El Pleno de la Asamblea Regional del pasado 4 de septiembre aprobó por consenso de todos los grupos parlamentarios una declaración institucional de apoyo a la acogida de los refugiados sirios. Es interesante, por supuesto, que PP y PSOE hayan firmado esta declaración, pues implica una fisura en sus posiciones sobre la cuestión migratoria, ya que ambos partidos han venido coincidiendo en el desarrollo y aplicación de políticas restrictivas de los derechos de los inmigrantes y apostando por políticas de cierre de fronteras. Dado que defiendo la necesidad de resolver la cuestión migratoria y de los refugiados desde una perspectiva integral que incluya soluciones al sufrimiento a todas las personas en movimiento, me atreveré a pedir al PP y al PSOE que el principio de solidaridad anunciado en esa declaración institucional del Parlamento murciano con el drama de los refugiados sirios debe hacerse extensible al total de los inmigrantes, sin distinciones, pues de facto el sufrimiento es el mismo para unos y otros.
No debe extrañarnos que al día siguiente del mencionado Pleno del Parlamento murciano se produjera un motín de un grupo de internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia y otro en el de Valencia. Con su protesta o amotinamiento parecían gritar(nos):
«¡coherencias, señorías! Si se solidarizan con los refugiados sirios, miren también al sufrimiento que se encierra en los CIE». Recordemos que estos inmigrantes están encerrados en un tipo de establecimiento que cada vez se parece más a una cárcel „sin serlo, pues encierra a personas que no han cometido ningún delito tipificado penalmente, sino sólo una falta administrativa por tratarse de inmigrantes extranjeros que carecen de documentación de estancia en España en regla„. Su encierro se prolonga a menudo durante treinta días antes de ser expulsados.
El movimiento social que se ha generado de apoyo a los refugiados sirios es quizás el hecho más relevante de todo lo ocurrido en medio de esta tragedia, un movimiento ejemplar y desbordante de las siempre tacañas y miopes políticas migratorias y de asilo de los Gobiernos europeos y que en España ha sido encabezado por la enorme entereza y dignidad de las alcaldesas Ada Colau (Barcelona) y Manuela Carmena (Madrid) con su iniciativa de abrir ciudades-refugio. Podemos apoyó la Declaración Institucional de la Asamblea Regional de Murcia en apoyo a los refugiados sirios para sumar a la Región de Murcia a la espiral de solidaridad ciudadana abierta por las alcaldesas Ada Colau y Manuela Carmena, pero? ¡coherencia, señorías!
Y por coherencia, considero que el Gobierno de la Región de Murcia debe:
1. Instar al Gobierno de España al cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia. Como bien dice Javier de Lucas, catedrático de Derecho de la Universidad de Valencia y experto en derechos humanos, estos centros de internamientos son irreformables, pues se han convertido en cárceles y hay que cerrarlos ya. Recientemente se ha publicado un informe elaborado por las universidades de Barcelona, Valladolid, Valencia y Pontificia de Comillas para la ONG Pueblos Unidos y el Servicio Jesuítico a Migrantes del que se desprende la existencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE,s) de una «vulneración de no pocas garantías y derechos fundamentales que contrasta con las previsiones que actualmente recoge la legislación vigente». Entre otras vulneraciones se especifican algunas tales como instalaciones deficientes, sistemas de cierre con llave y rejas como si los CIE fuesen cárceles, falta de servicios adecuados (sanitarios, culturales, etc.).
Concretamente, el mencionado informe señala respecto al CIE de Murcia las siguientes vulneraciones: ausencia de celdas separadas; las celdas no cuentan con inodoro ni ducha; existe asistencia sanitaria permanente de carácter general, pero no asistencia psicológica, psiquiátrica ni bucodental; no existen protocolos de actuación para enfermedades infecciosas; no existen programas de rehabilitación de drogodependientes; dificultad para expresar las quejas de los internos; trato humillante en los registros; limitaciones del uso del patio exterior por razones ajenas al comportamiento de los internos; existencia de videocámaras y práctica de grabaciones en zonas comunes pero no en celdas y aseos; carencia de agrupación de los internos en las celdas atendiendo a criterios de identidad cultural; e inadaptación del servicio de comedor a las prácticas religiosas. Estas deficiencias del CIE-Murcia son lo suficientemente importantes como para que los poderes y representantes públicos se planteen esta problemática que afecta a derechos fundamentales de las personas inmigrantes.
2. Restablecer el derecho al acceso a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. El 1 de septiembre de 2012 el Gobierno central puso en marcha el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (BOE de 24 de abril de 2012 y corrección de errores de 15 de mayo). Este Real Decreto convirtió a los extranjeros en asegurados, retirándoles la tarjeta sanitaria y cobrándoles tras ser atendidos. También la ley establecía una serie de excepciones por las cuales recibirían asistencia sin acabar con una factura: cuando entraran por los servicios de urgencia en una enfermedad grave, en embarazo, parto y postparto, y estaría garantizada la atención a menores. Sin embargo, la exigencia de firma de un compromiso de pago previo, la factura y el miedo a que ésta se ejecutase han tenido un efecto disuasorio y muchos se negaban a ir a Urgencias, tal y como denunciaron las organizaciones sociales. En estos momentos, miles de inmigrantes irregulares están excluidos de la tarjeta sanitaria en la Región de Murcia.
No hay razón alguna que justifique que en la Comunidad de Murcia no se apliquen medidas análogas a las de las otras comunidades como la valenciana o la balear para atender a la población inmigrante irregular y de esta forma se solvente esta importante laguna en los derechos humanos. Es urgente reponer este derecho y dar a los inmigrantes irregulares una tarjeta sanitaria similar a las tarjetas sanitarias individuales convencionales que posibilite acceder a la cartera común básica de servicios y que, por tanto, sus titulares tengan asignado un facultativo de medicina general y acceso al hospital y al tratamiento farmacológico.
