02 de julio de 2015
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Sanear un sonrojante mazarrón

02.07.2015 | 04:00
Sanear un sonrojante mazarrón

A la duplicidad estructural del municipio mazarronero (dos núcleos principales, dos oficinas de cada, etcétera) se ha añadido en la última legislatura la peculiaridad de dos alcaldes (UIDM, tres años) y (PSOE, un año). Dos alcaldes que, entre otras monerías que la historia recogerá, han tenido por objetivos comunes y prioritarios el enchufar a los suyos, de forma que han convivido dos arquitectos, dos asesorías jurídicas, dos secretarías personales, dos equipos de personal eventual y altos funcionarios agraciados con cuantiosos complementos de productividad mensual.

Como se sabe, el partido UIDM (Ginés Campillo) ha gobernado tres años y PSOE (Francisco García) el último año, según un pacto que conllevaba la alternancia en la alcaldía y, por supuesto, en la golosa concejalía de Urbanismo; un pacto que ha llevado a este municipio a los titulares de la prensa regional y nacional, y ha acabado con los dos alcaldes imputados por la Justicia.

Dejando aparte los motivos por los que la Fiscalía ha imputado a Campillo y a García, más otros varios concejales de sus listas respectivas, de todos conocidos, importa aquí dar a conocer una picia de no pequeña importancia que ambos regidores han cometido como acto perfecto de amor y compañía: el acuerdo para sacar adelante algo que les quedaba pendiente: la duplicidad de enchufes.

En 2014, y pocos meses antes de que Campillo, líder del UIDM, cesara como alcalde se ordenó iniciar el proceso selectivo para promocionar internamente a doce funcionarios elegidos a dedo e incumpliendo los principios constitucionales más básicos para el acceso al empleo público (igualdad, mérito, capacidad). Dichas plazas correspondían a una oferta de empleo público de 2009, evidentemente caducada, incumpliendo también el derecho a la carrera administrativa de todo funcionario, la discrecionalidad técnica de los tribunales de selección y los principios de imparcialidad, de objetividad y de sujeción de cualquier actuación administrativa a la Ley y al Derecho.

Muy descarados compromisos políticos, sindicales y familiares (de primer grado de consanguinidad) llevaron al ayuntamiento de Mazarrón a celebrar este proceso selectivo en plena crisis económica, en un marco generalizado de recortes sociales y con una Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor que limitaba al máximo el gasto público. Y para llevarlo a cabo se designaron como miembros del tribunal calificador a funcionarios afines a sus partidos políticos o sindicatos; esto ha sido reformado por el Estatuto del Empleado Público, que prohíbe la participación de estos órganos (partidos, sindicatos) en los tribunales de selección, con el fin de evitar que se favorezca a determinados aspirantes afines a esas organizaciones.

El ímpetu gregario y la voluntad de saltarse a la torera todo lo que hiciera falta fueron tales que se llegó a adjudicar plaza a funcionarios que no reunían ni el mínimo requisito de titulación, evitando tramitar el proceso por concurso-oposición para no tener así que entrar a valorar ningún mérito, antigüedad, idiomas, etcétera, porque si se entraba a valorar estos criterios resulta que había personal (no afiliado) que superaba ampliamente en méritos y capacidad a los pre-elegidos.

Por tanto se decidió la valoración de dos exámenes tipo test (filtrados a los amigos) para no fallar en el resultado (previsto) y poder calificar a los privilegiados con notas (increíbles) de 10 sin dejar la menor oportunidad al triste aspirante que se hubiera preparado los cuarenta temas de Derecho Administrativo, Constitucional y Local .

El resultado final de este proceso selectivo ilegal, injusto y amañado fue el esperado: enchufar a los suyos antes de marcharse y así resultaron ascendidos familiares, secretarias personales y representantes sindicales, dando de paso un puntapié a cualquier principio constitucional o jurídico, que obliga a la Administración a «servir con objetividad los intereses generales» y someterse a los mecanismos de selección públicos, ideados para seleccionar al «candidato mejor entre los mejores», para poder servir al ciudadano con cualificación y competencia.

Hasta aquí el celo de Campillo por los suyos. A continuación tomó posesión su sucesor pactado, Francisco García (PSOE), para el resto de legislatura y, ya bien entrados en la campaña electoral, convoca otro proceso selectivo para ascender a otros siete amigos/as en el mismísimo periodo electoral, toma ya. Para que la nueva gesta supere incluso a la anterior, en esta ocasión las plazas postuladas ni siquiera estaban recogidas en una oferta de empleo público: aparecieron por arte de magia, lo que conllevaría la nulidad de la convocatoria. El mecanismo era el mismo: no se valoraba ningún tipo de mérito, antigüedad, titulación€ designándose idéntico tribunal calificador al de la anterior convocatoria, con abundantes cargos políticos y sindicales, con la genial idea de regalar el ascenso a amigotes afiliados.

Pero en esta ocasión el asunto se ha complicado porque hay presentados tres recursos en vía administrativa. Así las cosas, ya renunciaron algunos funcionarios a figurar en el tribunal calificador, alegando cercanía con varios aspirantes al proceso. El primer examen de este incalificable ´proceso selectivo´ estaba fijado para el día 8 de mayo de 2015, pero ese mismo día, por motivos desconocidos, el alcalde decretó suspender la convocatoria, quizá para no ser castigado electoralmente (lo que no le exime de sus responsabilidades judiciales). Se espera que con la nueva corporación, por sí misma o por intervención de la Justica, se recupere la legalidad humillada.

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