 21 meses de prisión por los malos tratos físicos, psicológicos y sexuales que le infligió. Él nunca entró en prisión. La niña no quería verle y la madre no lo pensó dos veces y evitó tales visitas. Ahora, años después de que él la denunciara, la sentencia se tiene que cumplir: 7 meses de cárcel. Independientemente de si al final María entra o no en prisión, algo falla en un sistema en el que una niña -que ahora tiene 15 años- es obligada a ver a su padre maltratador. ¿Quién defiende, en este caso, los derechos de la menor?
