RAE. Separar: 3. Considerar aisladamente cosas que estaban juntas o fundidas; 9. Hablando de una comunidad política, hacerse autónoma respecto de otra a la cual pertenecía.

El exceso de autoestima que padecen muchos catalanes y otros compatriotas norteños, sumado a la hábil manipulación que los partidos nacionalistas y otros de izquierda hacen del ego de estos individuos está generando una suerte de hipnosis colectiva que se manifiesta, a efectos de opinión pública, en el llamado 'derecho a decidir', de alcance ilimitado sólo para los supuestos y circunstancias defendidas por sus patrocinadores y los tontos útiles de aquéllos.

Si entendemos el 'derecho a decidir' como la capacidad de empoderamiento, elección y decisión del individuo con respecto a sí mismo y sus semejantes, hemos de acotar, primero, el alcance de ese supuesto derecho, que no es ilimitado. Antes al contrario, deben valorarse circunstancias tales como antecedentes, legalidad, ética y legitimidad, y no sólo aquello que nos incumbe desde una perspectiva voluntarista. Lo contrario sería aceptar, por ejemplo, el 'derecho a decidir' de la ciudadanía sobre pagar o no impuestos, asunto que nos afecta a todos y mucho. ¿Hacemos apuestas sobre el resultado de un hipotético referéndum en España sobre esta materia? No es gratuito que la Constitución Española prohíba expresamente en su artículo 87.3, entre las materias que pueden ser promovidas por medio de iniciativa legislativa popular, las de carácter tributario. Queda claro que es una efectiva forma de defensa frente al votante medio y sus agitadores.

Por tanto, no basta con querer. Hay que poder. Quiero decir con esto que llegado el caso, para dejar de pagar impuestos o para anular el derecho constitucional que todos los españoles tenemos sobre la soberanía nacional habría que modificar previamente las normas que lo impiden, utilizando los procedimientos y las mayorías cualificadas que legalmente corresponden. Y, por supuesto, contando con los sujetos afectados: todos los españoles. Curiosamente, Podemos, el partido que ya ha enseñado la patita separatista, niega el principio de soberanía nacional, y defiende que los ciudadanos catalanes decidan por sí mismos el futuro del conjunto de España.

Electoralmente ha sido una decisión eficacísima, dado su éxito en votos y escaños. No en vano, casi un 40% de los obtenidos provienen de País Vasco, Navarra, Cataluña y los pancatalanistas valencianos. Votos y votantes independentistas a los que engañaron prometiendo un referéndum vinculante que en ningún caso Podemos podrá convocar nunca por falta de representación popular. Eso sí, han tenido la capacidad de unir bajo unas mismas siglas a exvotantes proetarras de Bildu, las CUP e incluso a 100.000 murcianos que se han hermanado con las nekanes, el payuflo de la sandalia y el burro más catalán. Pablo Iglesias, que ya es una marioneta en manos de la alcaldesa de Barcelona, debería explicar cómo es posible negar la capacidad de decisión sobre este asunto a todos los españoles y, sin embargo, sí reconocer la integridad del territorio catalán en caso de que se celebrara ese hipotético referéndum y en alguna provincia, como casi con toda probabilidad sucedería en Barcelona y Tarragona, no se refrendara tal disparate. ¿Aceptarían los nacionalistas y los separatistas de Podemos que Cataluña se rompiera?

¿Es tan difícil ver esto? ¿Por qué hay conciudadanos que aceptan sin rechistar ideas tan peregrinas y de consecuencias tan nefastas y son incapaces, sin embargo, de exigir la mínima coherencia intelectual a independentistas y separatistas?

El 'derecho a decidir' en los términos planteados por los independentistas catalanes no es un ejercicio democrático. Es el ejercicio de un poder bastardo que no emana de ninguna fuente de derecho ni de la lógica, sino del capricho de quien retuerce las palabras y los hechos para crear una realidad paralela acomodada a sus intereses. La democracia no es un fin en sí misma como intentan hacernos creer, sino un medio para que las personas vivamos cada vez mejor en un entorno mejor. No se trata de preguntar por preguntar, como explicábamos antes con respecto a la política tributaria de una nación. Entonces, ¿a qué nivel comienza y acaba el derecho a decidir? ¿Lo tienen los vecinos del municipio de Murcia frente a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma? ¿Moratalla nos roba? ¡Qué lío! Seguro que Iglesias y Mas tienen la respuesta.