07 de julio de 2015
07.07.2015
Paisaje para después de una batalla (2)

Tiempos oscuros

07.07.2015 | 04:00
Francisco Giménez Gracia

Se da por bueno que España es un país con una corrupción generalizada, pero esto es una mentira impolítica, sucia e interesada: un país donde la corrucpión se generaliza es un país donde la Policía extorsiona a diario, donde los profesores venden los aprobados a cambio de dinero y de sexo, y donde, en general, no hay tramitación administrativa que se inicie sin mediar un soborno

Una de las lecciones más luminosas que nos deja la historia del siglo XX es que las sociedades democráticas liberales superan las crisis económicas, ni más ni menos que porque los ciudadanos son muy obstinados a la hora de comer dos veces al día, incluso tres, y se resisten con uñas y dientes a que los Gobiernos los hundan en la miseria a base de impuestos e ideícas. Cuanto más socialistas sean las políticas, más se tarda en salir de la crisis, porque el socialismo es una mentira humanitaria que se sostiene a base, precisamente, de impuestos e ideícas; pero, al final, también el socialismo se supera.

Peor apaño tienen las crisis políticas; éstas arriban siempre al rebufo de las económicas y se manifiestan en forma de populismo y de adanismo, que es la actitud de quien sale a la escena política revestido de su propia desnudez y pureza, como si acabara de surgir del barro de Yahvé para estrenar el mundo y darle nombre a los animales. Aunque más grave resulta el populismo, pues se incuba siempre al calor febril de un rencor colectivo que sólo encuentra alivio en desmantelar las sociedades libres, prósperas y democráticas. «En cada quien habita un acreedor elocuente que aguarda la hora para denunciar la deuda que el Gran Todo ha contraído con él», así de crudo lo expresa Eduardo Gil Bera en su Historia de las malas ideas (Destino), y el populismo es precisamente la configuración política de ese resentimiento tan humano, tan demasiado humano. Es cierto que el Estado debe ser el (único) encargado de administrar, regular y certificar el cumplimiento de la venganza de cualquier agraviado individual o colectivo, y por eso, si nos roban, nos violentan, nos ofenden€ acudimos a la Policía y a los juzgados con la esperanza de que sean ellos quienes se encarguen de hacer valer nuestro derecho natural a que nos compensen por el daño recibido. Pero también es cierto que una sociedad será tanto más libre, cuanto más se respeten las garantías de los sospechosos de haber cometido el agravio, sin dejar por ello de satisfacer el derecho del agraviado a que le desquiten de lo suyo.

Por eso, cuando el Estado administra la venganza de los ciudadanos debe cuidar mucho de no dar rienda suelta a los sentimientos desatados de la mayoría, porque la ciudadanía es como un repollo ecológico, que se nutre de la mierda con que engordan los gusanos que ocultan en su corazón. Digo ´ciudadanía´, por diluír el veneno, ya que la masa se convierte en chusma linchadora con suma facilidad, y ésta es una de esas verdades que de tan ciertas, nadie quiere que se la recuerden, y menos que se la glosen.

Son tristes los tiempos cuando los partidos políticos pierden el sentido de la eticidad y abandonan los principios fundamentales de un Estado de Derecho con la excusa albigense de combatir la corrupción. Tiempos tristes y oscuros, cuando no podemos distinguir lo verdadero de lo falso. Se da por bueno, por ejemplo, que España es un país con una corrupción generalizada, pero esto es una mentira impolítica, sucia e interesada: un país donde la corrucpión se generaliza es un país donde la Policía extorsiona a diario, donde los profesores venden los aprobados a cambio de dinero y de sexo, y donde, en general, no hay tramitación administrativa que se inicie sin mediar un soborno. Y España está muy lejos de ser y hasta de convertirse en uno de estos países de mala muerte y peor vida.

Se dice, también, que hay que ser ´absolutamente intransigente´ a la hora de combatir la corrupción política, y vemos a los populistas y a los adanes presumir de haber sido los responsables de haber apartado a algunos ciudadanos de la vida pública, por el mero hecho de haberse visto imputados en querellas del tipo que fueren, saltando por encima de la presunción de inocencia e incluso celebrando la violación de derechos que esto supone. ¿Alguien ha reparado en que el acceso al trabajo y la participación en la vida política son derechos fundamentales recogidos por la Constitución Española y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿No es acaso la principal función de la fiscalía y de los jueces, en ésta y en todas las sociedades democráticas, el actuar de garantes de los derechos fundamentales que asisten a los investigados y los acusados? ¿De verdad pensamos que una sociedad es más justa por el hecho de atropellar los derechos fundamentales de quienes se dedican a la política? ¿Nadie se da cuenta de que esto no afecta sólo a los políticos y que ya se está arrastrando por el fango el buen nombre y apellidos, letra por letra, de muchos funcionarios que aparecen en las redes y en la prensa asociados a la corrupción, con menos velos, respeto y cautelas que el que dedicamos al honor de los terroristas o los pedófilos?

De verdad que son tiempos oscuros que juzgará la Historia. Bueno sería, también, que, antes de que la Historia se pronuncie, algunos de los linchadores respondieran públicamente por el daño que están causando a los políticos y a sus familias; a los funcionarios y a sus familias, y a los fundamentos más sensibles de nuestra democracia.

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