La división de poderes es uno de los pilares de la democracia que tiene como misión evitar el ejercicio arbitrario del poder y, en último extremo, la corrupción, a través del contrapeso y equilibrio entre el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial.

En Murcia, el ejecutivo descansa sobre un Gobierno que es elegido sobre la base mayoritaria de los diputados del legislativo. Esto da lugar a que, en muchas ocasiones, la labor legislativa sea siempre del partido mayoritario que suele imponer sus ideas, confundiendo, con demasiada frecuencia, los roles de ejecutivo y legislativo. La oposición queda así como un testigo mudo que no puede hacer valer sus enmiendas, con lo que su capacidad de intervención se resume, muchas veces, en la pataleta o en la corrección de erratas o de algún que otro dislate legislativo y, en ocasiones, ni siquiera eso.

Las últimas elecciones pueden cambiar esta situación. Con frecuencia, la discusión se centra en quién controlará el ejecutivo, cuando en realidad la pregunta clave debe ser: ¿quién controlara el legislativo? La razón es simple; el ejecutivo, por definición, debe preocuparse por poner en marcha las leyes que apruebe el legislativo, al tiempo que éste controla la actuación de aquél a través de las diferentes comisiones. Un ejercicio de democracia nunca visto en este país.

En la situación actual en Murcia, el partido mayoritario, gracias a una legislación electoral creada con escuadra y cartabón, tiene 22 diputados, frente a los 23 de la oposición, formada por tres partidos. La unión de estos 23 diputados electos de cara al control de la Mesa de la Asamblea, supondría equilibrar las diferentes sensibilidades con las que los murcianos votaron el 24 de mayo, pues es esta Mesa quien acepta las iniciativas legislativas, bajo informe del Consejo de Gobierno en los casos que dependen de hacienda.

La Mesa está formada por un presidente, elegido en primera vuelta por mayoría absoluta o por mayoría simple en segunda vuelta; dos vicepresidentes, elegidos al unísono entre los dos más votados, y dos secretarios, elegidos también al unísono entre los dos más votados. Si la oposición no logra ponerse de acuerdo en la elección del presidente, el vencedor será, evidentemente, el PP, con lo que ganaría la presidencia, una vicepresidencia y una secretaría, lo que dejaría fuera cualquier iniciativa legislativa por parte de la oposición y así diríamos adiós al control del ejecutivo por parte del legislativo.

Pero para que la oposición se ponga de acuerdo obviamente tendrán que repartirse los ´sillones´, por lo que el presidente debería ser una persona de cintura con reconocida calidad y con capacidad de negociación. El juego podría variar entre los partidos en liza, pero parece claro que a día de hoy tenemos dos discusiones diferentes sobre el tapete: la primera ¿quién controlará la Mesa? y la segunda ¿quién será el próximo presidente de la Comunidad Autónoma?

Sería una lástima para todos, y especialmente para los movimientos sociales, que ambas discusiones fueran en paralelo o se convirtieran en una única cuestión. Para nosotros, incluso, es más importante quién controla el legislativo que quién gobierna en esta Región. Porque a lo largo de estos años hemos visto como el ejecutivo rehuía la discusión de temas espinosos a través de su control de la Mesa, o como se paralizaban mociones que hubieran puesto en duda ese perenne servilismo del ejecutivo ante los dictados de Madrid y Fomento, con respecto a tantas cosas y especialmente al incumplimiento del Convenio de 2006 sobre al soterramiento de las vías del tren.

Por ello queremos dejar patente y rogamos a toda la clase política que en la Mesa estén representados todos los partidos. Sólo así se podrán presentar a discusión iniciativas que nos atañen a todos. Una verdadera regeneración democrática donde la Asamblea actuaría como un verdadero motor legislativo en diálogo con el ejecutivo del que saldría fortalecida toda la ciudadanía.

Si la negociación de la Mesa fracasa, la oposición tendrá que jugar a la contra. Entonces, incapaz de presentar propuestas en la Asamblea, no le quedará otro papel que denegar la propuestas del ejecutivo, el cual venderá como una supuesta inestabilidad, como ya lo ha venido haciendo, para llevarnos a elecciones anticipadas; cuando en realidad, lo que estaremos experimentado será, por primera vez, el verdadero juego democrático: la división de poderes. Algo muy necesario y posible, por otra parte, gracias a la no aprobación de esa reforma del Estatuto de Autonomía al que algunos grupos se vendieron con la promesa de una reforma de la ley electoral. Menos mal, todavía hay tiempo de hacer política.