El Plan Hidrológico del Segura actualmente vigente 2009-2015 y su revisión (2015-2021), pendiente de aprobar por el Gobierno, contiene, en mi opinión, cinco errores en materia de aguas subterráneas que lo invalidan para prohibir nuevas concesiones y nuevos pozos de menos de 7.000 m3/año en la cuenca del Segura. Resumidamente, estos cinco errores son los siguientes:

1. El Plan del Segura no calcula el agua subterránea que contienen sus embalses subterráneos; es decir, sus acuíferos o masas de aguas subterráneas. Estos almacenamientos de agua ignorados, fueron estimados a finales de los años 70 por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y por el antiguo Iryda en unos 100.000 hm3 en el conjunto de la cuenca del Segura. Cifra que es cien veces superior al total del agua que pueden acumular sus embalses superficiales.

2. Tampoco calcula el agua subterránea que se trasfiere lateralmente entre acuíferos sin pasar por los ríos, ni la descarga subterránea al mar (SGD). Dicha corriente subterránea, y según recientes publicaciones científicas, es anualmente cinco veces superior en los océanos del mundo.

3. Los datos medios climáticos de Lluvia Media (P) caída en la cuenca y de Evapotraspiración Real Media (ETR) que en ella se produce al año no han sido estimados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del ministerio de Agricultura, sino por el Centro de Experimentación de Obras Públicas (Cedex) del ministerio de Fomento; lo que contraviene la Instrucción de Planificación Hidrológica de España (IPH). Esto se puede comprobar fácilmente viendo su Anexo VII: Fuentes de Información).

Este hecho puede suponer un error de más de la mitad, en cuanto al cálculo del agua total propia de la cuenca del Segura. Es decir, lo que para el Plan son 691 hm3/año de recursos naturales propios, pueden ser de 1.522 hm3/año.

Todo ello por aplicar una especie de 'regla del 10%', que consiste en reducir lo que llueve un 10% de lo que llueve en realidad (400 mm según el propio documento inicial de dicho Plan, 362 en el documento final), y decir que se evapotranspira un 10% más de lo que lo hace en realidad (el 90% de la lluvia caída dice el Plan del Segura que se evapora; y en cambio, el 80% dice el Plan del Júcar que se evapora en su cuenca. Dato éste último, por cierto, similar al de otras cuencas hidrográficas de similares características).

4. No define los acuíferos inferiores. Sólo reconoce la existencia de un único acuífero inferior (Sierra del Segura). Pero, aun siendo el más grande de la cuenca del Segura, y que ocupa el 8% de su extensión total, no calcula ni el agua que tiene ni la que se le infiltra anualmente, ni la que cede lateralmente. Es decir, el mayor acuífero no tiene agua para el Plan del Segura.

En cambio, en el Plan Hidrológico del Duero, por ejemplo, se define 52 acuíferos o masas de aguas subterráneas inferiores distintas de las superiores.

5. La medida del estado cuantitativo de los acuíferos, es decir, la variación del nivel del agua en dichas masas de aguas subterráneas, no se ha hecho en pozos de observación 'representativos', como obliga la normativa citada, sino en pozos de bombeo; es decir, pozos que están extrayendo agua constantemente, bien en continuo o en ciclos diarios, lo que distorsiona la apreciación del estado real del acuífero.

Además, dichos datos son antiguos y están desfasados, pues la última medida se realizó en 2009, cuando aún no estaba construida la Red Oficial de Piezometría de la Cuenca del Segura, formada por más de cincuenta pozos nuevos distribuidos por toda la cuenca del Segura y alejados de los pozos de bombeo (que distorsionan la medida real del nivel del agua) y que costó más de siete millones de euros.

Dicha Red Oficial de medida del nivel del agua en los acuíferos, del ministerio de Agricultura y de la CHS (con la que no ha contado el Plan del Segura ni 2009-2015 vigente, ni el que está pendiente de aprobación 2015-2021) lleva operativa y en perfecto estado de funcionamiento desde 2009 hasta hoy, y nos muestra que el nivel del agua en los acuíferos a lo largo del tiempo, desde su ejecución hasta el momento actual, que los acuíferos que mide no están sobreexplotados; antes al contrario, en las 3/4 partes de la cuenca del Segura están infrautilizados y en equilibrio hidrodinámico como lo han estado siempre.

Algo similar se puede decir del estado cuantitativo, es decir del grado de contaminación del agua subterránea; que no se mide en pozos representativos, que los datos están desfasados y que frecuentemente se toman muestras en pozos próximos a establos de ganado que no tienen los primeros metros cementados, para evitar la entrada de lixiviados del suelo al pozo. En definitiva, se suele confundir pozo contaminado por nitratos con acuífero contaminado.

Todos estos errores hacen creer que la cuenca del Segura tiene menos agua de la que dispone anualmente en realidad. Es decir, en mi opinión, la cuenca del Segura no tiene déficit.

En efecto, con los datos propios del Plan del Segura, que incluye un importante volumen de agua desalada, considerando una lluvia media de apenas 400 mm, como decía el Documento Inicial de dicho Plan y una Evapotraspiración Real similar a la del Júcar, del 80% de esa lluvia; la cuenca del Segura no tendría déficit, sino un superávit de 131 hm3/año incluso sin contar con el agua del trasvase Tajo- Segura.

Las consecuencia de estos errores es que el Plan del Segura no permite otorgar nuevas concesiones de agua subterráneas ni utilizar los pozos de menos de 7.000 m3/año para riego de cultivos leñosos de bajo consumo, ni sustituir el agua cara industrial, abastecida por las redes municipales, por agua subterránea, que es mucho más barata. Todo esto obstaculiza el desarrollo económico sostenible de la cuenca del Segura y dificulta su salida de la crisis.

En resumen, el Plan Hidrológico del Segura hace lo contrario de lo que debe hacer un Plan Hidrológico, a la luz de la Constitución y de la Ley de Aguas, que es promover las condiciones favorables para el progreso social y económico, con una distribución de la renta más equitativa; y, por tanto, satisfacer las demandas de agua para fomentar el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial compatibles con el buen estado ecológico del dominio público hidráulico.